Renfe deja en el aire 600 puestos de trabajo tras paralizar sus oposiciones por denuncias de irregularidades

Para modificar el sistema de oposiciones en empresas públicas estatales como Renfe es necesario, en la práctica, cambiar el marco legal que regula el empleo en el sector público empresarial, normalmente mediante una ley ordinaria aprobada por las Cortes Generales. Esa reforma puede iniciarse por el Gobierno (proyecto de ley) o por las propias Cámaras (proposición de ley) y sigue el procedimiento legislativo común en Congreso y Senado. Como vía excepcional y urgente, el Gobierno podría recurrir a un real decreto‑ley, que requiere convalidación posterior del Congreso y puede transformarse en proyecto de ley. En cualquier caso, la norma debe incluir disposiciones transitorias para proteger la seguridad jurídica de las oposiciones ya convocadas o en marcha.

1. Tipo de norma necesaria

La modificación del sistema de acceso (requisitos, pruebas, méritos, reservas de plazas, etc.) en empresas públicas estatales exige actuar con rango de ley porque:

Primero, incide en el régimen jurídico del empleo público y en principios constitucionales como igualdad, mérito y capacidad, que no pueden dejarse solo a reglamentos o decisiones internas. Segundo, afecta a derechos y expectativas de miles de aspirantes y trabajadores, por lo que se exige una cobertura normativa fuerte y estable. Por ello, el instrumento habitual es una ley ordinaria, que fija el marco general y deja a normas reglamentarias y convenios la concreción técnica.

2. Quién puede iniciar la reforma

La reforma puede llegar al Parlamento por dos grandes vías:

a) Proyecto de ley del Gobierno: el Consejo de Ministros aprueba un texto y lo remite al Congreso como proyecto de ley. Es la vía más frecuente cuando se trata de rediseñar políticas de empleo público o el funcionamiento del sector público empresarial, porque el Gobierno controla el contenido técnico y la coordinación con otras normas.

b) Proposición de ley: puede presentarla un grupo parlamentario o un número mínimo de diputados, el Senado, una asamblea legislativa autonómica o, en supuestos tasados, mediante iniciativa legislativa popular. El contenido es similar (modificar por ley el sistema de acceso), pero nace desde las Cámaras o la ciudadanía, no desde el Ejecutivo.

3. Fases en Congreso y Senado

a) Tramitación en el Congreso

Una vez registrado el proyecto o proposición, la Mesa del Congreso lo admite a trámite y se publica en el Boletín de la Cámara. Se abre un primer plazo de enmiendas de totalidad (o, en el caso de proposiciones, un debate de toma en consideración) donde los grupos pueden pedir su devolución o sustitución completa.

Superada esa fase, se entra en el trabajo de detalle: plazo de enmiendas al articulado para proponer cambios concretos; designación de una ponencia en la comisión competente (normalmente, la que trate de función pública o sector público empresarial); redacción de un informe y dictamen de la comisión, que integra las enmiendas aceptadas. Ese dictamen pasa al Pleno del Congreso, donde se debaten las posiciones de los grupos y se vota el texto definitivo del Congreso.

b) Tramitación en el Senado y vuelta al Congreso

El Senado recibe el texto y abre un nuevo plazo de enmiendas. La comisión correspondiente elabora su dictamen y el Pleno del Senado decide entre aprobar el texto sin cambios, introducir enmiendas o plantear un veto. Si hay enmiendas o veto, el texto vuelve al Congreso, que tiene la última palabra: puede aceptar o rechazar las enmiendas del Senado y levantar el veto con la mayoría exigida. Tras ello, la ley queda lista para sanción, promulgación por el Jefe del Estado y publicación en el BOE, momento a partir del cual entra en vigor en la fecha prevista.

4. Vía alternativa: real decreto‑ley

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede aprobar un real decreto‑ley que modifique de forma inmediata el sistema de oposiciones en las empresas públicas. Este instrumento tiene rango de ley, pero su uso está limitado materialmente y debe ser sometido al Congreso en un plazo máximo de 30 días para su convalidación o derogación.

El Congreso puede además acordar que ese decreto‑ley se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, abriendo así la posibilidad de introducir enmiendas y ajustes por parte de todos los grupos. Es una fórmula frecuente cuando se quiere implantar un cambio rápido, pero se admite que el Parlamento lo refine después.

5. Disposiciones transitorias y procesos en curso

Cualquier reforma del sistema de oposiciones debe resolver qué ocurre con las convocatorias ya publicadas o en ejecución. Para ello se incluyen disposiciones transitorias en la propia ley (o decreto‑ley), con tres ideas básicas:

En primer lugar, suele mantenerse el régimen anterior para los procesos ya convocados, de modo que se respetan las bases, temarios y criterios vigentes en la fecha de la convocatoria. En segundo lugar, se prevé la aplicación progresiva del nuevo sistema, por ejemplo solo a las ofertas de empleo aprobadas a partir de una determinada fecha. Y, en tercer lugar, se pueden fijar reglas específicas sobre baremos de méritos o fases ya superadas, siempre con el objetivo de evitar cambios a mitad de procedimiento que perjudiquen la confianza legítima de las personas opositoras.

La Abogacía General del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado no tiene una competencia “especial” autónoma sobre procesos selectivos de las empresas públicas, sino la que deriva de su función general de asistencia jurídica al Estado y al sector público institucional. Esa asistencia abarca tres planos: asesoramiento (informes sobre bases y convocatorias), representación y defensa en juicio cuando se impugnan los procesos, y control de legalidad a través de informes y, en su caso, expedientes de lesividad. En el caso concreto de empresas públicas estatales (entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales), esa intervención se articula normalmente mediante convenios de asistencia jurídica.

1. Marco normativo básico y ámbito subjetivo

El núcleo de competencias está en:

– Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que define la asistencia jurídica como “asesoramiento y representación y defensa en juicio” del Estado y sus organismos autónomos, y prevé su extensión a otros entes públicos, incluidas las entidades públicas empresariales, mediante convenio.
– Real Decreto 1040/2022, que modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado y fija el catálogo actualizado de funciones de la Abogacía General del Estado (art. 11 reproducido en el propio real decreto).
– Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que define el sector público institucional (incluyendo entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales) y prevé que la asistencia jurídica se rija por su normativa específica.
– Las leyes procesales, en particular la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, que remite expresamente a la Ley 52/1997 para la representación y defensa del Estado y demás entes del sector público.

La Ley 52/1997 aclara que, “salvo que sus disposiciones específicas establezcan otra previsión”, los Abogados del Estado pueden asumir la asistencia jurídica de entidades públicas empresariales mediante convenio, fijando la compensación económica correspondiente. El régimen de sector público institucional de la Ley 40/2015 y el art. 11 del Real Decreto 1040/2022 extienden esa lógica a las “restantes entidades que integran el sector público institucional estatal”, lo que incluye a las sociedades mercantiles estatales.

2. Asesoramiento e informes en procesos selectivos

El art. 11 del Real Decreto 1040/2022 configura la Abogacía General del Estado, con rango de Subsecretaría, como el órgano que desarrolla la función de asistencia jurídica “consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio” de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y, cuando proceda normativa o convencionalmente, del resto de entidades del sector público institucional estatal.

Entre sus funciones se incluyen, entre otras:

– El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y, “cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás entidades que integran el sector público institucional estatal”.
– El “informe en derecho de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales cuando sean sometidos a su consulta” y la formulación de recomendaciones normativas.

Aplicado a procesos selectivos de empresas públicas, esto se traduce en que la Abogacía del Estado puede:

– Informar jurídicamente las bases de convocatorias, criterios de selección y resoluciones si así lo prevé el convenio de asistencia jurídica o si la empresa pública (o su ministerio de tutela) remite la consulta.
– Advertir de eventuales riesgos de nulidad, discriminación o vulneración de principios de mérito, capacidad e igualdad, proponiendo ajustes a las bases o a los actos de selección.

No hay, sin embargo, una competencia normativa propia para “aprobar” o “validar” las convocatorias: el poder de decisión sigue siendo del órgano de gobierno de la empresa pública; la Abogacía actúa como órgano consultivo-jurídico.

3. Representación y defensa en impugnaciones

La Ley 36/2011 de la jurisdicción social dispone que la representación y defensa del Estado y demás entes del sector público se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 52/1997 y demás normas aplicables. Esta última establece que:

– La representación y defensa en juicio del Estado y sus organismos autónomos corresponde a los Abogados del Estado.
– Esa representación puede extenderse, mediante convenio, a entidades públicas empresariales y otros entes regulados por su normativa específica; por extensión, hoy se proyecta sobre las entidades del sector público institucional estatal que celebren convenio.
– En todos los procesos en que intervenga, los actos de comunicación procesal se entienden directamente con el Abogado del Estado en la sede de la Abogacía del Estado, y se declaran nulos los realizados en forma distinta cuando el ente está legalmente representado por la Abogacía.

En materia de procesos selectivos, esto significa que, impugnadas en vía contencioso‑administrativa o social las bases, listas de admitidos, calificaciones o adjudicaciones de plazas de una empresa pública estatal que tenga convenio de asistencia jurídica, la Abogacía del Estado asume normalmente la defensa procesal de la entidad (redacción de contestación, recursos, comparecencias en juicio, etc.).

4. Control de legalidad y actuaciones especiales

El art. 11 del Real Decreto 1040/2022 atribuye a la Abogacía General del Estado, entre otras funciones, el “informe de los expedientes que se incoen para declarar lesivos a los intereses públicos los actos de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos o de las demás entidades del sector público institucional estatal a las que preste asistencia jurídica, a efectos de la interposición, en su caso, del correspondiente recurso contencioso‑administrativo”.

En un contexto de procesos selectivos de empresas públicas, esto permite:

– Informar expedientes de lesividad cuando la propia entidad detecta que una resolución de selección puede ser contraria a Derecho pero firme, y se plantea su impugnación judicial.
– Establecer criterios generales de actuación (unidad de doctrina) sobre cómo deben ajustarse las bases y los actos de selección a la legalidad laboral, administrativa y de empleo público aplicable.

En suma, la Abogacía General del Estado actúa como servicio jurídico central del Estado y, vía convenios, de las empresas públicas estatales: asesora y emite informes sobre los procesos selectivos, defiende en juicio las convocatorias y resoluciones cuando se impugnan, y ejerce un control de legalidad esencialmente a través de informes preceptivos o facultativos y de su capacidad para impulsar expedientes de lesividad, pero sin sustituir la competencia decisoria de los órganos de gobierno de esas empresas.

El actual presidente de Renfe es Álvaro Fernández Heredia, nombrado por el Consejo de Ministros el 14 de enero de 2025 a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Su perfil combina una sólida formación técnica como ingeniero de caminos y doctor en transporte, más de dos décadas de experiencia en movilidad urbana y una incursión reciente en la política institucional. Ha desarrollado principalmente su carrera en el transporte público urbano (EMT Madrid y Auvasa Valladolid), en la administración central y en el ámbito académico, antes de dar el salto a la presidencia de la operadora ferroviaria estatal. Su trayectoria política se ha articulado en torno a la izquierda municipalista (Más Madrid) y a su estrecha relación profesional con Óscar Puente.

Formación y especialización técnica

Álvaro Fernández Heredia es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Doctor en Infraestructuras del Transporte por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde centró su investigación en la movilidad sostenible y, en particular, en el uso de la bicicleta. Su tesis doctoral, según destaca la información académica disponible, se centró en el “potencial de las variables latentes en modelos explicativos del uso de la bicicleta”, lo que lo sitúa como un especialista en comportamiento de la demanda de transporte y políticas de movilidad sostenible. Esta base técnica le ha permitido combinar análisis cuantitativo, planificación de sistemas de transporte y diseño de políticas públicas.

En el ámbito universitario ha sido profesor de Planificación del Transporte y director de másteres vinculados a la Ingeniería de Caminos y a la gestión de infraestructuras. Ha desarrollado labor investigadora en el Centro de Investigación del Transporte de la UPM y ha sido investigador invitado en el Politécnico de Turín y profesor visitante en la University of the West of England, con más de una treintena de publicaciones científicas sobre movilidad.

Trayectoria profesional en transporte y movilidad

Su trayectoria profesional se ha orientado casi por completo al transporte público, especialmente urbano, y a la gestión de organizaciones complejas:

En primer lugar, fue director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) entre 2015 y 2019, en el mandato de Manuela Carmena. Desde este cargo impulsó el desarrollo del sistema de bicicletas públicas BiciMAD, la modernización y electrificación progresiva de la flota y el saneamiento económico de la empresa, hasta su cese con el cambio de gobierno municipal. Posteriormente, asumió la gerencia de Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) durante alrededor de cuatro años, trasladando a una ciudad de tamaño medio modelos de eficiencia y mejora del transporte público urbano.

A escala sectorial, ha sido vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), participando en foros técnicos europeos de la Unión Internacional de Transporte Público. Además, ha colaborado en órganos de asesoramiento como el Consejo Asesor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Ya en la administración general del Estado, en 2024 fue designado primer secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un puesto de nueva creación orientado a articular la política estatal de movilidad, antes de su salto a la presidencia de Renfe. Diversas crónicas subrayan que, pese a su amplia experiencia en movilidad, hasta su nombramiento en Renfe no había desarrollado carrera profesional en el ámbito estrictamente ferroviario, algo que ha alimentado el debate político sobre su perfil.

Nombramiento y etapa al frente de Renfe

El Gobierno aprobó su nombramiento como presidente de Renfe en enero de 2025, en Consejo de Ministros, según la comunicación oficial del Ministerio de Transportes recogida por medios especializados (nota del Ministerio y análisis sectoriales como Alimarket y Diario del Puerto). Su designación se ha interpretado como una apuesta por trasladar al ferrocarril la lógica de la movilidad sostenible y la experiencia en gestión de grandes operadores públicos de transporte urbano.

Desde su llegada, los objetivos que se le atribuyen pasan por la modernización de la compañía, la mejora del servicio de Cercanías y Media Distancia y la integración de criterios de sostenibilidad en un contexto de liberalización del mercado ferroviario, según perfiles y entrevistas recogidos en prensa generalista y especializada (síntesis biográfica, Onda Cero, Hay Derecho, OkDiario). Algunas informaciones periodísticas destacan igualmente su participación en debates sobre indemnizaciones por retrasos y en la expansión internacional de Renfe, por ejemplo en proyectos en Arabia Saudí, aunque no se dispone de más detalle en las fuentes consultadas.

Trayectoria y vinculación política

En el plano político, Fernández Heredia dio el salto a la representación institucional como concejal del Ayuntamiento de Madrid en las listas de Más Madrid tras las elecciones municipales de 2023, y fue consejero de la EMT en esa misma etapa. Esta vinculación con el municipalismo progresista madrileño y su posterior incorporación al Ministerio de Transportes bajo el liderazgo de Óscar Puente han alimentado el debate sobre el grado de politización de su nombramiento al frente de Renfe.

Distintos medios subrayan que no es militante del PSOE, pero sí una figura cercana al entorno político del actual ministro, con quien ya coincidió indirectamente durante su etapa en Auvasa en Valladolid. Artículos de análisis como los de Onda Cero o Hay Derecho insisten en que su acceso a la presidencia de Renfe no se produjo mediante concurso abierto, lo que ha motivado críticas de algunos sectores por posible falta de transparencia y por la percepción de un reparto de puestos de alta dirección en empresas públicas con criterios políticos.

En todo caso, el retrato que se desprende de las distintas fuentes es el de un perfil híbrido: técnico especializado en movilidad sostenible, gestor de grandes operadores de transporte urbano y actor político-administrativo ligado a gobiernos progresistas a nivel local y estatal. Esta combinación de experiencia técnica, gestión pública y exposición política marca la trayectoria con la que ha llegado a la presidencia de Renfe.

Más detalles biográficos y de carrera pueden consultarse en su ficha biográfica y profesional en Wikipedia, en el seguimiento sectorial de Diario del Puerto, en análisis como Hay Derecho y en el perfil de carrera publicado por Onda Cero, así como en referencias adicionales en medios y redes especializadas (entrevista en vídeo, comentarios en X).