La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Aranxta Cabello, responsable de la portavocía de Hacienda, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados contra “el fraude del alcalde, José Luis Martínez-Almeida” vinculado a la tasa de basuras prevista para 2026.
Cabello, que en el último Pleno de Cibeles se reivindicó como la “portavoz legítima de Vox” en medio del conflicto interno con Javier Ortega Smith --expulsado de la formación y que ha llevado su caso a la Justicia ordinaria solicitando medidas cautelares--, ha indicado en una nota de prensa que vuelven a acudir a los tribunales, igual que hicieron con la tasa de 2025, porque “sigue siendo ilegal”.
“Volvemos a recurrir el fraude de Almeida con el que pretende sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló el anterior tasazo de residuos”, ha afirmado la edil. Mientras, el Ejecutivo municipal ha optado por presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La concejala sostiene que impugnan la tasa correspondiente a 2026 porque “realmente sigue siendo un impuesto a la posesión de los inmuebles”, sustentado en una ordenanza fiscal “mal diseñada y opaca”. A renglón seguido ha añadido que “si, como dice la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, no es posible calcular el coste de recoger y gestionar la basura, lo que tenía que haber hecho era llevarlo a los tribunales y no aplicarla, pero no aprobar otra tasa casi igual que la anterior, que además va a suponer un incremento generalizado de los recibos”.
“El PP de Almeida tenía una oportunidad para no implantarla pero ha preferido aprobar una nueva, prácticamente igual que la anterior, para seguir recaudando a costa de los madrileños”, ha criticado Cabello.
El recurso enfatiza que la tasa se apoya en un informe técnico-económico con “graves deficiencias en su diseño ya que más del 80% se vincula a los valores catastrales de los inmuebles”, y recuerda que los informes periciales “concluyen que el modelo no se aproxima al principio de quien contamina paga” y que existe “opacidad en la proyección de la recaudación total y en la incorporación del número de empadronados”. Según Vox, todo ello derivaría en “una subida casi generalizada de los recibos”.
En la demanda, Vox sostiene que durante la tramitación de la ordenanza fiscal se produjo la “omisión de documentación esencial en el trámite de información pública”, lo que a su juicio vulnera el derecho de participación de los madrileños, el mismo vicio que “ya provocó la anulación de la anterior tasa al considerar los tribunales que vulneraba el derecho de participación”.
“Vox no va a permitir este nuevo sablazo fiscal a los vecinos de Madrid. Seguiremos combatiendo esta estrategia del Consistorio de exprimir a los madrileños y de aprobar las mismas ordenanzas que ya han sido declaradas nulas por los tribunales”, ha asegurado Cabello.