El actual administrador de El Salvador-Funeraria Castellana, Ignacio M.V, uno de los veintitrés procesados en el conocido como 'caso ataúdes', ha defendido su inocencia ante el tribunal, ha rechazado que en la empresa se practicara de forma organizada el supuesto 'cambiazo' de féretros y ha señalado como origen del procedimiento judicial la “inquina, el cabreo y la mala hostia” del extrabajador Justo M.G, autor del dosier que sustenta la acusación.
En una de las sesiones más relevantes desde el inicio del juicio en marzo en la Audiencia de Valladolid, Ignacio M.V, hijo del ya fallecido 'magnate funerario' Ignacio M.A, ha tomado la palabra para respaldar la gestión de la compañía. Ha llegado a afirmar que la actual Ley de Policía Mortuoria de Castilla y León se inspira en la experiencia de El Salvador-Funeraria Castellana. “Seguimos siendo la número uno en Valladolid por el trabajo bien hecho y por hacer sencillo lo más difícil”, ha proclamado.
El acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su defensa y cuyas manifestaciones han sido recogidas por Europa Press, ha calificado de “simulacro” la documentación acumulada durante unos veinte años por Justo M.G. Sostiene que las tensiones surgieron cuando este empleado vio frustradas sus peticiones de mejora salarial para incrementar su base de cotización antes de la jubilación y de contratación de un hijo y una hija, momento en el que habría empezado a utilizar esas fotos y anotaciones para presionar a la empresa.
“Yo creo que es en el periodo de 2013 y 2014 cuando más se produce la actividad de justo, coincidiendo con sus demandas. Cuando comienzan sus amenazas me entrevisté con él y me dijo que no tenía nada contra la familia, sólo contra mi padre porque se había hecho rico con una funeraria salida de la nada y Justo seguía cobrando lo mismo que cuando entró”, ha relatado Ignacio M.V, conocido como 'Ina', quien ha añadido que el descontento derivó en “inquina, cabreo y mala hostia” al conocer que se había contratado al hijo de otro trabajador.
Según su versión, esas presiones le llevaron a acudir a la policía para denunciar a Justo, “con absoluta tranquilidad porque nadie le había ordenado que hiciera esos cambios de ataúdes, el simulacro lo hizo únicamente él”, sin participación de la dirección ni del resto de la plantilla. Sí ha admitido, en cambio, la irregularidad del sobreprecio en las facturas de compra de féretros al proveedor Victorio Senovilla, también acusado en la causa.
“Senovilla facturaba por módulos y mi padre infló el precio de las cajas para pagar menos a Hacienda. No pillaron y la multa fue muy gorda. A partir de ahí se empezó a facturar correctamente”, ha explicado Ignacio, que ha aprovechado buena parte de su intervención para destacar la figura de su progenitor, “un tío muy listo que era quien hacía y deshacía” y al que atribuye el mérito de haber implantado en 1995 un nuevo modelo funerario en Castilla y León.
En la vista de hoy estaba previsto escuchar a más encausados, pero finalmente solo han comparecido la madre de Ignacio, María del Rosario V.L, y un cuñado de esta, Andrés M.A, quienes se han acogido a su derecho a no declarar. El resto del tiempo se ha dedicado a reproducir en sala las declaraciones que prestaron en 2019, como investigados, tanto el propio Justo M.G. como el empresario Ignacio M.A, ambos ya fallecidos.
La declaración póstuma de Justo M.G.
La voz de Justo M.G. ha regresado a la sala mediante la grabación de su testimonio en el juzgado, en el marco de la 'Operación Ignis'. En esa comparecencia, el extrabajador expuso que el supuesto 'cambiazo de ataúdes' atribuido a propietarios y empleados de la funeraria entre 1995 y 2015 era un secreto a voces en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), localidad donde el cementerio del grupo concentraba la mayoría de las incineraciones.
En su relato, Justo detalla sus funciones en la empresa desde su incorporación en 1995 hasta su jubilación el 18 de febrero de 2015, primero en recepción y posteriormente en el servicio de incineración del camposanto de Santovenia. Describe una operativa que, según afirma, se había convertido en rutina y que se hacía siempre bajo las órdenes del dueño, consistente en “robar” los ataúdes que las familias contrataban para los difuntos y sustituirlos por otros de “aglomerado”, tapas u otros elementos, con el objetivo de revender los originales en nuevos servicios funerarios.
El extrabajador asegura que en este sistema intervenían otros empleados —llega a mencionar a media docena de compañeros y a conductores de los vehículos fúnebres— y que “lo sabían casi hasta en Santovenia, en todos los sitios”. Para ello, según su versión, se organizaba una especie de 'paripé' que consistía en poner en marcha los ventiladores del horno para simular el inicio de la cremación, cuando en realidad esta no se efectuaba hasta que se producía el 'cambiazo' del féretro, ya sin la presencia de los familiares.
También indica que no solo participaban personas de máxima confianza de Ignacio M.A, sino otros trabajadores que, por miedo a perder el empleo, accedían a seguir las instrucciones. “Estábamos acojonados por el miedo a ser despedidos”, declaró Justo, que justificó su continuidad en estas prácticas por un despido previo en otra empresa y por los problemas de espalda que dificultaban encontrar otro trabajo.
Asegura que no intervino en todos los “reciclajes”, pero que en algunos casos pudo documentar lo sucedido con fotografías y notas una vez que sus compañeros abandonaban el lugar. “Ni yo ni el resto de trabajadores hemos recibido una compensación económica por esta práctica”, dejó dicho en sede judicial, añadiendo que una de las pruebas de que estas maniobras se producían es que, tras la apertura en 2013 del nuevo tanatorio con horno propio, el antiguo crematorio del cementerio de Santovenia continuó funcionando a pleno rendimiento.
“En el parte de defunción se hacía constar que la cremación se había producido en el tanatorio, pero no era así, se había efectuado en Santovenia”, denunciaba Justo, quien puntualiza que en ocasiones la caja llegaba ya cambiada desde el tanatorio y en otras el “robo” se ejecutaba directamente en el cementerio. También hace constar que en alguna ocasión el 'cambiazo' no se llevó a cabo debido al enfado de la plantilla por los atrasos y complementos salariales que la empresa les debía.
La versión del fundador de la funeraria
El tribunal ha escuchado igualmente el testimonio grabado de Ignacio M.A, fundador de la compañía, que declaró en su día como detenido. En su intervención negó las acusaciones y atribuyó el procedimiento penal a la animadversión que Justo sentía hacia él, después de que este le enviara cartas amenazantes en las que se quejaba de su salario. “Antes de esas cartas ya me había amenazado con acudir a la Fiscalía porque quería una compensación económica ya que estaba a punto de jubilarse y también me había pedido trabajo para sus hijos”, recordaba el empresario.
Frente a lo sostenido por Justo, Ignacio M.A insistió en que nunca dio órdenes para ejecutar el 'cambiazo' de ataúdes ni presenció tales hechos. “Nunca”. Además, apuntó que carecía de lógica económica: “Si un ataúd cuesta 100 euros porque voy a cambiarlo por otro lleno de sangre, babas y mierda. Si alguien le ayudó que lo demuestre, yo desde luego no lo hice ni el resto de trabajadores”.
Durante su interrogatorio también ofreció explicaciones sobre el casi millón de euros que la policía halló en 2019 en el cuarto de la plancha de su vivienda. Aseguró que ese dinero pertenecía a él y a su familia y procedía del sueldo de 400.000 pesetas que percibían y de ahorros acumulados en sus anteriores negocios de pescadería, carnicería y almacén de bebidas. “No tenía miedo a posibles robos, tengo más miedo a los bancos”, afirmó entonces.