El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha aceptado a trámite la querella registrada por Vox por un supuesto fraccionamiento de contratos en las obras realizadas en el parque Sendaviva. Al mismo tiempo, ha acordado remitir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) la parte relativa a las obras ejecutadas en la vivienda del parlamentario del PSN Ramón Alzórriz, al tratarse de un cargo aforado. En ambos casos, las intervenciones fueron llevadas a cabo por la misma empresa constructora.
En el auto firmado por la magistrada se abren diligencias previas y se ordena dar traslado de la querella a los investigados no aforados -el propietario de la constructora y el exgerente del parque Sendaviva-. Asimismo, se requiere a la Intervención General del Gobierno de Navarra los informes sobre los contratos de reconstrucción de Sendaviva tras el incendio de 2022 y se remite toda la documentación a la Cámara de Comptos para que emita un dictamen sobre la legalidad del posible fraccionamiento de contratos, según ha señalado Vox en una nota de prensa.
La causa que afecta a Ramón Alzórriz, en su condición de aforado, será estudiada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Alzórriz dimitió como vicesecretario general del PSN y como portavoz parlamentario después de reconocer que su pareja había trabajado en Servinabar, firma a la que la UCO de la Guardia Civil vincula con una presunta trama de corrupción en la que estaría implicado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La querella de Vox no ha sido admitida respecto al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, al no haberse incorporado inicialmente el poder especial necesario para su presentación. Vox ha sostenido que se trata de un fallo electrónico que será corregido en los próximos días.
Desde Vox han reclamado que Ramón Alzórriz renuncie a su escaño como parlamentario foral. El presidente provincial de Vox en Navarra, José María García Elorz, ha valorado la decisión judicial. “Se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias y se deduce una pieza al TSJ de Navarra para investigar al aforado señor Alzórriz, que es la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época gloriosa en la que se cocía toda la corrupción en Navarra. Lo hemos dicho desde el principio, Vox va a perseguir los indicios de corrupción ahí donde se presenten y no vamos a parar hasta aclarar toda esta basura, que no es más que un ladrillo más en el inmenso edificio de la corrupción socialista, del PSOE, el partido más corrupto de la historia de España”, ha añadido.
UPN, por su parte, ha comunicado que se personará como acusación popular en la querella impulsada por Vox. “El cerco se estrecha contra María Chivite -presidenta del Gobierno foral-, también en un asunto que huele mal y que puede afectar tanto a su exnúmero 2 y, no olvidemos, todavía parlamentario, como a su actual consejero de Economía y Hacienda”, ha manifestado la formación regionalista.
Los foralistas han calificado de “muy grave” que el juzgado indague en la posible conexión entre la adjudicación de las obras en Sendaviva, “que están siendo investigadas también por la Oficina Anticorrupción”, y “las del piso de Alzórriz, una persona muy ligada a María Chivite, tanto o más que Santos Cerdán”. “Hablamos de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias”, han apuntado.
En esta línea, han defendido que “se llegue hasta el final, se investigue todo lo que se tenga que investigar y se despeje toda duda y sospecha de corrupción”.
La formación foralista ha recordado que ya puso en conocimiento de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) el supuesto troceamiento de un único contrato de obras en Sendaviva en varios expedientes y que, “a raíz de dicha denuncia, la Oficina Anticorrupción ha decidido investigar lo sucedido porque aprecia posibles irregularidades en la licitación de dichas obras”. “Obras que se llevan a cabo con cargo a una subvención del Gobierno de Navarra y adjudicadas a una misma empresa, la misma que lleva a cabo la reforma del piso de Ramón Alzórriz conforme a un presupuesto cuando menos cuestionable”, han añadido.
Finalmente, UPN ha lamentado que “las sospechas de posible corrupción estén marcando la trayectoria y la actividad del Gobierno de María Chivite”.