Este martes, el vicesecretario del PP, Juan Bravo Baena, ha vinculado la caída de la oferta en alquiler -120.000 viviendas menos- a las medidas “intervencionistas” del Ejecutivo, justo el mismo día en el que la ministra de Vivienda presenta su ley y la lleva hasta al Consejo de Ministros. Una Ley -como ya informó Demócrata- dotada de 7.000 millones de euros, una cifra que triplica la del programa anterior, y cuyo objetivo es reforzar el carácter permanente de la vivienda pública, y en cuya partida se integran las CCAA, con una aportación del 40% del volumen total de este presupuesto.
Este martes, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha cargado contra la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de basar su actuación en anuncios que, a su juicio, no se traducen en resultados reales.
“Anuncian que van a construir 25.000 viviendas, 30.000 y hasta 200.000, pero no han construido ninguna”, afirma Bravo, quien sostiene que el nuevo Plan de Vivienda del Ejecutivo no ha generado expectativas entre los ciudadanos debido a la percepción de falta de ejecución.
Críticas a la falta de resultados
“El problema es que el Gobierno hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a 0”, sentencia el dirigente popular. En esta línea, contrapone el enfoque del Ejecutivo con el de su partido: “El Gobierno anuncia vivienda, y nosotros queremos hacer vivienda, no anunciarla”.
Bravo subraya además una diferencia en la tramitación normativa: “El Gobierno no lleva una Ley del Suelo al Parlamento y nosotros sí, aunque la han tenido paralizada un año”.
Impacto en el mercado del alquiler
El vicesecretario del PP denuncia que el “intervencionismo” del Gobierno está teniendo efectos negativos en el mercado del alquiler. “No hay más pisos y se han retirado del mercado del alquiler hasta 120.000. Parecería lógico que alguien cambiara de opinión”, señala.
Según defiende, esta reducción de la oferta -respaldada por un informe del Observatorio del Alquiler al que ha tenido acceso Demócrata, en el que se mantiene que, tras dos años de la Ley de Vivienda la oferta del alquiler se ha reducido en 120.000 casas- evidencia que las políticas actuales no están incentivando el mercado, sino provocando su contracción.
Informe del observatorio del alquiler
Tres claves
1. Máximo de oferta tras la pandemia (2021–2022)
Según el Observatorio del Alquiler, durante la pandemia de coronavirus, el mercado del alquiler se vio afectado por las restricciones de movilidad. Tras su levantamiento, en 2021 se registró un máximo de oferta en el mercado del alquiler, con más de un millón de viviendas disponibles. En 2022, ya en fase de normalización, la cifra descendió hasta los 855.518 inmuebles, en un contexto de ajuste tras el repunte posterior a la pandemia.
2. Cambio normativo y descenso progresivo de la oferta
A partir de 2022 -señala este informe-, coincidiendo con el periodo previo a la aprobación de la Ley de Vivienda —cuyo debate se vio retrasado por discrepancias parlamentarias hasta el año siguiente—, la oferta de vivienda en alquiler comenzó a reducirse de forma continuada. El texto normativo entra en vigor en un contexto de incremento de la demanda y de aumento del número de personas que buscan vivienda en régimen de alquiler, especialmente en grandes ciudades.

3. Evolución a la baja hasta 2025
El Observatorio del Alquiler detecta que, la oferta continúa disminuyendo en los ejercicios posteriores. En 2024, el número de viviendas en alquiler en España se situó en 734.662, lo que supone una reducción de más de 120.000 unidades respecto a 2022.
Déficit de vivienda y presión de la demanda
Bravo advierte también del desequilibrio estructural entre oferta y demanda. En este sentido, alerta de que la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno podría incrementar la presión sobre el mercado. “El Banco de España dice que ahora se necesitan 750.000 viviendas y se cifra que de aquí al año 2039 harían falta 3 millones”, apunta.
A su juicio, el problema radica en la falta de construcción y en las trabas administrativas. “La solución no es inventarse fórmulas para seguir interviniendo el mercado, sino construir, facilitar el acceso y quitar trabas administrativas y burocráticas”, reivindica.
El dirigente popular también acusa al Ejecutivo de incoherencia en sus planteamientos. “Ellos defendían en su programa electoral que los okupas se desalojarían en 24 horas. Está en la página 244 del programa electoral y ahora están totalmente en contra. Son ellos los que no encuentran bien dónde ubicarse”, afirma.
Propuestas del PP frente a la crisis
Frente a esta situación, Bravo destaca que el Partido Popular continúa trabajando en medidas tanto desde la dirección nacional como desde las comunidades autónomas. “La gente ve la diferencia entre los hechos del PP y los anuncios del Gobierno”, asegura.
Entre las iniciativas, enumera “reducir las trabas, facilitar la construcción, facilitar el acceso, y bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales para la primera adquisición, cosa que el Gobierno se niega a hacer con el IVA”.
Críticas al CIS y valoración política
En otro ámbito, y a propósito de la última encuesta del CIS, según la cual el PSOE se dispara con trece puntos de diferencia por encima del PP, Bravo lamenta la pérdida de credibilidad del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), atribuyéndola a un “uso partidista” por parte del Gobierno: “Por desgracia, los españoles cada vez confían menos en esa institución”.
Asimismo, Bravo Baena ha celebrado el pacto de gobierno en Extremadura que permitirá a María Guardiola revalidar la presidencia tras obtener el 43% de los votos. Según destaca, el acuerdo incluye medidas como bajadas de impuestos, reducción de trabas, impulso a la vivienda, apoyo a agricultores y ganaderos y ayudas de 0 a 3 años para la natalidad, “es decir, lo que la sociedad está pidiendo”.