Cantabria ha activado la emergencia cinegética temporal por jabalí en los municipios de Vega de Liébana, Cabezón de Liébana, Pesaguero, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente, con el objetivo de reforzar el control de la población de esta especie.
La medida está en vigor desde este miércoles, coincidiendo con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, y se mantendrá, como mínimo, hasta el 31 de diciembre, aunque podría prolongarse si la evolución de la situación así lo requiere.
Según ha señalado en un comunicado el Gobierno regional, la declaración de emergencia cinegética se adopta para contener el crecimiento "descontrolado" del jabalí y disminuir los riesgos que genera para la seguridad vial, la sanidad animal y las explotaciones agrarias.
Medidas extraordinarias de control
Esta figura permitirá desplegar un paquete de medidas extraordinarias en los cinco municipios incluidos en la resolución.
Entre ellas, se contempla la priorización y simplificación de las autorizaciones para el control de la especie que soliciten las entidades locales y los cotos de caza, con el fin de agilizar su tramitación y puesta en marcha.
Además, se incrementan en un 50% las batidas autorizadas y se suprimen los cupos de captura durante la actividad cinegética ordinaria, con el propósito de aumentar la presión sobre la población de jabalí.
Igualmente, se permite realizar controles poblacionales y batidas excepcionales fuera de la temporada de caza cuando continúen los problemas sanitarios o de seguridad vial, y se autoriza la práctica de aguardos o esperas, así como la captura mediante jaulas trampa en determinadas condiciones.
Para incrementar la eficacia de estas actuaciones, se habilita de forma excepcional el empleo de dispositivos tecnológicos como visores nocturnos, detectores de presencia o cebaderos controlados.
En las áreas donde no sea posible desarrollar la caza convencional, especialmente en espacios urbanos o próximos a núcleos de población, se reforzarán las intervenciones directas de los Agentes del Medio Natural.
Asimismo, la resolución veta la tenencia de jabalíes vivos o de sus híbridos en los municipios afectados y obliga al sacrificio de los ejemplares que estuvieran previamente autorizados.
La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), ha subrayado que esta decisión "responde a una situación que exige actuar con responsabilidad y firmeza para proteger tanto al sector primario como a la ciudadanía".
"Estamos ante un problema creciente que afecta a la seguridad de las personas, a nuestras explotaciones ganaderas y al equilibrio del medio natural", ha aseverado.
Ha defendido que con esta resolución se aportan herramientas "eficaces para reducir la población de jabalí y minimizar sus impactos negativos".
Según ha indicado, el Gobierno autonómico mantendrá un "seguimiento constante" de la evolución de la especie y no descarta prorrogar o ampliar las medidas si persisten las circunstancias que han motivado esta declaración.