El PP-A llevará al próximo Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley para mostrar su rechazo al modelo de cotización “complejo” aplicado a los trabajadores autónomos por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que achaca claras “disfunciones detectadas en su aplicación”, y para exigir su revisión en profundidad.
La iniciativa plantea que el futuro Gobierno central que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre revise el sistema de cotización por rendimientos netos. Se reclama que se asegure una rebaja real de las cuotas para los autónomos con menos ingresos, una mayor adecuación a los rendimientos efectivamente obtenidos, la aprobación con antelación de bases y tipos, la simplificación de las regularizaciones, la exclusión de los periodos legalmente protegidos cuando proceda y la supresión de recargos e intereses por errores o demoras atribuibles a la administración.
El texto reclama el rechazo a un sistema de cotización por rendimientos netos “injusto, con regularizaciones posteriores e incertidumbre sobre las cuotas futuras, que mantiene cargas desproporcionadas para determinados trabajadores autónomos, especialmente para los autónomos societarios y familiares colaboradores, a quienes se impone, en determinados supuestos, una base mínima definitiva de cotización superior a la correspondiente a sus rendimientos reales”.
Asimismo, se pide a la Cámara que muestre su oposición a la política seguida por el Ejecutivo desde 2018 “de incrementar sucesivamente los costes laborales y contributivos, mediante la elevación exponencial de las cotizaciones sociales; la introducción y el aumento progresivo del mecanismo de equidad intergeneracional, y la sucesiva actualización del salario mínimo interprofesional, sin establecer mecanismos suficientes de compensación para las pequeñas actividades económicas con menor capacidad de absorción de estos costes”.
En este contexto, se insta al Gobierno central a fijar “una bonificación del 100% de las cuotas empresariales durante doce meses por la contratación del primer trabajador y del 50% por el segundo, condicionadas al mantenimiento del empleo”, además de impulsar una política de incremento de los salarios reales basada en la concertación social, la mejora de la productividad y el crecimiento económico.
Por otro lado, el PP-A propone que el Parlamento repruebe que, pese a los problemas de morosidad comercial que soportan los pequeños negocios, el Ejecutivo nacional no haya impulsado en ocho años “una reforma suficientemente eficaz del régimen de devengo y recuperación del IVA en las operaciones impagadas, manteniendo un sistema en el que los empresarios pueden verse obligados a ingresar cuotas correspondientes a facturas que todavía no han cobrado”.
En consecuencia, se solicita al Gobierno que modifique dicho régimen para aproximar “la exigibilidad del impuesto al cobro de las operaciones dentro de los límites permitidos por el Derecho europeo, simplificar la recuperación del IVA de los créditos incobrables, reforzar los mecanismos de reclamación de deudas comerciales y garantizar el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago por empresas y administraciones públicas, con especial protección de los trabajadores autónomos”.
La proposición también reclama al Ejecutivo central que revise las cargas fiscales y regulatorias que afectan a los suministros profesionales, que articule mecanismos temporales, proporcionados y selectivos de compensación ante subidas extraordinarias de costes debidamente justificadas, y que promueva incentivos fiscales y financieros para la eficiencia energética, la modernización de las instalaciones y la rebaja de los gastos fijos de explotación.
Igualmente, se le solicita la aprobación de un programa específico de simplificación administrativa y tributaria para los autónomos; la reducción, cuando sea legalmente posible, de la frecuencia y el número de declaraciones de las actividades de menor tamaño; la eliminación de información duplicada entre administraciones, y la puesta a disposición de herramientas públicas gratuitas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones digitales.
Del mismo modo, se insta al Ejecutivo nacional a revisar los requisitos económicos y documentales para acceder al cese de actividad, reforzar su cobertura ante cierres involuntarios o situaciones de inviabilidad acreditada del negocio, agilizar los procedimientos de reconocimiento y revisión, mejorar la protección en casos de enfermedad grave o incapacidad temporal y asegurar una correspondencia real entre las obligaciones de cotización y los derechos de protección social de los trabajadores por cuenta propia.
Otra de las peticiones dirigidas al Gobierno es “reforzar las bonificaciones y ayudas para la sustitución temporal de trabajadores autónomos, evitar regularizaciones perjudiciales derivadas de periodos legalmente protegidos, revisar el sistema de reintegro por pluriactividad y perfeccionar las modalidades de jubilación activa, ampliando las posibilidades de continuidad profesional y relevo generacional, especialmente en los pequeños negocios familiares y rurales”.
Finalmente, se reclama que el Gobierno, previa concertación con las organizaciones representativas y las comunidades autónomas, apruebe un programa integral de apoyo al trabajo autónomo que incluya incentivos fiscales y contributivos para la creación y consolidación de actividades, facilidades para la segunda oportunidad, medidas específicas de relevo generacional, respaldo a la contratación y a la continuidad de negocios en el medio rural y compromisos verificables de reducción de cargas.