El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha determinado este martes que la proposición de ley que modifica la ley de urbanismo para restringir las compras especulativas de vivienda, impulsada por los Comuns y pactada con el Govern, vulnera el derecho a la propiedad privada.
En un dictamen no vinculante sobre la adecuación de la norma a la Constitución y al Estatut, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano responde así a las peticiones de revisión formuladas por los grupos parlamentarios de Junts y PP.
Según el CGE, la proposición de ley entra en conflicto con los preceptos de la Constitución relativos a los derechos de propiedad y sucesión, así como con los artículos que garantizan la libertad de empresa.
La iniciativa legislativa pretende acotar la adquisición de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado cuando el objetivo sea revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquiler turístico o de temporada, dejando en manos de los ayuntamientos la decisión sobre su aplicación.
Seguridad jurídica y reparto competencial
El órgano también ha apuntado una “falta de la suficiente certeza y previsibilidad” en el articulado, lo que, a su juicio, vulnera el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución.
Del mismo modo, el CGE sostiene que el texto contraviene el Estatut en lo relativo a la competencia en materia de derecho civil e invade la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales.
Respecto a la tramitación de la norma por el procedimiento de lectura única en el Parlament, cuestionada igualmente en los recursos de Junts y PP, el CGE aprecia una vulneración de la participación del Consell de Governs Locals o de las entidades representativas.
Por ello, el órgano recomienda que, en la tramitación actualmente en curso, que se reanudará en el próximo periodo de sesiones a finales de septiembre o principios de octubre, “se pueda hacer efectiva la mencionada participación de la representación de los entes locales”.