El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha dado a conocer este lunes el programa electoral de la coalición de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.
La candidatura ha concentrado su propuesta política en 25 medidas clave con la meta de “acabar con el desmantelamiento y privatización de todos los servicios públicos, los privilegios fiscales a las rentas altas y a los grandes patrimonios y la barra libre a los fondos de inversión y a las grandes corporaciones empresariales”.
Entre los compromisos centrales figura dedicar el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz a sanidad y el 7% a educación. En vivienda, plantean aplicar la ley estatal en 333 municipios y fijar topes al alquiler en zonas tensionadas, donde además se vetará “la compra con fines especulativos o de inversión”.
“No nos va a temblar el pulso a la hora de desarrollar reformas estructurales que van contra los intereses de una superminoría, que no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría”, ha afirmado Maíllo durante el acto de presentación celebrado en Granada.
Sanidad, educación y dependencia como ejes
Además del refuerzo de la sanidad, la educación y la vivienda, el programa sitúa la dependencia como otro de los pilares. El documento fija un máximo de tres meses para resolver las solicitudes de dependencia y otros tres para asignar los recursos necesarios. Para poder cumplir estos plazos, Por Andalucía señala que “duplicará” el número de profesionales de valoración.
Maíllo ha sostenido que “hay capacidad financiera para impulsar los servicios públicos”. Para ello, plantea nuevos impuestos “a los superricos” y acogerse a la quita de deuda planteada por el Gobierno central, junto a “una negociación positiva” del sistema de financiación. “Son 6.600 millones de euros mínimos para afrontar de qué lado está el Gobierno andaluz”, ha subrayado.
Recuperar servicios privatizados y reforzar la sanidad pública
En el ámbito sanitario, además de elevar el gasto hasta el 20% del PIB, la coalición propone 8.000 nuevas contrataciones con el fin de asegurar una cita médica “en menos de 48 horas” y atención presencial continuada de 8,00 a 20,00 horas.
Por Andalucía tampoco descarta recurrir a la expropiación “temporalmente” de hospitales concertados “mientras se construye un centro público”. En esta línea, apuesta por “recuperar los servicios privatizados” y suprimir “en el menor tiempo posible” los conciertos con la sanidad privada. También anuncian que “investigaran concienzudamente” los contratos privados firmados durante el mandato de Juanma Moreno y el “escándalo” de los cribados del cáncer.
Educación pública gratuita y nuevos ciclos de FP
En educación, la coalición se marca como objetivo “recuperar todas las líneas educativas eliminadas por Moreno”. El programa fija una ratio máxima de 20 alumnos en Primaria y ESO, y de 25 en Bachillerato y FP superior.
“Garantizaremos la educación pública y gratuita de 0 a 3 años, estableciendo una red de centros 100% públicos. En las diferentes etapas educativas garantizaremos la gratuidad de servicios como las actividades extraescolares o el comedor, recuperando para la gestión pública directa cualquier servicio privatizado”, recoge el programa consultado por Europa Press.
En cuanto a la Formación Profesional, se prevé ampliar la oferta de plazas públicas “según la demanda real” y poner en marcha nuevos ciclos formativos “vinculados al empleo verde”. Asimismo, reclaman derogar la actual ley andaluza de universidades y aprobar un nuevo modelo de financiación que “pongan el contador a 0”.
Vivienda: gran tenedor desde cinco pisos y límites al turismo
En materia de vivienda, Maíllo sostiene que con las propuestas de la coalición “especular dejará de ser un negocio”. Para ello, plantea bajar el umbral de gran tenedor de diez a cinco viviendas. En los municipios tensionados, que Por Andalucía cifra en 333, “solo se permitira la compra de vivienda si es para vivir”.
La coalición propone además una ley andaluza “que establezca que la vivienda es un derecho subjetivo exigible ante cualquier juez”, así como la creación de un parque público de alquiler asequible “con un precio nunca superior al 30% de la renta familiar”. Dentro de sus 25 medidas, también se incluye limitar las plazas turísticas a 30 por cada 1.000 habitantes e implantar una tasa turística autonómica que “revertirá en el desarrollo de políticas municipales de vivienda pública en régimen de alquiler asequible”.
Dependencia, lucha contra la pobreza y transporte
En dependencia, el programa contempla un plan de choque para reducir las listas de espera que pasa por “duplicar” el personal de valoración. En paralelo, se propone un plan integral de lucha contra la pobreza, “participado y evaluado”, dirigido a las zonas “más empobrecidas” de la comunidad.
En transporte, Por Andalucía insiste en la gestión autonómica de los trenes de cercanías, ya respaldada por el Parlamento andaluz, y reclama que el abono único estatal incluya también los servicios de competencia autonómica y municipal.
Agricultura, banca pública e igualdad
En el ámbito agrario, la coalición denuncia que el sistema alimentario “se encuentra condicionado por un constante chantaje a quien produce y por una escalada de precios continua para quien consume”. Para revertirlo, proponen infraestructuras agroalimentarias público-comunitarias que “fortalezcan toda la cadena persiguiendo circuitos cortos y sostenibles” y la creación de una entidad pública de alimentación para proteger la agricultura y ganadería “profesional y socialmente necesaria”.
El texto incluye igualmente la puesta en marcha de un banco público “controlado por el Parlamento de Andalucía para orientar el crédito a la economía real”, junto con un plan integral de retorno del talento joven.
En igualdad, Por Andalucía plantea una consejería “exclusivamente de Feminismo e Igualdad” y un Observatorio Andaluz de la Violencia contra personas Lgtbiq+. Aboga además por suprimir el Comisionado de la Concordia, recuperar la Dirección General de Memoria Democrática y desarrollar el II Plan Andaluz de Memoria Democrática 2023-2027.
En relación con la Memoria Democrática, la coalición defiende declarar Lugar de Memoria Democrática el Cortijo de Gambogaz, que “pasará de estar en manos de los herederos del golpista Queipo de Llano a ser un centro de investigación y reparación”.