El Tribunal Supremo ha celebrado este miércoles la decimocuarta sesión del juicio por el 'caso mascarillas' que investiga una supuesta trama de comisiones ilegales organizada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama durante la pandemia de covid-19.
La jornada de hoy, que se ha extendido durante casi 12 horas, ha sido la última del proceso y ha contado con la exposición de los informes finales tanto de las acusaciones como de las defensas.
El tribunal, compuesto por siete magistrados, tenía previsto concluir el juicio el martes. Sin embargo, decidió conceder un día adicional a las defensas de Ábalos y Koldo García para que pudieran analizar los ajustes introducidos por la Fiscalía en sus conclusiones definitivas, lo que ha retrasado el cierre del procedimiento hasta esta última sesión tras la que, finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia.
El PSOE protesta por la rebaja de pena a Aldama acordada por el PP
La acusación popular ejercida por el PSOE ha intervenido al comienzo de la sesión esta mañana para manifestar que, a su entender, sus derechos se han visto vulnerados tras la decisión del PP de rebajar la petición de pena para Víctor de Aldama sin su consentimiento, pese a que ambas formaciones actúan bajo una acusación unificada.
Así, la letrada Gloria de Pascual ha solicitado que no se admitieran las conclusiones definitivas hasta alcanzar un acuerdo común, una petición que ha sido rechazada por el tribunal, cuyo presidente, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha recordado que la unificación de las acusaciones ya fue resuelta durante la fase de instrucción, impidiendo además que el PSOE presentara un escrito propio.
La Fiscalía desvincula a Pedro Sánchez de la trama
A continuación ha sido el turno del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien ha descartado cualquier implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presunta trama de corrupción que se investiga.
Durante la presentación de su informe final ante el Supremo, el fiscal ha sido tajante al rechazar la versión sostenida por Víctor de Aldama, quien ha apuntado al jefe del Ejecutivo para tratar de vincularlo con la estructura investigada.
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“No era el número uno el presidente del Gobierno”, ha afirmado Luzón, desmontando así uno de los argumentos esgrimidos por la defensa del empresario.
El representante del Ministerio Público ha explicado que la existencia de una organización criminal no exige necesariamente una estructura jerárquica rígida. En este sentido, ha recordado que la jurisprudencia del Supremo establece que no resulta imprescindible fijar un esquema cerrado de liderazgo para apreciar este delito.
Por ello, ha rechazado el intento de situar a Pedro Sánchez en la cúspide de la supuesta red.
El PP sitúa a Aldama como eje de la trama
Tras las conclusiones del fiscal ha sido el turno de la acusación popular encabezada por el PP, que ha endurecido su discurso situando a Víctor de Aldama como una figura clave en la presunta trama y cargando contra la actuación de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García durante la pandemia.
El letrado Alberto Durán, en representación de las acusaciones populares, ha defendido que la entrada de Víctor de Aldama en el entorno del Ministerio de Transportes se produjo a finales de 2018 con un objetivo claro.
Según ha expuesto, el empresario se introdujo en la estructura ministerial con la intención de influir en decisiones públicas, llegando a afirmar que su propósito era “corromper a quien estaba presto a ser corrompido”.
Durante su intervención, el abogado ha sostenido que José Luis Ábalos dirigía una organización que se habría aprovechado del poder político para obtener beneficios económicos en un contexto especialmente grave como el de la crisis sanitaria.
En ese sentido, ha denunciado que los acusados se habrían enriquecido “mientras la gente se moría”, subrayando la gravedad de los hechos en un momento de emergencia nacional.
Aldama admite delitos pero niega ser el jefe de la red
Tras la presentación de los informes finales por parte de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, la defensa del empresario Víctor de Aldama ha tomado la palabra para exponer sus conclusiones. Así, ha reconocido que el empresario ha admitido su participación en delitos como organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada, aunque ha rechazado que fuera el líder de la trama.
Su abogado ha defendido que Aldama se incorporó a una estructura ya existente y “plenamente asentada” dentro del aparato estatal, y que actuó como intermediario en un sistema previo.
El letrado ha puesto el acento en la decisión de su cliente de colaborar con la justicia, destacando que su confesión ha permitido revelar hechos y abrir nuevas líneas de investigación.
Según su relato, Aldama habría asumido un papel clave en la obtención de fondos que, presuntamente, se distribuían entre distintos actores vinculados a la trama. Además, ha reclamado que esa colaboración sea tenida en cuenta como atenuante cualificada, lo que podría reducir significativamente su pena.
Koldo García pide la absolución y niega cualquier cobro de comisiones
A continuación ha tomado la palabra la defensa de Koldo García, que ha reclamado su absolución al considerar que “no hay ninguna prueba” de su implicación en decisiones de contratación ni en el cobro de supuestas comisiones.
Su abogada ha descrito al exasesor como una figura de apoyo, cuya función se limitaba a la gestión de la agenda y tareas personales del ministro, sin capacidad de decisión en los contratos investigados. También ha rechazado que existan evidencias de pagos periódicos, subrayando la ausencia de seguimientos, registros o pruebas objetivas que respalden esa acusación.
La letrada ha ido más allá al señalar que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), la estructura organizada se encontraría en torno a Víctor de Aldama. En este sentido, ha sostenido que el empresario sí presentaría rasgos de organización criminal junto a otros socios, algunos de los cuales han optado por no declarar durante el juicio.
Koldo García ha hecho uso de su derecho a la última palabra ante el Supremo para pedir disculpas y expresar el impacto personal que le ha supuesto el proceso judicial. Durante su intervención, ha afirmado encontrarse “totalmente destrozado” en los ámbitos personal, social, mediático y laboral.
Asimismo, ha afirmado ante el Supremo que recibió supuestas propuestas para que la causa “quedara en nada” si accedía a implicar a otras personas, asegurando que esas ofertas se realizaron en reuniones con distintos interlocutores y que podría acreditarlas. En su intervención, ha señalado directamente al abogado de la acusación popular del PP, Alberto Durán, al que atribuye haberle instado a colaborar mediante una versión que, según su relato, implicaría “mentir y engañar”.
Ábalos niega irregularidades y acusa a Aldama de mentir
Por su parte, la defensa del exministro José Luis Ábalos ha sostenido que los contratos de mascarillas se ajustaron plenamente a la legalidad vigente y ha acusado a Aldama de haber ofrecido una versión falsa ante el juez sobre el incremento del pedido.
El abogado ha cuestionado especialmente la explicación del empresario sobre el paso de cuatro a ocho millones de mascarillas, asegurando que los datos documentales contradicen su relato y que se trata de una justificación “construida posteriormente”.
Según esta línea de defensa, el aumento del suministro fue una decisión legítima en el contexto de emergencia sanitaria, amparada por la normativa excepcional vigente en ese momento.
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El letrado ha insistido en que el papel del ministro se limitaba a la firma de órdenes ministeriales basadas en informes técnicos, mientras que la contratación efectiva recaía en organismos como Puertos del Estado o ADIF. De este modo, ha defendido que existía una descentralización en el proceso de compra, lo que excluye, a su juicio, cualquier responsabilidad directa del exministro en la elección de proveedores o condiciones contractuales.
El exministro José Luis Ábalos ha utilizado su última palabra para denunciar que el procedimiento judicial contra él habría estado “predeterminado” desde su inicio, con una supuesta “presunción de culpabilidad” que, según ha sostenido, se habría reforzado a lo largo de la instrucción.