La magistrada del Juzgado de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas de Morrazo (Pontevedra) ha citado a declarar como investigado al actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), en el marco de la causa abierta por el pago del rescate tras el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento hace más de tres años.
La actuación judicial se produce después de que la Fiscalía Provincial de Pontevedra presentase en octubre de 2024 una denuncia ante el juzgado por el presunto abono de casi 200.000 euros por parte del consistorio a raíz de dicho ataque informático, al apreciar indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación, daños informáticos y coacciones.
Según han indicado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza centra ahora sus pesquisas en el actual responsable de Urbanismo, aunque en la fecha en que se produjeron los hechos todavía no ostentaba esa cartera municipal.
Las mismas fuentes precisan que el procedimiento se tramita por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En el mismo sumario figura igualmente como investigado el propietario de la empresa de servicios informáticos implicada.
La pesquisa de la Fiscalía arrancó tras la denuncia presentada por el PP por estos hechos. El ciberataque tuvo lugar en mayo de 2023 y, pocas semanas después, el nuevo equipo de gobierno local, encabezado por Araceli Gestivo (BNG), adjudicó por algo más de 5.000 euros una asistencia técnica a una empresa para analizar los sistemas afectados, sin que ese encargo lograse solucionar la incidencia.
Un mes más tarde, el Ayuntamiento volvió a contratar con la misma firma un nuevo servicio de "servicios de auditoría de descifrado y recuperación de ransonware", que permitió el desencriptado de la mayor parte de los archivos. No obstante, la propia empresa habría admitido en un informe que mantuvo negociaciones con los autores del ataque y que habría efectuado el pago del rescate en bitcoins.