QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Dentro de las funciones reconocidas legalmente, el Congreso de las Diputadas y Diputados tiene potestad para autorizar tratados y convenios internacionales. Así lo establece la Constitución en sus artículos del 93 al 96 y el título VII del Reglamento del Congreso (arts. 154-169), cobrando importancia a la par que otras funciones, tales como investir a un nuevo presidente del Gobierno, fiscalizar y controlar las actuaciones del Gobierno y aprobar leyes.
Por ello, recientemente, hemos firmado una carta a la Comisión Europea expresando nuestra preocupación respecto a los próximos pasos procedimentales hacia la adopción del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el bloque del Mercosur.
Aunque el acuerdo previsto entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y ahora también Bolivia) se lleva 23 años discutiendo, en el último trimestre las negociaciones se han precipitado. Actualmente se desarrollan a toda velocidad pero sin el necesario escrutinio parlamentario.
Junto con 305 representantes de los grupos parlamentarios verde, de izquierdas y socialdemócrata del Parlamento Europeo y parlamentos nacionales, hemos señalado en el escrito a Bruselas que el mandato de negociación que el Consejo de la Unión Europea dio a la Comisión Europea en 1999 fue claro: el acuerdo de asociación UE-Mercosur -partes comerciales, de cooperación y de diálogo político abordadas conjuntamente- debe ser aprobado por unanimidad por los Estados miembros de la UE en el Consejo, por mayoría en el Parlamento Europeo, así como por todos los parlamentos pertinentes a nivel nacional.
El mandato de negociación que el Consejo dio a la Comisión 1999 fue claro: el acuerdo de asociación UE-Mercosur debe ser aprobado por unanimidad por los Estados miembros de la UE, por mayoría en el Parlamento Europeo y por el resto de parlamentos a nivel nacional
La operación de la Comisión Europea de cambiar el proceso de votación y presentar un acuerdo interino para su aprobación -como se ha hecho en relación al acuerdo UE-Chile- con el fin de acelerar la entrada en vigor provisional del pilar comercial del acuerdo UE-Mercosur, nos parece antidemocrática y socava la participación democrática de los parlamentos.
Intereses económicos sobre la cooperación y el diálogo
En primer lugar, porque separar la parte comercial de su marco más amplio de cooperación política contradice el mandato de negociación que recibió la Comisión Europea por parte del Consejo y sería una señal lamentable de que la UE prioriza sus intereses económicos sobre la cooperación y el diálogo político con los países del Mercosur.
Además, los análisis jurídicos indican que este procedimiento constituye una desviación de lo previsto por el Consejo de la UE para el acuerdo UE-Mercosur, según el cual las concesiones comerciales deben enmarcarse en un acuerdo político más amplio.
De hecho, la intención al iniciar las negociaciones entre la UE y los estados del Mercosur era estrechar la cooperación no sólo económica, sino sobre todo política.
La operación de la Comisión Europea de cambiar el proceso de votación y presentar un acuerdo interino para su aprobación nos parece antidemocrática y socava la participación democrática de los parlamentos
En segundo lugar, suprimir el derecho de los parlamentos nacionales a votar a favor o en contra del acuerdo comercial sería inaceptable. Cambiar el proceso de votación ahora y proponer la adopción del pilar comercial sin la aprobación de los parlamentos a nivel nacional y el consentimiento de todos los Estados miembros de la UE en el seno del Consejo de la UE eludiría el control democrático y el debate público a nivel nacional y regional europeo que se había previsto inicialmente.
Las diputadas y los diputados del Congreso que hemos firmado la misiva queremos que se proteja nuestro derecho a opinar y el de nuestras y nuestros colegas en los demás países
La aprobación por los parlamentos nacionales y regionales, además de la aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo, es un acto democrático de crucial importancia y con amplias repercusiones económicas, sociales y medioambientales.
Consulta de estudios de impacto
Y para poder tomar una decisión es imprescindible poder consultar estudios de impacto y escuchar el análisis de las organizaciones agrarias, ecologistas y feministas, los sindicatos, las asociaciones de consumidores, PYMES o la economía social y solidaria.
A raíz de las movilizaciones ciudadanas contra los TTIP y el CETA y sus denuncias sobre la opacidad de las negociaciones, el Consejo de la UE prometió en 2018 “consultar” e informar “debidamente” a los parlamentos nacionales “desde el principio del proceso de preparación para la negociación de acuerdos comerciales”. También el PSOE aseguró en dos resoluciones más “transparencia” y “participación” con “carácter previo a su adopción definitiva”.
Por desgracia todo sigue igual. En tercer lugar, el propio acuerdo comercial no contiene ninguna referencia a los derechos humanos y la cláusula que permitiría la suspensión del acuerdo comercial en caso de violaciones graves de los derechos humanos figura en la parte del diálogo político, no en el pilar comercial.
Por lo tanto, separar la parte comercial de la parte más amplia relativa a la cooperación y al diálogo político significaría la entrada en vigor de la liberalización comercial sin ninguna condicionalidad en materia de derechos humanos.
Las diputadas y los diputados que hemos firmado la misiva queremos que se proteja nuestro derecho a opinar y el de nuestras y nuestros colegas en los demás países
La política comercial de la UE nunca debe socavar los derechos humanos, los derechos laborales, la protección ambiental y el bienestar de los animales, pero creemos que el acuerdo UE-Mercosur fracasa en este sentido. Por todas estas razones vamos a defender ante la cámara un proceso democrático para autorizar los tratados internacionales.
Instamos al gobierno para que evite en el Consejo cualquier intento del ejecutivo comunitario de forzar la aprobación y entrada en vigor “provisional” de un acuerdo interino como ya lo hicieron el parlamento neerlandés al adoptar una resolución o la Asamblea francesa.
SOBRE LA FIRMA Agustín Santos Maraver (diputado por Madrid), Verónica Martínez (diputada por Pontevedra), Carlos Martín (diputado por Madrid), Júlia Boada (diputada por Girona), Jorge Pueyo Sanz (diputado por Zaragoza) son parlamentarios del Grupo Plurinacional SUMAR en el Congreso de los Diputados.
