CCOO, por las cargas del 11N: "Pedimos que rueden cabezas en el mando policial"

CCOO prepara acciones legales por la actuación de la Policía Nacional durante la huelga general del 11 de noviembre. Unai Sordo, secretario general del sindicato, y Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, han comparecido a las 11.00 horas en la sede de la organización en Madrid y han exigido responsabilidades en el mando policial o, en su defecto en el ministerio de Interior

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo | Europa Press

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El sindicato CCOO ha recopilado vídeos y testimonios de cargas policiales de manifestantes desde la jornada de la huelga general sin que haya encontrado otro tipo de imágenes que justificaran esas acciones, según su secretario general, Unai Sordo, quien había adelantado que el sindicato acudiría a los tribunales esta semana. Sordo ha reclamado que se esclarezca quién dio las órdenes durante las intervenciones policiales y ha pedido responsabilidades y dimisiones: "Pedimos que rueden cabezas en el mando policial".

Sordo también ha advertido de que en caso de que no se cumpla lo que solicita será el ministerio de Interior y su responsable, Fernando Grande-Marlaska, quien deberá responder por lo ocurrido.

Mercamadrid, uno de los focos de la protesta

El mismo día de la huelga, Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, avanzó que CCOO Madrid emprendería acciones por la vía penal por las cargas y la detención de un trabajador durante un piquete informativo en Mercamadrid. CCOO y UGT cuestionaron también el uso de gas pimienta contra los participantes en los piquetes. 

CCOO Madrid denunció asimismo cargas en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Fuencarral. López criticó el sábado la intervención policial al término de la manifestación por la vivienda, cuando se produjeron cargas en el entorno de la plaza de España. 

Interior ordenó investigar las cargas

El 12 de noviembre, un día después de la huelga, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a la Dirección General de la Policía investigar las cargas y las demás incidencias de la jornada. El acceso a la vivienda y la mejora de los salarios estuvieron entre las principales reivindicaciones del paro.

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¿En qué punto se encuentra la tramitación de las acciones legales anunciadas por CCOO tras la huelga general?

A 18 de noviembre de 2026, las acciones legales anunciadas por CCOO tras la huelga general del 11 de noviembre están principalmente en fase de preparación y recopilación de pruebas. No consta en las fuentes consultadas la admisión judicial de las acciones penales por las cargas policiales ni una resolución sobre el fondo. Conviene separar esos anuncios de la investigación ordenada por Interior y de las actuaciones sobre servicios mínimos, donde sí se ha publicado una decisión judicial en Madrid.

Cargas policiales: preparación de la vía penal

La información más reciente, publicada hoy por Demócrata, señala que CCOO ha recopilado vídeos y testimonios de las intervenciones policiales. Unai Sordo adelantó el sábado 14 de noviembre que el sindicato acudiría a los tribunales durante esta semana, del 16 al 22, y reclamó esclarecer quién dio las órdenes.

Por tanto, el avance acreditado es la reunión de pruebas y el compromiso de presentar las acciones, no una apertura judicial confirmada. En las fuentes consultadas no constan un juzgado encargado, una admisión a trámite, personas investigadas ni diligencias judiciales acordadas. Tampoco consta una sentencia.

Mercamadrid y otros incidentes en Madrid

El anuncio más concreto se produjo el propio 11 de noviembre: Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, anunció una acción penal por las cargas y la detención de un trabajador en un piquete informativo de Mercamadrid. El sindicato denunció impedimentos para informar y el uso de gas pimienta, según la información de esa jornada.

CCOO también denunció cargas en las cocheras de la EMT de Fuencarral y cuestionó la intervención en el entorno de plaza de España. No consta si estos episodios se incorporarán a un mismo escrito o darán lugar a procedimientos separados. Las denuncias sindicales no equivalen, por sí solas, a hechos judicialmente probados.

Interior: investigación paralela, no resolución judicial

El 12 de noviembre, Fernando Grande-Marlaska ordenó a la Dirección General de la Policía investigar las cargas y las demás incidencias de la jornada, como recoge Demócrata. Es una actuación distinta de la vía penal anunciada por CCOO. No consta en las fuentes consultadas un resultado público de esa investigación ni que haya determinado responsabilidades.

Servicios mínimos y actuaciones laborales
  • Andalucía: CCOO anunció que recurriría judicialmente los servicios mínimos fijados por la Junta, al considerar que se comunicaron tarde y limitaron el derecho de huelga. No consta una admisión, medida cautelar o sentencia posterior en las fuentes consultadas. Así se recoge en la noticia sobre el recurso.
  • Cantabria: el 11 de noviembre, CCOO comunicó que estaba analizando acciones contra las condiciones de los servicios mínimos del transporte público. El estado conocido es de valoración jurídica, no de demanda confirmada, según la información publicada.
  • Toledo: CCOO anunció denuncias ante la Inspección de Trabajo y demandas ante los juzgados de lo Social por presuntas vulneraciones de derechos. No consta su posterior presentación o resolución en las informaciones consultadas.

La excepción relevante es Madrid: el comunicado conjunto de UGT y CCOO del 12 de noviembre recoge que el Tribunal Superior de Justicia había anulado mediante medidas cautelarísimas —una decisión judicial urgente— los servicios mínimos autonómicos de transporte, justicia y educación. Ese avance, recogido por Demócrata, no debe confundirse con una sentencia definitiva ni con la admisión de las acciones penales.

¿Cuáles son las competencias del ministro del Interior en la investigación de actuaciones policiales?

El ministro del Interior puede impulsar la revisión de actuaciones policiales y exigir responsabilidades administrativas dentro de su ámbito de competencia, pero no sustituye a jueces y fiscales en la investigación de posibles delitos. La distinción fundamental es entre dirigir y supervisar los cuerpos policiales, investigar incumplimientos profesionales y esclarecer hechos que puedan generar responsabilidad penal.

Dirección política y supervisión administrativa

Como responsable del departamento, le corresponde la dirección política y la supervisión de los servicios policiales dependientes de Interior. Esto permite promover comprobaciones sobre cómo se ha desarrollado una actuación: qué instrucciones existían, quién dirigía el dispositivo, qué medios se emplearon y si se respetaron los procedimientos y las garantías exigibles.

Esa supervisión puede traducirse en solicitar informes a los responsables policiales, impulsar inspecciones y ordenar que los órganos competentes examinen posibles irregularidades. También permite adoptar medidas organizativas para corregir fallos: revisar protocolos, reforzar controles o modificar la preparación de determinados dispositivos. Supervisar no equivale a decidir personalmente cada diligencia: la ejecución corresponde a los órganos y mandos que tengan atribuida esa función.

Investigación interna y responsabilidad disciplinaria

Cuando existen indicios de una infracción profesional, puede ponerse en marcha una investigación interna y, cuando proceda, un expediente disciplinario. Su finalidad es determinar si se incumplieron los deberes del servicio, las instrucciones legítimas o las reglas de actuación policial.

El ministro puede impulsar que se esclarezcan los hechos, pero no debe confundirse esa capacidad con una competencia ilimitada para abrir, instruir y resolver personalmente cualquier expediente. La autoridad competente depende del cuerpo policial, del procedimiento y de la gravedad de la infracción. La investigación debe respetar la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la separación entre instrucción y resolución que corresponda.

Los órganos de asuntos internos o los servicios de inspección pueden intervenir en estas comprobaciones. Su actuación tampoco permite prescindir de las garantías legales ni utilizar un expediente administrativo para eludir el control judicial.

Cuando los hechos pueden constituir delito

Si la actuación policial pudiera ser delictiva —por ejemplo, por lesiones, coacciones o falsedad—, la cuestión entra en el ámbito penal. Interior debe facilitar la colaboración policial y preservar los elementos que permitan esclarecer lo sucedido, sin obstaculizar la actuación de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.

La policía judicial, cuando investiga delitos bajo sus instrucciones, tiene una dependencia funcional de jueces y fiscales. Aunque sus integrantes pertenezcan administrativamente a un cuerpo dependiente de Interior, el ministro no puede utilizar esa dependencia para alterar diligencias, imponer conclusiones, impedir que se investigue a una persona o disponer el cierre de una causa penal.

Una investigación interna y otra penal pueden referirse a los mismos hechos, pero deben coordinarse conforme a las reglas aplicables. La potestad disciplinaria no autoriza a contradecir los hechos establecidos judicialmente ni a sancionar dos veces lo mismo cuando concurra la identidad jurídicamente relevante.

Límites por cuerpo policial y rendición de cuentas

Estas facultades no se extienden de manera idéntica a todas las policías. Debe distinguirse entre Policía Nacional y Guardia Civil, dependientes de Interior con sus particularidades, y policías autonómicas o locales, cuya dirección administrativa corresponde a otras autoridades. Las funciones estatales de coordinación no equivalen a una potestad general para investigar disciplinariamente a cualquier agente.

Además, el ministro debe responder políticamente por la gestión de su departamento. Puede explicar las medidas adoptadas y los controles activados, pero esa rendición de cuentas debe respetar la reserva judicial, la protección de datos y las garantías de las personas afectadas. En síntesis: puede impulsar el esclarecimiento y la corrección administrativa; no dirigir políticamente el resultado de una investigación penal.

¿Qué trayectoria sindical y política tiene Paloma López antes de ser secretaria general de CCOO Madrid?

Paloma López Bermejo llegó a la Secretaría General de CCOO de Madrid en junio de 2021 con una trayectoria iniciada en la representación de trabajadores en una empresa y desarrollada después en las direcciones madrileña y estatal del sindicato. Antes de asumir ese cargo, había sido secretaria confederal de Empleo y Migraciones y eurodiputada entre 2014 y 2019, elegida en la candidatura de Izquierda Plural, en la que participaba Izquierda Unida.

De educadora a representante sindical

Nacida en Madrid en 1962 y formada como profesora de Educación General Básica, trabajó entre 1978 y 1982 en varias empresas informáticas, entre ellas Secoinsa. En 1984 empezó como educadora en ATAM, organización vinculada a Telefónica dedicada a la atención de personas con discapacidad, donde permaneció hasta 1998. Estos antecedentes aparecen en las biografías publicadas por CCOO.

Su actividad sindical comenzó en 1986, cuando fue elegida presidenta del comité de empresa de ATAM, el órgano que representa al conjunto de la plantilla. Ejerció esa responsabilidad hasta 1996. Por tanto, su primera década de experiencia sindical se desarrolló en el centro de trabajo, antes de incorporarse a las estructuras de dirección de CCOO.

Responsabilidades en CCOO de Madrid y en la confederación

En 1996 asumió la Secretaría de Política Social y Migraciones de CCOO de Madrid. Desde 1998 desempeñó esa función a tiempo completo y se mantuvo en ella hasta 2000. Fue su primera etapa de responsabilidad en la organización territorial que acabaría dirigiendo dos décadas después.

En 2000 pasó a la estructura estatal del sindicato como responsable de la Secretaría de Política Social e Inmigraciones de la Confederación Sindical de CCOO, puesto que ocupó hasta 2002. Su recorrido alternó, así, responsabilidades madrileñas y confederales, estas últimas referidas al conjunto de la organización en España.

En 2004 regresó a la dirección de CCOO de Madrid para hacerse cargo de la Secretaría de Participación y Desarrollo Organizativo. Compaginó esta tarea con una vocalía en la Comisión Ejecutiva Confederal. Posteriormente, en el noveno Congreso Confederal, celebrado en 2008, fue elegida secretaria confederal de Empleo y Migraciones. Permaneció en ese puesto hasta comienzos de 2014, cuando lo dejó para concurrir a las elecciones europeas.

El paso a la política institucional

En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 ocupó el número dos de la candidatura de Izquierda Plural, propuesta por Izquierda Unida como representante de los movimientos sociales, y obtuvo escaño. Su mandato europeo se extendió hasta 2019.

En la Eurocámara se integró en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y fue miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. También ejerció como vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental. Su pertenencia al grupo parlamentario y sus responsabilidades institucionales pueden consultarse en el historial del Parlamento Europeo.

Su participación política incluyó además la vida interna de Izquierda Unida: durante esa etapa llegó a disputar el liderazgo de la organización a Alberto Garzón. Una entrevista de 2021 recoge ese episodio y su descripción de la experiencia política como un paréntesis antes de volver al sindicalismo.

La llegada a la Secretaría General

En junio de 2021 fue elegida secretaria general en el XII Congreso de CCOO de Madrid, con alrededor del 62 % de respaldo, según la información sobre su elección. Llegaba, por tanto, con experiencia en representación laboral, políticas sociales, organización sindical, empleo y migraciones, además de cinco años de actividad parlamentaria europea.

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¿Qué sindicato anunció acciones legales por las cargas policiales durante la huelga general?

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¿Cuál fue uno de los focos de protesta donde se produjo la detención de un trabajador durante la huelga?

Pregunta 2 de 3

¿Quién ordenó investigar las cargas policiales e incidencias tras la huelga general?

Pregunta 3 de 3