Ayuso pide al Gobierno asumir el mando de los incendios y Moncloa exige "justificar" la solicitud

La “situación operativa 3” en los planes de incendios forestales (incluido el INFOMA de la Comunidad de Madrid) no depende de una decisión unilateral de la Comunidad, sino de que el Estado declare una emergencia de interés nacional. Jurídicamente, el requisito clave es esa declaración por el Ministerio del Interior, al amparo de la normativa básica de protección civil. A partir de ese momento, el plan autonómico pasa a situación 3 y la dirección de la emergencia se ejerce conforme al Plan Estatal y al Plan Estatal General de Emergencias.

1. Marco jurídico básico aplicable

Los requisitos no se definen en el propio INFOMA, sino en la normativa estatal que este debe respetar:

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que configura las emergencias de interés nacional y el papel de la Administración General del Estado en su dirección y coordinación (Ley 17/2015).
• Real Decreto 893/2013, que aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, y que define las situaciones operativas 0, 1, 2 y 3 aplicables a los planes autonómicos (Directriz básica de incendios forestales). Aunque ha sido derogado parcialmente por el Real Decreto 524/2023, la propia norma indica que la Directriz sigue aplicándose hasta que se apruebe el nuevo instrumento de planificación.
• Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014 y publicado por Resolución de 31 de octubre de 2014 (Plan Estatal de incendios forestales).
• Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020 (PLEGEM), que fija la cúspide organizativa para todas las emergencias de interés nacional.

2. Qué es jurídicamente la “situación operativa 3”

La Directriz básica de incendios forestales (RD 893/2013) establece en su apartado 2.3 que los planes deben contemplar, como mínimo, cuatro situaciones operativas (0 a 3). Tras describir las situaciones 0, 1 y 2, añade literalmente que la:

“Situación 3: [es la] situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de emergencia de interés nacional por el Ministro del Interior.”

Es decir, el elemento jurídico determinante no es un umbral técnico concreto de hectáreas, daños, etc., sino la declaración formal de emergencia de interés nacional. Solo cuando el Ministro del Interior, en nombre del Gobierno, realiza esa declaración, el plan autonómico (como el INFOMA) pasa legalmente a situación operativa 3.

3. Declaración de “emergencia de interés nacional”

El Plan Estatal de incendios forestales, aprobado conforme a la Directriz básica, especifica que la fase de emergencia de interés nacional “se inicia con la declaración del interés nacional por parte del Ministro del Interior” y remite a la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992). Esa declaración debe:

• Precisar el ámbito territorial al que se aplica.
• Ser comunicada a los Ministerios competentes, a las comunidades autónomas afectadas, a las Delegaciones del Gobierno y a los órganos de coordinación previstos en el Plan Estatal.

En la práctica, el Plan Estatal y la Directriz básica indican que se tiene en cuenta, entre otros factores, la información sobre:

• El índice de gravedad potencial de los incendios y los daños reales o previsibles sobre población, bienes no forestales y medio ambiente.
• La suficiencia de los medios autonómicos y la necesidad de medios extraordinarios estatales.
• La simultaneidad de incendios y la recepción de solicitudes múltiples de apoyo de varias comunidades autónomas.

No obstante, estas son circunstancias orientativas: la norma no establece un catálogo cerrado de supuestos, sino que deja un margen de apreciación política y técnica al Gobierno para valorar si la emergencia alcanza el nivel de “interés nacional”.

4. Papel específico del Gobierno central y efectos sobre INFOMA

Según la Ley 17/2015 y el PLEGEM, cuando una emergencia es declarada de interés nacional:

• La dirección del Plan Estatal General (PLEGEM) corresponde “en todo caso, a la persona titular del Ministerio del Interior”, y éste asume la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en esa emergencia.
• Se activa la organización estatal prevista en el Plan Estatal de incendios forestales: Consejo de Dirección del Plan, Comité Estatal de Coordinación, Dirección Operativa (normalmente encomendada a la Unidad Militar de Emergencias), etc.
• Los planes autonómicos, como el INFOMA, siguen vigentes, pero se integran en una organización única operativa dirigida por el Estado, respetando que las órdenes a los efectivos autonómicos se cursen a través de sus “mandos naturales”.

Por tanto, en el caso concreto del INFOMA, la “situación operativa 3” se alcanza cuando concurren dos elementos:

• Que la emergencia por incendios forestales en la Comunidad de Madrid (o que afecte también a otras comunidades) sea valorada como de interés nacional a la luz de los criterios técnicos y de coordinación recogidos en la Directriz básica y el Plan Estatal.
• Que el Ministro del Interior declare formalmente esa emergencia de interés nacional; declaración que, de acuerdo con la Directriz, convierte automáticamente la emergencia autonómica en Situación 3.

Más allá de esa condición jurídica principal, “no se dispone de más información en las fuentes consultadas” que fije requisitos adicionales específicos (por ejemplo, umbrales numéricos) para el paso a situación 3, por lo que la clave normativa es la propia declaración de interés nacional por parte del Gobierno central.

El Ministerio del Interior es la autoridad estatal central en protección civil y, por tanto, en la gestión de emergencias por incendios forestales cuando entra en juego el interés nacional o cuando las comunidades autónomas solicitan apoyo. Sus funciones clave son dirigir y coordinar las emergencias de interés nacional, organizar el uso de los medios estatales (incluida la activación de planes estatales), mantener los sistemas de información y alerta de protección civil y articular el apoyo a las comunidades autónomas y la cooperación internacional. Todo ello se regula principalmente en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y en el Plan Estatal específico para incendios forestales.

1. Marco normativo básico

Las competencias de Interior en emergencias por incendios forestales se apoyan en tres pilares estatales:

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (texto en BOE), que define el Sistema Nacional de Protección Civil y atribuye al Ministerio del Interior la responsabilidad fundamental en esta materia dentro de la Administración General del Estado.
• Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros publicado mediante Resolución de 31 de octubre de 2014 (plan estatal de incendios forestales), que concreta la organización y los procedimientos específicos frente a estos incendios.
• Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), aprobado en 2020 (Plan Estatal General), que establece la organización y procedimientos de la Administración General del Estado para prestar apoyo y ejercer la dirección y coordinación en emergencias de interés nacional, también cuando el riesgo es un incendio forestal.

Además, el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, introduce medidas urgentes en materia de incendios forestales (RDL 15/2022), incidiendo sobre todo en la prevención, extinción y restauración, en coordinación con las comunidades autónomas.

2. Rol general del Ministerio del Interior en protección civil

La Ley 17/2015 señala que la responsabilidad fundamental de la protección civil en la Administración General del Estado se atribuye al Ministerio del Interior, bajo la dirección política y coordinación superior del Gobierno. El titular de Interior es la superior autoridad en protección civil y, bajo sus instrucciones, los Delegados del Gobierno coordinan las actuaciones de los órganos y servicios estatales en el territorio.

La ley también crea instrumentos estructurales que gestiona Interior, como la Escuela Nacional de Protección Civil (formación e interoperabilidad de intervinientes) y la Red Nacional de Información sobre Protección Civil, que recoge y comparte datos sobre riesgos, planes, recursos y situaciones de emergencia para facilitar la anticipación y la respuesta.

3. Competencias específicas en incendios forestales

3.1 Dirección y coordinación en emergencias de interés nacional

De acuerdo con el Plan Estatal para incendios forestales de 2014, Interior es el responsable de una serie de funciones básicas cuando un incendio tiene interés nacional o desborda la capacidad autonómica:

• Prever la estructura organizativa que permita la dirección y coordinación del conjunto de las administraciones públicas en emergencias por incendios forestales con interés nacional.
• Coordinar la aportación de medios y recursos de intervención cuando los previstos en los planes autonómicos son insuficientes o cuando las comunidades lo solicitan.
• Gestionar la solicitud y recepción de medios internacionales para su empleo en la extinción de incendios forestales.

Estas competencias se ejercen a través de la organización prevista en el Plan Estatal de incendios forestales y el PLEGEM, que constituyen la referencia organizativa en emergencias complejas o multirriesgo.

3.2 Sistemas de información, seguimiento y alerta

La Ley 17/2015 crea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil, cuya finalidad es contribuir a la anticipación de riesgos y facilitar una respuesta eficaz. Esta red, bajo el paraguas del Sistema Nacional de Protección Civil coordinado por Interior, debe:

• Recoger, almacenar y facilitar el acceso ágil a información sobre riesgos de emergencia (incluidos los incendios forestales), medidas de protección y recursos disponibles.
• Asegurar el intercambio de información entre administraciones en todas las actuaciones del ciclo de gestión de emergencias.
• Incluir instrumentos como el Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, los catálogos de actividades peligrosas, el registro informatizado de planes y los catálogos de recursos movilizables.

El Plan Estatal de incendios forestales añade, como función específica, el establecimiento de un sistema y procedimiento de información para el seguimiento de incendios con potenciales consecuencias de protección civil, reforzando la alerta temprana y el flujo de datos entre Estado y comunidades autónomas.

3.3 Apoyo y solidaridad interterritorial

El objetivo central del Plan Estatal de incendios forestales es asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las administraciones y, en otros supuestos, prestar el apoyo necesario a los planes autonómicos cuando estos lo requieran. Para ello:

• Interior articula el envío coordinado de medios estatales (aéreos, terrestres, fuerzas y cuerpos de seguridad, Unidad Militar de Emergencias, etc.) en apoyo de las comunidades.
• Utiliza la organización del plan estatal para facilitar la colaboración entre comunidades autónomas, permitiendo que recursos de una puedan apoyar a otra de forma coordinada.

Este enfoque se integra en la política general de protección civil y seguridad nacional, recogida también en la Estrategia Nacional de Protección Civil publicada mediante la Orden PCI/488/2019 (Estrategia Nacional de Protección Civil), que refuerza la necesidad de coordinación interadministrativa y anticipación frente a riesgos como los incendios forestales.

Fernando Grande-Marlaska es un magistrado nacido en Bilbao en 1962 que, tras una larga trayectoria en la Audiencia Nacional vinculada a la lucha contra ETA y a causas mediáticas como el caso Yak‑42, ejerce como ministro del Interior desde 2018. Su gestión al frente del Ministerio se ha caracterizado por cambios en políticas migratorias y penitenciarias, entre ellos el fin de la dispersión de presos de ETA, y por una relación muy intensa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es además una figura de referencia en materia de derechos LGTBI dentro de la judicatura y la política española, al haber visibilizado públicamente su homosexualidad y su matrimonio desde 2005. Las fuentes consultadas no detallan su formación universitaria concreta (centro de estudios o títulos específicos).

Datos básicos y formación

Según su ficha biográfica, Grande-Marlaska, cuyo nombre completo es Fernando Grande-Marlaska Gómez, nació en Bilbao en 1962 y se formó como jurista, accediendo a la carrera judicial hasta alcanzar la condición de magistrado. Las fuentes consultadas no especifican en qué universidad cursó Derecho ni si cuenta con posgrados o doctorado, por lo que no se dispone de más información sobre su formación académica concreta.

En 2016 publicó una autobiografía (no se detalla el título), lo que indica un esfuerzo propio por contextualizar su trayectoria personal y profesional ante la opinión pública.

Carrera judicial en la Audiencia Nacional

La ficha sintetizada de su perfil señala que desarrolló una sólida carrera judicial y se destacó en la Audiencia Nacional en la lucha contra la organización terrorista ETA y en casos mediáticos como el del accidente del avión Yak‑42. Su trabajo en este órgano le situó en el centro de la justicia penal de alto impacto político y social.

El periódico Demócrata recuerda que en octubre de 2005, siendo magistrado de la Audiencia Nacional, habló abiertamente de su homosexualidad y se casó con su marido, “rompiendo tabúes dentro del Poder Judicial” y normalizando la visibilidad del colectivo LGTBI desde un puesto de gran exposición institucional, según el reportaje sobre derechos LGTBI en España de Demócrata.

Las fuentes utilizadas no detallan de forma estructurada otros escalones de su carrera judicial (por ejemplo, si llegó a presidir salas concretas o la propia Audiencia Nacional), ni recogen nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial, por lo que esos posibles cargos no pueden confirmarse con la información disponible.

Trayectoria política y gestión en el Ministerio del Interior

Grande-Marlaska es ministro del Interior desde 2018 y continúa al frente del departamento en la actual legislatura. La base parlamentaria consultada lo identifica como ministro del Ministerio del Interior en la XIII, XIV, XV y actual legislatura, sin que consten otros cargos ejecutivos previos.

La biografía disponible subraya que, ya como ministro, ha impulsado cambios relevantes en materia migratoria y penitenciaria, entre ellos el fin de la dispersión de los presos de ETA, decisión con una fuerte carga política y simbólica en el marco de la política penitenciaria. También se indica que su gestión ha sido objeto de críticas y reprobaciones parlamentarias, lo que encaja con la elevada conflictividad política que rodea las competencias de Interior.

La actividad diaria del ministro se refleja en numerosas agendas y notas oficiales. En las referencias de La Moncloa, por ejemplo, aparece con frecuencia asistiendo a plenos de Congreso y Senado para responder a las preguntas de la oposición y a las sesiones de control al Gobierno, como se recoge en las agendas del 8 de octubre de 2025 ([enlace]), 27 de mayo de 2026 ([enlace]) o 23 de junio de 2026 ([enlace]), entre muchas otras.

También participa regularmente en foros europeos de interior y migraciones, como muestran las agendas de reuniones del Consejo de Ministros de Interior de la UE en Bruselas y Luxemburgo ([enlace], [enlace], [enlace] o [enlace]).

En el plano de contenido político, las notas de prensa del propio Ministerio del Interior y de La Moncloa muestran a Grande-Marlaska defendiendo una línea de “estrategia preventiva” en materia migratoria y de refuerzo de la cooperación policial internacional. Así lo recogen, por ejemplo, las intervenciones en la Conferencia de Embajadores de 2024 y 2025 ([enlace], [enlace]) y las referencias a la cooperación migratoria con Argelia ([enlace]).

En el ámbito de seguridad interior, las crónicas de Demócrata subrayan su papel directo en el nombramiento de altos mandos policiales y de la Guardia Civil, como el comisario general de Información o los directores adjuntos operativos de la Policía Nacional, así como su respaldo público a la directora general de la Guardia Civil y al DAO en polémicas recientes relacionadas con el caso Leire Díez ([enlace], [enlace], [enlace]).

Compromiso con derechos LGTBI y proyección pública

La ficha biográfica destaca que Grande-Marlaska es abiertamente homosexual, casado desde 2005, y “figura comprometida con los derechos LGBT”. El reportaje de Demócrata sobre figuras clave de los derechos LGTBI insiste en que su visibilidad siendo magistrado de la Audiencia Nacional contribuyó a “romper tabúes” en un ámbito tradicionalmente conservador.

Este componente biográfico, junto con su protagonismo como ministro del Interior durante varios gobiernos de Pedro Sánchez, explica que se le considere “una de las figuras clave de la política y la justicia en la España reciente”, según la síntesis incluida en su perfil.

Enlaces adicionales de contexto

Para completar el contexto de su actuación como ministro del Interior y su papel en debates recientes sobre seguridad, migración y justicia, pueden consultarse también, entre otros, los siguientes materiales: notas de Interior sobre nombramientos policiales ([enlace], [enlace]), declaraciones sobre Guardia Civil y España despoblada ([enlace]), y la cobertura de Demócrata sobre su defensa de la labor policial y los archivos de Interior ([enlace], [enlace], [enlace]), así como distintas piezas sobre su papel en causas judiciales de alto impacto como el caso Kitchen ([enlace], [enlace], [enlace] y [enlace]), y el reportaje de [enlace] sobre la continuidad de los ministros del primer Gobierno Sánchez.