El Congreso ha tumbado la convalidación del decreto-ley que incluía la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencían entre 2026 y 2027. Pero el Gobierno no se da por vencido. La iniciativa ha sido rechazada con los votos de PP, Vox y Junts, lo que supone un nuevo revés en su agenda en materia de vivienda.
Sin embargo, rápidamente tras la votación en el Pleno el Ejecutivo ha salido a la palestra para cerrar filas en torno a su estrategia y ha insistido en que la política de vivienda seguirá siendo una de sus prioridades centrales, pese al bloqueo parlamentario que este martes ha vuelto a manifestarse en la Cámara Baja.
Vivienda mantiene su hoja de ruta
Fuentes del Ministerio de Vivienda han trasladado a Demócrata minutos después de la votación que el rechazo del Congreso no alterará los planes del Gobierno. Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez aseguran a este medio que el Ejecutivo "intensificará los contactos" con los grupos para impulsar medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos, contener los precios del alquiler y ampliar el parque público de vivienda.
En ese sentido, el Ministerio subraya que seguirá trabajando en la regulación de los alquileres de temporada, una fórmula que considera en parte utilizada de forma fraudulenta para eludir la normativa ordinaria de arrendamientos.
"Los contratos de temporada tienen una finalidad muy concreta, y no pueden ser la coartada para imponer subidas abusivas del alquiler", recalcan.
También mantiene su intención de avanzar en iniciativas para reducir la presión sobre los precios, limitar prácticas especulativas en el mercado inmobiliario e incentivar la incorporación de viviendas vacías al alquiler.
El Ejecutivo insiste además en que el aumento del parque público de vivienda seguirá siendo un eje "estructural" de su acción política, apoyándose en instrumentos como el Plan Estatal de Vivienda, el programa CASA 47 o el PERTE de Industrialización de la Vivienda, con el objetivo de acelerar la oferta de vivienda asequible y reducir la dependencia del mercado privado.
Acusaciones cruzadas
Tras la votación, el Gobierno ha cargado con dureza contra la oposición. Los socialistas acusan a PP y Vox de haber bloqueado una medida pensada para dar estabilidad a millones de inquilinos en un contexto de encarecimiento sostenido del alquiler.
Fuentes socialistas explican a Demócrata que el rechazo parlamentario evidencia una visión de la vivienda centrada en su dimensión económica y no como un derecho social, y acusan a la oposición de situarse del lado de los grandes propietarios y fondos de inversión.
"No aplican la Ley de Vivienda donde gobiernan, pero tratan la vivienda pública como si fuera su propio cortijo", critican.
Por ello, desde el PSOE aseguran que mantienen como objetivo prioritario consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar, mediante la ampliación del parque público y el refuerzo estructural de la vivienda protegida con carácter permanente.
Bustinduy avanza que volverán a presentar la iniciativa "las veces que haga falta"
En paralelo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha cargado contra PP y Vox asegurando que las derechas “han abandonado a su suerte a tres millones de compatriotas” al impedir la convalidación del decreto-ley.
Bustinduy ha defendido que la medida buscaba evitar que miles de familias afrontaran subidas “abusivas” en el precio del alquiler o el riesgo de perder su vivienda. Según ha afirmado, la votación evidencia una “desconexión radical” entre parte de la clase política y las necesidades de la ciudadanía trabajadora.
En sus declaraciones, Bustinduy ha asegurado que el Ejecutivo no renunciará a la medida y que volverá a impulsar iniciativas similares “las veces que haga falta” hasta lograr respaldo parlamentario.