¿Puede haber otro terremoto fuerte en Granada? Qué significan las réplicas y qué se puede prever

En España, la investigación sobre terremotos no ha logrado aún la predicción exacta (día, hora, lugar y magnitud), y los propios organismos científicos insisten en que eso sigue siendo imposible en la práctica. Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado de forma importante en vigilancia, pronóstico probabilístico y sistemas de alerta temprana, apoyados cada vez más en redes de sensores densas y en herramientas de inteligencia artificial (IA).

Marco institucional y planes recientes

El principal actor estatal es el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que gestiona la Red Sísmica Nacional. En 2025 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcanológica y de otros Fenómenos Geofísicos 2025‑2028 , elaborado por el IGN. Este plan prevé 58 medidas para reforzar las redes de detección de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y otros fenómenos geofísicos, mejorar las comunicaciones de alerta y coordinar mejor a las distintas administraciones.

Según esa nota oficial, la Red Sísmica Nacional incorporará herramientas basadas en IA para mejorar las alertas tempranas en caso de terremotos, con el objetivo de reducir los tiempos de aviso y anticipar mejor los efectos. El Plan subraya que los seísmos son “mucho más difíciles de gestionar o predecir”, por lo que el esfuerzo se centra en detectar rápido, estimar daños probables y activar la respuesta, más que en una predicción determinista.

En paralelo, la Comisión Española de Geodesia y Geofísica (CEGG), adscrita también al IGN, coordina la colaboración científica en sismología y disciplinas afines. La XII Asamblea Hispano‑Portuguesa de Geodesia y Geofísica (Madrid, 2026) se presenta como foro de intercambio entre investigadores españoles y portugueses para mejorar la prevención, detección y alerta frente a geopeligros, incluidos los terremotos, y reforzar la resiliencia y la capacidad de respuesta.

Redes sísmicas y capacidad de detección

La investigación aplicada se apoya en redes sísmicas cada vez más densas y sofisticadas. Un ejemplo destacado es la Xarxa Sísmica de Catalunya, gestionada por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) , con más de 50 estaciones distribuidas por el territorio y zonas limítrofes. Estas estaciones usan sensores de banda ancha, transmiten datos en tiempo casi real vía satélite y permiten localizar con gran precisión miles de pequeños sismos al año, la mayoría no perceptibles.

El ICGC integra sus datos en la red europea EIDA, lo que facilita la investigación internacional sobre peligrosidad sísmica y mejora los modelos de riesgo. La propia Generalitat subraya que el objetivo no es “riesgo cero”, sino gestionar el riesgo a través de mejor información, cartografía y avisos rápidos a Protección Civil.

IA, protección civil y pronóstico

Más allá de la sismología clásica, la Estrategia Nacional de Protección Civil aprobada en 2024 incorpora explícitamente la IA como herramienta clave. Un análisis publicado en Demócrata sobre inteligencia artificial para la protección civil destaca que la Estrategia prevé “estudiar y valorar posibles vías de actuación” para aplicar IA a la detección temprana de riesgos, análisis de riesgos en cascada y valoración temprana de daños.

En la práctica, esto se traduce en proyectos que combinan datos sísmicos, topográficos y meteorológicos con información en tiempo real de sensores, cámaras o satélites para identificar anomalías y anticipar desastres. En España y a nivel europeo se están ensayando sistemas que:

• Afinan los modelos probabilísticos de dónde es más probable que ocurran seísmos significativos a medio y largo plazo.
• Mejoran los sistemas de alerta temprana que, una vez iniciado un terremoto, pueden dar segundos o decenas de segundos de margen a infraestructuras y población antes de que llegue la sacudida fuerte.
• Ayudan en la evaluación post‑desastre (daños en edificios, infraestructuras críticas, etc.) a partir de grandes volúmenes de datos.

Avances reales y limitaciones

A partir de las fuentes oficiales y divulgativas consultadas se puede sintetizar así la situación:

• No existe predicción determinista: organismos como el IGN y otros expertos recuerdan que no se puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto concreto. La investigación en España asume este límite físico y se centra en probabilidades, escenarios y alertas.
• Fuerte apuesta por la vigilancia y la alerta temprana: el Plan Nacional de Vigilancia y las redes autonómicas (ICGC, SISMOCAT, etc.) invierten en más estaciones, mejor transmisión de datos y algoritmos de tratamiento automático, incluidas técnicas de IA.
• Colaboración académica e internacional amplia: solo en el Plan Nacional de Vigilancia han participado 54 entidades académico‑científicas y administraciones, y se mantiene una cooperación estrecha con Portugal y con redes europeas.
• Orientación a la gestión del riesgo: la prioridad es traducir el conocimiento científico en mapas de peligrosidad, normas sismorresistentes, planes de emergencia y sistemas de aviso, más que en prometer una predicción individual del próximo gran seísmo.

En conjunto, la investigación española sobre terremotos está en línea con el consenso internacional: no puede predecir seísmos individualizados, pero sí mejorar de forma continua la capacidad de anticipar dónde es más probable que ocurran, detectar rápidamente los que se producen y reducir sus consecuencias sobre la población y las infraestructuras.

En España, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el organismo de referencia del Estado en sismología. Sus funciones combinan la vigilancia científica continua de la actividad sísmica, la operación de redes de observación, la generación de información para alertas tempranas y la aportación de base técnica a la normativa y a la planificación de emergencias, en estrecha coordinación con otras administraciones.

Vigilancia sísmica y redes de observación

El IGN dirige y explota la Red Sísmica Nacional, que registra la actividad sísmica en todo el territorio español y zonas próximas. A través de una red de estaciones instrumentales distribuidas por la península, Canarias, Baleares y el entorno del mar de Alborán, el IGN:

• Detecta y localiza los terremotos (magnitud, hipocentro, zona afectada).
• Analiza su peligrosidad y el patrón de series sísmicas o enjambres.
• Mantiene actualizado el registro oficial de sismos que se usa como referencia científica, técnica y administrativa.

Según la estructura orgánica fijada por el Real Decreto 253/2024, el IGN tiene la competencia de planificar y gestionar los sistemas de observación geofísica, lo que incluye:

• Redes sísmicas y estaciones asociadas.
• Redes geodésicas y de mareógrafos relacionadas con tsunamis y deformación del terreno.
• Sistemas de observación de actividad volcánica y otros fenómenos geofísicos (geomagnetismo, meteorología espacial).

Funciones de alerta y sistemas de aviso

En el ámbito sísmico, el IGN no solo observa, sino que participa en la emisión de información temprana que sirve de base para las alertas de protección civil:

• El Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcanológica y de Otros Fenómenos Geofísicos 2025‑2028, aprobado por el Consejo de Ministros y elaborado por el IGN, prevé 58 medidas para reforzar redes de vigilancia y mejorar los sistemas de comunicación y respuesta ante terremotos, erupciones y tsunamis, incluyendo herramientas de inteligencia artificial para alertas rápidas.
• En virtud del Real Decreto 1053/2015, la Red Sísmica Nacional del IGN forma parte del Sistema Nacional de Alerta ante Maremotos, actuando como órgano encargado de detectar, valorar e informar en primera instancia sobre fenómenos que puedan generar tsunamis.
• La nota oficial del Ministerio de Transportes subraya que la misión del Plan es coordinar diferentes sistemas de vigilancia “de forma que actúen como uno solo”, acelerando los tiempos de alerta y reduciendo riesgos.

Estas funciones técnicas no equivalen a lanzar directamente mensajes a la población (que corresponde a Protección Civil), pero sí a proporcionar la información experta y en tiempo casi real que desencadena esas alertas institucionales.

Marco normativo y apoyo a políticas públicas

El IGN también cumple un papel normativo y de soporte regulatorio:

• El Plan Nacional de Vigilancia, elaborado por el IGN, recoge los recursos técnicos y normativos existentes en materia de vigilancia y alerta de “geopeligros” y sirve de base para futuras políticas públicas de gestión de desastres, según la nota del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
• A través de sus estudios y mapas de peligrosidad y sismicidad, el IGN aporta la base científica usada en la normativa sismorresistente y en la planificación urbanística y de infraestructuras en zonas con mayor riesgo.
• Participa en convenios y proyectos con universidades y consorcios científicos, para desarrollar instrumentación y metodologías avanzadas ligadas a la vigilancia sísmica, volcánica y de maremotos.

Coordinación con emergencias y otras administraciones

El diseño del sistema español de gestión del riesgo sísmico se apoya en la coordinación estrecha entre el IGN y los servicios de protección civil:

• El Plan Nacional, presidido técnicamente por el IGN, integra a 54 entidades académicas, científicas y administrativas, reforzando la coordinación interinstitucional en la detección, intercambio de datos y respuesta.
• En el sistema de alerta ante maremotos, el IGN se coordina con Protección Civil y otros organismos para que la información técnica se traduzca en decisiones operativas (avisos, evacuaciones, activación de planes territoriales).
• En crisis concretas (p. ej., La Palma 2021 o series sísmicas recientes), el IGN suministra informes continuos sobre la evolución del fenómeno, que sirven de soporte a los centros de emergencias autonómicos y estatal.

En síntesis, en materia de sismología el Instituto Geográfico Nacional es el núcleo técnico del sistema español: observa, analiza, coordina redes, alimenta las alertas y sostiene la normativa y la planificación de emergencias, en colaboración con el resto de administraciones competentes.

La normativa española sobre planes de emergencia sísmica se apoya en un “bloque” de protección civil que fija tanto el marco general como los requisitos específicos para el riesgo sísmico. En síntesis, los planes deben elaborarse de forma coordinada entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales, siguiendo una estructura mínima común que asegure la interoperabilidad, la información a la población y la atención a personas vulnerables.

1. Marco normativo básico

A nivel estatal, los requisitos para planes de emergencia sísmica se articulan principalmente a través de:

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (texto en BOE), que establece la organización del sistema, los tipos de planes (territoriales y especiales) y el principio de coordinación entre administraciones.
• Norma Básica de Protección Civil (actualizada por el Real Decreto 524/2023), que determina que el riesgo sísmico debe abordarse mediante planes especiales en los ámbitos territoriales que lo requieran.
• Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de abril de 1995 y publicada por Resolución de 5 de mayo de 1995 (Directriz Sísmica), modificada en 2004. Esta directriz fija los requisitos mínimos de los planes especiales sísmicos.
• Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010 y publicado por Resolución de 29 de marzo de 2010 (Plan Estatal 2010), que concreta la organización y procedimientos de los recursos estatales.

2. Niveles territoriales y coordinación

La Directriz Sísmica establece tres niveles de planificación:

• Plan Estatal: organiza los recursos y servicios del Estado cuando está en juego el interés nacional o se requiere apoyo a las comunidades autónomas.
• Planes de las comunidades autónomas: son obligatorios en las comunidades que incluyen áreas de peligrosidad sísmica (definidas mediante el mapa de peligrosidad del Instituto Geográfico Nacional) y deben ser homologados conforme a la Directriz.
• Planes de actuación de ámbito local: se encuadran dentro de los planes autonómicos y desarrollan la operatividad en municipios y entidades locales.

La Directriz exige que todo este sistema funcione como un “modelo nacional mínimo” integrado, de forma que los planes estatal, autonómicos y locales sean coordinables e integrables entre sí. Se prevén:

• Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI), donde se sientan conjuntamente representantes del Estado y de la comunidad autónoma para la dirección de la emergencia.
• Mecanismos para movilizar medios de otras comunidades no afectadas y para solicitar ayuda internacional a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

3. Contenido mínimo de los planes sísmicos

La Directriz Sísmica y el Plan Estatal fijan una serie de requisitos de contenido que deben respetar los planes autonómicos y locales para ser homologados:

• Análisis de peligrosidad y riesgo: identificación de las áreas de peligrosidad sísmica (intensidades ≥ VI EMS, periodo de retorno 500 años) y evaluación de daños potenciales sobre población, edificaciones, infraestructuras y servicios esenciales.
• Definición de fases y situaciones: al menos una fase de “intensificación del seguimiento e información” y una fase de “emergencia”, con situaciones 0, 1, 2 y 3 según gravedad, extensión y necesidad de medios externos, más una fase de “normalización”.
• Medidas de intervención: salvamento y socorro, asistencia sanitaria urgente, evacuación, albergue y asistencia social, restablecimiento de servicios esenciales, control sanitario, seguridad y orden público, medidas sobre edificaciones dañadas y sobre infraestructuras estratégicas.
• Estructura organizativa: órganos de dirección política, dirección operativa, comités asesores, gabinetes de información y puestos de mando avanzados, con definición clara de competencias.
• Sistema de información sísmica: uso de los avisos del Instituto Geográfico Nacional (parámetros focales, área afectada, intensidades estimadas) y procedimientos de difusión rápida a autoridades y población.

4. Información a la población, simulacros y colectivos vulnerables

La Directriz y las modificaciones introducidas por la Orden PCI/1283/2019, desarrolladas en el Plan Estatal, imponen requisitos específicos en tres ámbitos:

• Información y educación preventiva: obligación de establecer programas de información ciudadana sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto, con campañas accesibles y continuadas.
• Alertas y comunicaciones en emergencias: los planes deben prever sistemas de aviso a la población (sirenas, medios de comunicación, telefonía, etc.) y protocolos para mantener informada a la ciudadanía durante todas las fases, incluyendo la situación 0 de sismos “sentidos” sin daños.
• Simulacros y formación: los planes han de contemplar ejercicios y simulacros periódicos y la formación específica de los servicios de intervención. La normativa reciente impone que todo ello incorpore medidas concretas para personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables (accesibilidad de la información, protocolos específicos, recursos adaptados).

En conjunto, la normativa española no solo obliga a disponer de planes de emergencia sísmica allí donde existe peligrosidad, sino que exige que esos planes tengan un diseño homogéneo, coordinado y orientado a la protección efectiva de toda la población, con especial atención a la interoperabilidad entre administraciones y a la inclusión de las personas más vulnerables.