La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha evitado este miércoles reprobar al alcalde de Lleida, el socialista Félix Larrosa, tras su nueva iniciativa para impedir el uso del velo integral en las dependencias municipales.
En los pasillos del Congreso, Saiz ha subrayado que el Ejecutivo respeta "en todo momento" la libertad religiosa, aunque ha remarcado que se trata de un asunto que exige un examen "sosegado". A su juicio, "tiene que haber mucha pedadogía, y por supuesto, hay que hacer esos análisis precisamente con los colectivos, con las personas que más en contacto están con la diversidad en nuestro país, y no hay que caer en demagogia".
Al ser interpelada sobre si el alcalde de Lleida se ha equivocado con su propuesta, la portavoz del Ejecutivo ha rehuido contestar con un 'sí' o un 'no' y ha insistido en que los debates se "alejen de la demagogia y del ruido". "Yo quiero poner el foco en el aporte, en la riqueza y en la diversidad que tiene nuestro país y el importante aporte que supone la población extranjera para España", ha concluido sobre este punto.
Integración y diversidad como eje del PSOE
El planteamiento del regidor de Lleida también se ha trasladado al ministro de Industria, Jordi Hereu, quien se ha limitado a expresar su "respeto" por las decisiones que se adopten en cada municipio, recordando que el PSOE "desde siempre" defiende "integrar a partir de la diversidad".
A ambos miembros del Gobierno se les ha cuestionado igualmente por la controversia en torno a la prioridad nacional incluida por PP y Vox en su acuerdo de gobierno en Extremadura. Saiz ha alertado de "la preocupante deriva" de las formaciones a la derecha y ha calificado esa propuesta de "avergonzante" y "bochornosa" tanto a nivel nacional como internacional.
Según ha detallado, lo que persiguen con esa medida "es limitar el acceso a la sanidad a las personas migrantes cuando en este país hay sanidad universal, discriminar aún más a las personas migrantes en el acceso a la vivienda y segregar nuestros barrios, nuestros colegios y nuestros hospitales".
Críticas al PP y defensa de la regularización
Saiz ha acusado al PP de haberse transformado en un partido "anticonstitucional" por vulnerar, a su juicio, los artículos 13 y 14 de la Constitución, y ha recalcado que el Gobierno se mantendrá "vigilante" ante ese "pacto de la vergüenza" en Extremadura.
En la misma línea, Jordi Hereu ha defendido que el Ejecutivo apuesta por los derechos de la ciudadanía y que existen razones "morales, políticas y también pragmáticas y económicas" para respaldar el proceso de regularización, que, en su opinión, "va acorde con los valores de la ciudadanía" porque lo que busca es "dar derechos a personas que viven ya en nuestro país".
Hereu ha insistido en que "no podemos obviar el importante aporte que hacen más de 7 millones de personas extranjeras, que son fuerza de crecimiento de nuestro mercado laboral" y que es necesario reconocer su contribución al progreso de España, "que es la realidad que tanto le duele y parece que le molesta al PP".