La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha reiterado este lunes que el fallo detectado en Pisa 2025 responde principalmente a un problema técnico vinculado a la aplicación inadecuada de la tasa de exención. Ha explicado que ya se están analizando en detalle las causas del incidente y ha recalcado que “si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo”.
Niubó ha comparecido ante la Comisión de Educación y FP del Parlament acompañada del secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez. Durante su intervención, ha recordado que la OCDE establece que el alumnado exento no puede superar el 5% de la muestra, mientras que en Catalunya la proporción se elevó hasta el 23%.
Ha subrayado que el Departament mantiene su compromiso de actuar con la máxima transparencia y ha prometido trasladar las conclusiones de la investigación interna, así como las posibles responsabilidades que se deriven.
Según los datos que ha ofrecido, en Catalunya quedaron exentos 591 alumnos de un total de 2.545 participantes. Ha precisado que fue en 2026 cuando la OCDE concluyó que la elevada tasa de exención hacía que la muestra catalana “no pueda ser representativa”, lo que impide comparar los resultados con otros países o con la propia serie histórica de Catalunya.
“Se actuará en consecuencia”
La consellera ha insistido en que se trata de un problema de representatividad estadística de la muestra: “Cuando dispongamos de la información pertinente, esta se trasladará y se determinará el error y se derivará la responsabilidad”.
Ha añadido que “pueden estar seguro que se actuará en consecuencia. Y, por lo tanto, pueden tener la certeza de que si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo, como hemos hecho, de hecho, en otras ocasiones”.
Coincidencia con las pruebas de final de etapa
Niubó ha puesto el foco en que el 23,2% de exención registrado en Pisa “es parecido” al porcentaje de estudiantes que no realizaron las pruebas catalanas de final de etapa de 4.º de la ESO el curso pasado, celebradas en el mismo periodo temporal.
Ha detallado que “las pruebas catalanas se administraron los días 10 y 11 de abril del 2025, en medio del periodo de aplicación de Pisa, que fue del 31 de marzo al 16 de mayo. Esto significa que los mismos 51 centros educativos que fueron muestrados en Pisa también tuvieron que aplicar, en muy poca diferencia de tiempo, dos evaluaciones sometidas a marcos diferentes, la de Pisa y las pruebas de final de etapa de 4º de la ESO, que recuerden que eran censales”.
A su juicio, este solapamiento “permite plantear que se pudiera haber generado confusión en los centros sobre los criterios que se debían usar”. Ha admitido que la incidencia ya no se puede corregir, pero sí extraer lecciones para evitar que se repita.
En este contexto, ha recordado que se ha aprobado la creación de la Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación, un órgano técnico y “permanente que ordenará y controlará la aplicación de todas las pruebas del sistema”.
Transición hacia la Agència d’Avaluació
Niubó ha enmarcado la aplicación de las pruebas en un periodo de transición institucional, del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu a la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació. Ha remarcado que “esta transición en ningún caso puede servir de excusa”, aunque considera que debe tenerse en cuenta para entender el contexto y precisar qué falló.
Ha defendido que “este incidente no desacredita la apuesta del Departament por la evaluación, al contrario, demuestra hasta qué punto se debía reforzar y se debe seguir reforzando el modelo de evaluación educativa sistémica y, en general, los controles de calidad técnica”.
Asimismo, ha sostenido que la reactivación de la Agència d’Avaluació i Prospectiva responde a la necesidad de contar con un organismo “con la solvencia y la capacidad técnica que Catalunya necesita”. De cara a la próxima edición de Pisa, la de 2029, Niubó ha subrayado que estos mecanismos de evaluación y control “deberán estar plenamente desplegados”.
Adjudicaciones y errores previos
La consellera ha recordado que es el segundo año consecutivo que acude al Parlament para aclarar un error en la gestión de algún proceso: en la ocasión anterior, por las adjudicaciones de las plazas de verano, y ahora por las pruebas Pisa 2025.
Ha indicado que el 88% del profesorado consiguió la plaza solicitada en primera opción y que se ha reducido “de manera muy significativa el número de personas adjudicadas más allá de la quinta comarca”, indicador que el Departament utiliza para medir cuántos docentes deben desplazarse lejos de su residencia.
En este sentido, ha detallado que en el curso 2024-25 había 3.200 profesores en esta situación, en el 2025-26 la cifra bajó a 300 y que, para el próximo curso, serán 107. Niubó ha defendido que el buen funcionamiento de las adjudicaciones de verano “no es casual, es el resultado de haber analizado un proceso, haber reconocido un problema y haber priorizado su reforma”.