Las organizaciones agrarias Asaja Extremadura, La Unión y UPA-UCE, junto con la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, la asociación Aseprex y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, han vuelto a alzar la voz ante la “situación límite” que atraviesa el sector arrocero por la “entrada masiva” de producto procedente de terceros países y el impago de la última campaña.
En un comunicado conjunto, estas entidades advierten de que la “asfixia económica” y la “competencia desleal” ponen en serio riesgo la continuidad del cultivo del arroz en Extremadura, inmerso en una crisis “sin precedentes”.
Como respuesta, el sector, actuando de forma coordinada, reclama que se active la cláusula de salvaguarda o instrumentos equivalentes que permitan proteger el arroz europeo frente a las “importaciones descontroladas”, además de la aplicación de “cláusulas espejo” para garantizar que cualquier arroz que acceda al mercado europeo respete las mismas exigencias sociales y medioambientales que rigen en el continente.
Asimismo, piden un etiquetado “claro” sobre el origen del producto, defendiendo que el consumidor debe conocer de dónde procede el arroz que adquiere para “evitar fraudes y mezclas engañosas”, junto con una revisión de los aranceles y un ajuste de las tasas de importación que permita equilibrar la competencia con países que operan con “costes de producción ínfimos”.
A este contexto de “competencia desleal” se suma una “gravedad financiera extrema”, ya que los productores se encuentran en plena siembra de la campaña 2026, afrontando todos los gastos necesarios, mientras siguen sin percibir el pago del arroz correspondiente a la campaña 2025.
“Esta falta de liquidez es la estocada final para muchas familias. O los políticos sacan la cara y miran por el sector arrocero o nos vemos abocados al abandono y a la ruina total del sector”, han subrayado las organizaciones convocantes.