La historia de España se atesora, en afán de su preservación, en el interior de unas reconocibles cajas de cartón rígido atiborradas de carpetas que se almacenan en los archivos del Estado.
Pero acceder a su contenido no es tan sencillo en algunos niveles de la Administración, según denuncia a Demócrata el colectivo de académicos, que encuentra trabas permanentes para consultar documentación histórica que “retiene” más tiempo del debido el Ministerio del Interior.
Estos archivos siguen su ciclo de vida documental, explican las fuentes consultadas. Es decir, se desplazan por diferentes organismos, desde su centro de producción, por ejemplo, una comisaría de Policía, hasta su destino final: el Archivo Histórico Nacional. Y en ese recorrido a lo largo de años figura su paso por el archivo ministerial competente.
Para quienes se dedican a estudiar la historia de España, por razones evidentes, existe especial interés por la documentación almacenada en el departamento que hoy dirige Fernando Grande-Marlaska. Bajo la opacidad de la dictadura franquista se custodiaron bajo llave los secretos de un régimen que vulneró derechos y libertades a través de los organismos represores, estructurados por el entonces Ministerio de la Gobernación, predecesor de Interior.
Revelar los detalles de esa maquinaria es fundamental para los historiadores, aunque resulta difícil ante las persistentes dificultades para obtener acceso a “documentación sobre graves violaciones de derechos humanos en nuestro país durante 40 años”.
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Las cajas que "retiene" Interior
Un grupo de 500 académicos remitió el pasado 6 de mayo una carta al ministro del Interior buscando una vía para desbloquear esta situación. DEMÓCRATA se ha puesto en contacto con ellos para conocer su trabajo, así como los detalles de sus demandas. Mario Lozano, investigador de la Universitat de Barcelona (UB), fue uno de los impulsores de esta iniciativa. “El principal problema es que retienen documentación más tiempo del debido”, explica a este medio.
La documentación histórica del Ministerio del Interior no debería envejecer más de tres décadas en sus dependencias privadas. Así lo exige la Orden INT/2528/2002 por la que se regulan sus arterias archivísticas. Su artículo 2.2 sostiene que el Archivo General del Ministerio, con carácter general, "no podrá custodiar documentos que superen los treinta años de antigüedad".
Orden INT/2528/2002
La Orden INT/2528/2002 es una disposición del Ministerio del Interior publicada en el BOE en 2002.
Se refiere a la organización, gestión y acceso a los archivos del Ministerio del Interior, especialmente en lo relativo a:
- La consulta de documentación histórica y administrativa
- Las condiciones de acceso a los fondos archivísticos
- La clasificación y tratamiento de determinados documentos
- El funcionamiento de los archivos dependientes del Ministerio
Establece que el Archivo General del Ministerio del Interior, como norma general, no debe custodiar documentos que superen los treinta años de antigüedad.
Al transcurrir ese tiempo, deberían -de acuerdo con la normativa, insiste Mario Lozano a lo largo de toda la conversación con este medio- ser transferidos al Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Ministerio de Cultura, para con posterioridad dar un salto final al Archivo Histórico Nacional, la última parada de ese mencionado ciclo de vida documental. Sin embargo, según denuncia Lozano, entre 1975 y 1996 tan solo ha habido cuatro transferencias de cajas al AGA. Y desde ese año hasta hoy, se han realizado únicamente tres.
Entre petición y respuesta, una larga espera
Si el Ministerio del Interior sigue custodiando dicha documentación, los investigadores se ven obligados a acudir a su Archivo General para disponer de ella. En este punto surgen los inconvenientes, siendo uno de los más relevantes el tiempo de resolución de las peticiones de archivos.
La Instrucción de la Secretaría General Técnica de 12 de julio de 2006 determina que “la resolución de la solicitud de acceso (…) deberá adoptarse y notificarse lo antes posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente para tramitarla”. Pero Mario Lozano denuncia retrasos de hasta “uno o dos años en la resolución de solicitudes”.
Víctor Aparicio, investigador en la UNED, indagaba sobre la colaboración diplomática y policial entre Francia y España durante el tardofranquismo en el marco de la lucha contra la banda terrorista ETA. “Hice la petición un verano de 2023 y cuando me llamaron para consultar pasó un año y medio”.
El laberinto que halló en las entrañas del ministerio español le obligó a buscar en París lo que no pudo encontrar en Madrid. “La investigación en Francia ha sido una maravilla, un auténtico placer y una lástima porque no puedo investigar en mi país”, lamenta a este medio.
EL ARCHIVO GENERAL DE UN MINISTERIO
El Archivo General de un ministerio es la unidad archivística central dentro de ese departamento donde se recibe, organiza, conserva y gestiona la documentación producida por todas sus áreas a lo largo del tiempo.
Un archivo general ministerial:
- Recibe documentos de los distintos archivos de gestión (direcciones generales, subdirecciones, unidades).
- Ordena y clasifica la documentación.
- Controla el ciclo de vida de los documentos.
- Gestiona transferencias a otros archivos.
- Facilita consultas internas y externas.
Para los investigadores, ese tiempo de espera puede suponer un inconveniente sobre todo en términos económicos. Una tesis doctoral, por ejemplo, requiere una inversión de gran calibre donde cada minuto perdido es un coste agregado para el investigador.
Sin embargo, para los familiares de las víctimas de la dictadura franquista, ese año y medio esperando una respuesta cobra un sentido vital. “Si un señor de 90 años está pidiendo documentación sobre su padre desaparecido en una cuneta y le llega a los dos años, a lo mejor esa persona no sobrevive al plazo”, explica Mario Lozano.
Para conocer su interior... ¡instrumentos de descripción!
Víctor Aparicio tropezó en su investigación con otro de los grandes problemas de este complejo rompecabezas: los instrumentos de descripción. “Son los catálogos que tienen los archivos, un índice en el que pone qué hay en cada caja”, resume por su parte Mario Lozano.
Son herramientas básicas de una investigación que facilitan al historiador la descripción del contenido disponible en las cajas de los archivos con la finalidad de que pueda solicitar y consultar con total transparencia la información que contiene.
Según denuncia el colectivo de académicos, el Ministerio no hace públicos los instrumentos de descripción, lo que emborrona la rigurosidad de cualquier estudio. Mientras que, durante su investigación en Francia, Aparicio no tuvo problemas en este sentido, en España encontró que no podía acceder a estos manuales.
“Entonces, a lo que te dan acceso, es una información muy fragmentaria, escasa, descontextualizada (…) No sabes de dónde viene, qué hay en esa caja, de dónde sale o qué rigor tiene”, señala.
En los Archivos Nacionales de Francia Víctor Lozano halló en este sentido un sistema “accesible, actualizado y sensato”, explica a DEMÓCRATA. “Esa investigación desde España habría sido totalmente imposible”, agrega.
Anonimización, censura y un borrón de tipex
El valor de estos fondos reside, más allá de su ámbito de investigación, en su carácter memorialista. Un principio que permite la reparación democrática en un país que ha sufrido las consecuencias de un régimen del terror.
Las cajas custodiadas en el archivo de Interior conservan una parte de ese periodo gris de nuestra historia. Incluyen, según el relato de los historiadores consultados, todo aquello relativo a la represión en los años de la dictadura, procedimientos de la Policía franquista, mandos y órdenes directas del Ministerio de Gobernación.
Incluyen, por ejemplo, información sensible sobre los refugiados fascistas acogidos por el régimen de Franco tras la Segunda Guerra Mundial. Criminales de guerra como el nazi Léon Degrelle, que falleció a sus 87 años en Málaga o el croata Ante Pavelić, enterrado en el cementerio madrileño de San Isidro.
Lo explica a DEMÓCRATA David Alegre, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuya línea de investigación se centra en los golpistas encargados de ejecutar las políticas de eliminación en 1936, primer año de la Guerra Civil Española. Perfiles jóvenes con una “progresión estelar” a lo largo de todo el franquismo que acabaron ocupando cargos de dirección en órganos policiales dispuestos para orquestar las políticas represivas de un Estado totalitario.
Sobre ello, desgrana a este medio otra de las grandes reivindicaciones de los académicos, que tiene que ver con la “anonimización” de documentación histórica, es decir, la supresión de datos personales sobre individuos.
El Real Decreto 1708/2011 señala que “serán accesibles los documentos con datos personales que puedan afectar a la seguridad o intimidad de las personas cuando hayan transcurrido 25 años desde el fallecimiento de los afectados”. En caso de no conocerse la fecha de fallecimiento, su acceso se concede a los 50 años de antigüedad del documento, eso sí, y aquí reside la clave, siempre que se entienda “razonablemente excluida” la posibilidad de lesión del derecho a la intimidad personal del afectado.
Real Decreto 1708/2011
El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, es la norma que regula el Sistema Español de Archivos en el ámbito de la Administración General del Estado.
Su objetivo es establecer la organización, funcionamiento y coordinación de los distintos archivos públicos estatales, así como el régimen de gestión, conservación y acceso a la documentación que estos custodian.
Estos documentos podrán ser consultados cuando hayan transcurrido 25 años desde el fallecimiento de las personas afectadas.
En los casos en los que no sea posible determinar la fecha o incluso la existencia del fallecimiento, y siempre que la documentación tenga más de 50 años de antigüedad el acceso podrá autorizarse si se considera razonablemente excluida cualquier afectación a la intimidad personal o familiar o riesgo para la seguridad del afectado
Los historiadores consideran ese matiz una “interpretación muy rigorista y restrictiva de la ley” que “dificulta” y “obstaculiza” su trabajo final.
Una poco sutil línea blanca de típex elimina nombres y apellidos, detalla David Alegre, y funciona a modo de apisonadora contra una investigación que inevitablemente conduce de un perfil a otro, con cadenas de mando, tomas de decisiones y actores implicados que llegan a ser indescifrables por este asunto. “Cuando hablamos de una investigación, esto es inadmisible”, explica por su parte Mario Lozano.
La respuesta del Ministerio del Interior
Para desencallar esta situación, los académicos han reclamado al Ministerio del Interior una reunión con su titular, Fernando Grande Marlaska, así como con representantes de la Subsecretaría. DEMÓCRATA se ha puesto en contacto con este departamento para conocer cuál es su posición respecto a las enumeradas reivindicaciones.
Sobre la escasez de transferencias al Archivo General de la Administración (AGA), fuentes de Interior aseguran a este medio que se van llevando a cabo a medida que “le son requeridas y de acuerdo con la reserva de espacio que se le comunica”, a pesar de que los académicos recalcan que esa práctica se debe llevar a cabo por ley.
Asimismo, Interior subraya que entre 2001 y 2024 se han realizado 3 transferencias con más de 8.000 cajas de archivos. Preguntados por los plazos de respuesta, el Ministerio argumenta que el “elevado número de solicitudes” y su “complejidad” puede demorar en ocasiones la resolución de las consultas, aunque aseguran que “se trabaja permanentemente” para ofrecer respuestas en el menor tiempo posible.
Y acerca de los instrumentos de descripción, el departamento de Marlaska considera que su Archivo General, por su condición de archivo administrativo, no debe disponer de dichos catálogos. Sin embargo, los académicos matizan que, independientemente de su condición, todos los archivos se rigen por el mismo régimen de acceso según el Real Decreto 1708/2011. Por otro lado, Interior defiende que su departamento no “censura” documentación histórica, sino que se limitan a aplicar “con rigor y objetividad” la ley.
Entre la “dejación y la opacidad”
Las explicaciones ofrecidas por Interior no convencen a los académicos. Desde este colectivo lamentan a DEMÓCRATA que siguen reclamando un encuentro con el Ministerio que, por ahora, no tiene fecha.
Esta semana Marlaska aseveró en el Pleno del Congreso que se está trabajando para que “toda la documentación sea remitida y asumida” lo más rápido posible por el AGA. “Mientras esté en dependencias de Interior es un compromiso nuestro”, aseguró desde la tribuna de oradores interpelado por un diputado de ERC sobre la cuestión.
Mientras el colectivo afectado se halla entrabado en un laberinto de negativas, la situación conduce inevitablemente a una pregunta: ¿por qué tantos obstáculos para acceder a la documentación histórica? La respuesta que ofrecen los académicos difiere, pero los consultados convergen en una idea: el Ministerio del Interior transita “entre la dejación y la opacidad” con la documentación de su Archivo General.
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Dejación porque organizar transferencias supone presupuesto, financiación, personal y en definitiva medios que, a juicio de los académicos, el departamento que dirige Grande-Marlaska no está dispuesto a asumir.
Y opacidad por una aparente voluntad “absurda” con la que se pretende “guardar bajo llave” documentación muy sensible, considera Víctor Aparicio. Por su parte, David Alegre argumenta que dichas dinámicas pudieran responder a una cuestión de “inercias heredadas” que tienen más que ver con el “afán de mantener el control” que con un “estricto deseo de ocultación”.
Para demostrarlo, enfatiza en que, acompañado del buen trato recibido por parte del personal del Ministerio, pudo recabar información muy precisa en su investigación sobre Pascual Coderque Amorós, un alto cargo responsable de la maquinaria represiva golpista de la Zaragoza de 1936. “Eso rompe la idea de que estén intentando ocultar sistemáticamente cosas”, recalca.
Sin embargo, y a pesar de las experiencias positivas, los investigadores insisten en que una etapa oscura de nuestra historia sigue flanqueada por barreras muy restrictivas. “Cualquier ciudadano en una sociedad democrática debería tener derecho y facilidad de acceso al pasado más reciente de su país para comprender de dónde viene y cuáles son sus raíces”, explica Mario Lozano.
Raíces que reposan en cajas y carpetas, cuyo contenido es capaz de aportar reparación, consuelo y verdad a un régimen democrático, comparten los investigadores con los que ha podido hablar DEMÓCRATA.