El Gobierno admite que no vio venir la crisis migratoria de Ceuta. Fuentes del Ejecutivo reconocen que no contaban con información que permitiera anticipar la llegada masiva de unas 50.000 personas en apenas 24 horas y que la atención política, operativa y mediática estaba concentrada en los incendios que golpeaban el centro y el oeste del país.
“Si hubiéramos tenido información, no habrían entrado 50.000 personas de la forma en que lo han hecho en 24 horas”, resume un alto miembro del Ejecutivo en declaraciones recogidas por El País. La frase refleja el reconocimiento interno de un fallo de anticipación en una crisis que terminó desbordando la frontera y obligando al Gobierno a reaccionar de urgencia.
Los incendios absorbieron la atención de Moncloa
Durante los días previos, la prioridad de La Moncloa y de varios ministerios, incluido Interior, estaba centrada en la emergencia por los incendios forestales, que obligaron a evacuar o confinar a casi 100.000 personas. En ese contexto, la frontera con Marruecos no aparecía como el principal foco de preocupación, pese a que ya existían algunas señales de alerta.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, venía reclamando medidas ante el aumento de llegadas a nado, y los informes de la Guardia Civil apuntaban a un repunte de intentos de entrada irregular. Sin embargo, dentro del Ejecutivo se interpretaba todavía como una evolución preocupante pero limitada, no como el preludio de una crisis de alcance histórico.
Informes con más intentos, pero sin alarma de avalancha
Los análisis que manejaba Interior recogían que entre el 29 de junio y el 12 de julio se habían registrado unos 500 intentos de entrada a nado, y que entre el 13 y el 26 de julio la cifra había subido a 1.300. Aun así, las entradas consumadas se mantenían en niveles bajos desde comienzos de año, lo que contribuyó a que no se activara una alarma proporcional a lo que terminaría ocurriendo.
Interior ya había acordado en junio reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la zona para responder al aumento de intentos, pero no esperaba una entrada masiva de decenas de miles de personas en cuestión de horas. “Ceuta no estaba en el radar. No teníamos información de la envergadura de lo que se nos venía encima”, admiten fuentes de La Moncloa.
El fallo del Supremo que inquietaba a Ceuta
Uno de los elementos que más preocupaba al Gobierno ceutí era la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que limitó el rechazo exprés en frontera a quienes intentaran entrar en Ceuta y Melilla superando elementos físicos de contención, como las vallas. Esa interpretación dejaba fuera los accesos a nado, precisamente la vía por la que comenzaron a aumentar las entradas.
Vivas reclamó una modificación de la ley de extranjería para poder devolver en caliente al número creciente de inmigrantes irregulares que llegaban por mar, una petición que entonces no tuvo gran repercusión política. En el Gobierno admiten ahora que esa sentencia abre un problema práctico en la lucha contra la inmigración irregular y estudian fórmulas para adaptar la frontera a la nueva interpretación judicial.
De los primeros avisos al estallido de la crisis
La tensión comenzó a aumentar en los primeros días de la semana, mientras los incendios seguían descontrolados en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. El miércoles, los informes de la Guardia Civil ya recogían un incremento inusual de llegadas a Ceuta, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que responder sobre la situación en una entrevista televisiva.
Según fuentes de Interior, en ese momento ya se seguía con atención lo que ocurría en la ciudad autónoma, pero los datos disponibles no apuntaban todavía a la magnitud final de la crisis. De hecho, Marlaska mantenía inicialmente su intención de acudir a la fiesta del trono en la embajada de Marruecos, un gesto diplomático que terminó descartando cuando la situación se agravó.
Marruecos, tono diplomático y diferencias dentro del Gobierno
Cuando las entradas se dispararon, el Gobierno optó por mantener un tono prudente hacia Marruecos. Pedro Sánchezviajó a Ceuta y denunció una “violación de la integridad territorial de España”, pero evitó señalar directamente a Rabat y centró su mensaje en las mafias que trafican con seres humanos. El presidente defendió que la interlocución con las autoridades marroquíes había sido constante, fluida y razonable.
La consigna dentro del Ejecutivo es evitar ataques a Marruecos y preservar un cauce diplomático. Sin embargo, esa línea no ha sido seguida con la misma intensidad por todos los socios parlamentarios: dirigentes de Sumar y de fuerzas de la izquierda han acusado al Gobierno marroquí de impulsar una operación de desestabilización política contra España, una lectura mucho más dura que la mantenida por el PSOE.
Más de 48.000 personas regresadas a Marruecos
Según los datos de Interior citados por El País, más de 48.300 de los 50.000 migrantes que habían entrado en Ceuta ya habían regresado a Marruecos el viernes a las seis de la tarde. La cifra muestra la velocidad de la respuesta posterior, pero también la magnitud del desbordamiento inicial, que convirtió a la ciudad autónoma en el epicentro de una crisis fronteriza sin precedentes recientes.
Sánchez se encontró además con el reproche del presidente ceutí, que calificó la respuesta del Gobierno como “tardía e insuficiente”. El malestar de Vivas no se limita al episodio concreto, sino que conecta con la sensación de vulnerabilidad de Ceuta y con la falta de desarrollo del plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla previsto en la Estrategia de Seguridad Nacional.
Boyas, cambios legales y plan pendiente
El Gobierno estudia ahora el despliegue de boyas en el espigón que separa Ceuta de la ciudad marroquí de Castillejos para que pueda considerarse una barrera de contención desde el punto de vista administrativo. Esa solución busca adaptarse al criterio del Supremo y reforzar la capacidad de actuación en las entradas a nado.
Sánchez tampoco ha descartado modificar algunos aspectos legales para facilitar las repatriaciones de la forma más efectiva posible. A la vez, la crisis reabre el debate sobre el plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla, anunciado tras la crisis migratoria de 2021 y todavía pendiente de desarrollo cinco años después.
Una crisis que deja un fallo de anticipación
La entrada masiva en Ceuta deja al Gobierno ante una evidencia incómoda: había señales, había informes y había preocupación local, pero no existía una alerta que permitiera prever una crisis de 50.000 personas en 24 horas. La combinación de incendios, repunte gradual de entradas a nado, fallo judicial sobre los rechazos en frontera y reacción tardía terminó generando un episodio que desbordó todos los cálculos.
El Ejecutivo intenta ahora combinar tres objetivos difíciles: recuperar el control operativo de la frontera, mantener la relación diplomática con Marruecos y responder al malestar de Ceuta. La crisis ha demostrado que la ciudad autónoma sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la política migratoria española y que cualquier cambio en el equilibrio fronterizo puede convertirse en una emergencia nacional en cuestión de horas.