Las organizaciones profesionales agrarias con presencia en Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han decidido poner en marcha un nuevo calendario de movilizaciones conjuntas que dará comienzo el miércoles 20 de mayo en Valladolid, para denunciar el desplome de la rentabilidad agraria que está generando pérdidas en numerosos subsectores, especialmente en los cereales y en el resto de cultivos herbáceos.
En estas protestas, los convocantes reclamarán la puesta en marcha de medidas políticas, arancelarias y fiscales que permitan reducir los costes de los insumos y favorecer una recuperación de los precios en origen de los productos, “al menos hasta cubrir los costes de producción, tal como fija y obliga la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Las organizaciones agrarias también exigirán apoyos económicos “más allá de las ya aprobadas” mientras los mercados sigan desequilibrados por los grandes conflictos bélicos, y subrayan que, si bien las ayudas del Estado “nacieron escasas y ahora se han quedado todavía más cortas”, tanto la Unión Europea como la Junta de Castilla y León “ni siquiera se han acordado de los agricultores y ganaderos”.
Asimismo, el sector pedirá que se respeten, como mínimo, las condiciones fijadas en el Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (METSAF), aprobado el 29 de abril por la Comisión Europea, que contempla la posibilidad de compensar mediante ayudas hasta el 75 por ciento del sobrecoste adicional que asuman los agricultores y ganaderos hasta final de año por el encarecimiento de fertilizantes y carburantes.
Los convocantes señalan que, con una coyuntura bélica abierta en dos frentes, Oriente Medio y Rusia-Ucrania, la situación del campo se deteriora día a día, “al no repuntar las cotizaciones de los productos agrarios, mientras que siguen alcanzando récords los precios de los insumos, en particular de los carburantes y los fertilizantes”.
En este contexto, explican que el sector lácteo, que se encontraba en una fase “coyunturalmente más equilibrada”, se ha visto forzado “por la imposición de la parte compradora” a suscribir contratos trimestrales con una rebaja del 14 por ciento en el precio, un escenario que ha paralizado nuevas inversiones, está provocando el cierre de explotaciones y ha reducido la producción de leche mediante la bajada de los censos ganaderos.
A esta situación se añade la que afecta al conjunto de la ganadería por el impacto económico de enfermedades animales cuyo control escapa a la capacidad de actuación del propio sector, así como el “estado de alerta permanente y de desconfianza” que domina en el campo ante las posibles repercusiones de la entrada en vigor de acuerdos comerciales internacionales, como el de Mercosur y otros que se encuentran en tramitación.