El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a elevar el tono contra Isabel Díaz Ayuso y el resto de gobiernos autonómicos del PP por su gestión de los incendios. Este lunes, Puente ha calificado de «ideas de bombero» algunas de las medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid y ha reprochado a los populares que reclamen ahora la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), pese a que, según ha recordado, se opusieron a su creación durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
El ministro ha situado la controversia en un debate más amplio sobre el mantenimiento de los servicios públicos, los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios y el modelo energético. «Es importante que los ciudadanos sepan, cuando van a meter la papeleta en la urna, que esto no va de “que te vote Txapote”», ha afirmado, en referencia al lema utilizado contra Pedro Sánchez durante la última campaña electoral. A su juicio, lo que está en juego es «cómo se van a sustentar unos servicios públicos de calidad» y cuál debe ser el modelo energético del país.
Puente también ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de eludir esas discusiones y concentrar su estrategia en los procedimientos judiciales que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno. El ministro considera que, una vez superada la actual oleada de incendios, el debate político volverá a desplazarse hacia esos asuntos.
«Cuando pase el verano y se extingan los incendios, se volverá a despedir a los efectivos de extinción, se dirá que no tiene sentido mantener estos servicios en invierno y los gobernantes del PP volverán a centrar el debate en el hermano del presidente, en su mujer o en la amnistía», ha pronosticado. Para Puente, estas controversias actúan como «distracciones» frente a las decisiones estructurales sobre prevención, medios públicos y política climática.
Las autonomías dirigen la prevención y la extinción ordinaria
El cruce de acusaciones se produce en un ámbito en el que las responsabilidades están repartidas entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Las autonomías tienen las competencias ordinarias en materia de montes, protección del medio ambiente, prevención y extinción de incendios forestales dentro de sus territorios. Les corresponde diseñar, financiar y mantener sus propios dispositivos, incluidos los cuerpos de bomberos forestales, agentes, vehículos, bases y medios aéreos autonómicos.
Esto significa que la primera respuesta ante un incendio y la dirección de la emergencia corresponden, con carácter general, al Gobierno autonómico afectado. También recaen sobre las comunidades las labores preventivas: gestión forestal, vigilancia, elaboración de planes, mantenimiento de cortafuegos y organización de los operativos durante todo el año.
La competencia autonómica, sin embargo, no exime al Estado de responsabilidades. La Ley de Montes atribuye a la Administración General del Estado el despliegue de medios estatales de apoyo para proteger los montes frente al fuego. Ese dispositivo incluye las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales —BRIF—, medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica, efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, cuando se solicita y autoriza, la UME.
Mientras una emergencia siga siendo de interés autonómico, el Estado aporta sus medios como refuerzo y estos se integran bajo la dirección establecida por el correspondiente plan regional. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil obliga al Estado a facilitar a las autonomías y a las entidades locales los recursos humanos y materiales disponibles, aunque el incendio no haya sido declarado de interés nacional.
El reparto cambia cuando el ministro del Interior declara una emergencia de interés nacional, como ha sucedido con los incendios que afectan a Madrid, Ávila y Toledo. En ese nivel, conocido como situación operativa 3, Interior asume la dirección y coordinación del conjunto del dispositivo y pasa a gestionar los recursos estatales, autonómicos y locales movilizados en el territorio afectado. La UME puede asumir entonces la dirección operativa bajo la autoridad del ministro.
Por tanto, afirmar que los incendios son únicamente responsabilidad autonómica o exclusivamente estatal simplifica un sistema en el que las comunidades gestionan la prevención y la extinción ordinaria, mientras el Estado debe mantener y desplegar capacidades nacionales de refuerzo y asumir la coordinación cuando la gravedad supera el ámbito de una autonomía.
Los hidroaviones son responsabilidad del Estado
Los grandes aviones anfibios Canadair, conocidos como FOCA o popularmente como «botijos», forman parte de ese dispositivo estatal. No pertenecen a las comunidades autónomas. La flota está compuesta por 14 aeronaves: once son propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica y tres, del Ministerio de Defensa.
Todos los aparatos se gestionan como una única flota. Dependen orgánicamente de Defensa, son operados y mantenidos por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio y dependen funcionalmente de Transición Ecológica, que decide su despliegue en función del riesgo y de las solicitudes formuladas por las comunidades autónomas.
En una situación ordinaria, la autonomía pide el apoyo y el Ministerio distribuye los aviones, que tienen cobertura nacional y no están adscritos permanentemente al territorio donde se encuentra su base. Cuando coinciden varios grandes incendios, el Estado debe priorizar su asignación de acuerdo con la evolución de los fuegos y el riesgo para la población.
Según la información facilitada por el Ministerio, el dispositivo estatal cuenta actualmente con 56 medios aéreos de distinto tipo, de los cuales 21 pueden transportar agua. Catorce son los grandes Canadair, aunque normalmente permanecen diez en vuelo y cuatro en rotación por las horas de descanso obligatorias de las tripulaciones, el mantenimiento y las revisiones de las aeronaves.
Una modernización pendiente desde 2022
El estado de esta flota también ha entrado en la confrontación política. En marzo de 2022, Transición Ecológica declaró «urgente» e «imperativa» la modernización de once aviones CL-215T debido a su antigüedad y a la necesidad de actualizar sus sistemas. Sin embargo, el proyecto no se ha ejecutado cuatro años después.
El Ministerio sostiene que aquel expediente no contemplaba la compra de nuevas aeronaves, sino la instalación de sistemas y programas informáticos actualizados en los aviones existentes. El procedimiento terminó paralizado después de que el fabricante elevara el precio y los servicios jurídicos desaconsejaran la adjudicación por no cumplir los requisitos administrativos.
De modo que, si bien el Estado no ha incorporado ningún refuerzo aéreo desde 2022, pero sí ha contratado helicópteros y aviones de apoyo para las campañas de 2025, 2026 y 2027, sin embargo, sí continúa pendiente la modernización técnica de los once Canadair que fue declarada urgente hace cuatro años, y la flota estructural de grandes hidroaviones todavía no ha aumentado.
Hasta 2023 existían 18 aparatos, pero cuatro fueron retirados y subastados por haber quedado obsoletos, lo que redujo la flota a los 14 actuales. En abril de 2024, los ministerios de Transición Ecológica y Defensa acordaron adquirir siete nuevos DHC-515 y actualizar los modelos Canadair existentes por un importe de 375 millones de euros. Las entregas, no obstante, no comenzarán hasta 2027 y se realizarán de forma escalonada.
La Administración central es, por tanto, responsable de adquirir, modernizar, mantener y distribuir estos hidroaviones. Las comunidades no pueden comprar ni gestionar la flota estatal, aunque sí deben disponer de sus propios medios y solicitar los refuerzos nacionales cuando la situación lo requiera. Este reparto coloca el mantenimiento de los Canadair y el retraso de su actualización en el ámbito del Gobierno central, mientras la suficiencia de los operativos terrestres y autonómicos corresponde a cada Ejecutivo regional.
Ayuso evita responder, pero deja una crítica
Ayuso ha optado por no responder directamente a Puente. Desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, la presidenta madrileña aseguró que no entrará en polémicas mientras continúen las labores de extinción y confirmó que la Comunidad asistirá a todas las reuniones entre administraciones que puedan resultar «fructíferas» para los afectados.
«A nosotros sí nos interesa el bien de las personas afectadas; veo que a algunos no», afirmó. Sin mencionar expresamente al ministro, Ayuso deslizó que determinadas declaraciones persiguen alimentar el enfrentamiento político en plena emergencia.
La presidenta regional insistió en que la coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Estado se está desarrollando con normalidad y situó las prioridades en apagar el fuego, proteger a la población, evaluar los daños y preparar la recuperación de los municipios.
«Estamos trabajando entre administraciones, entre aquellos que estamos preocupados por la situación. Sobre las polémicas que buscan otros, ni caso», zanjó Ayuso, que ha preferido no entrar al choque frontal con Puente, aunque ha dejado claro que atribuye sus declaraciones a un interés político ajeno a la gestión inmediata de la emergencia.
El enfrentamiento revela, en cualquier caso, dos discusiones distintas. Una afecta a la suficiencia de los dispositivos autonómicos de prevención y extinción; la otra, a la capacidad del Estado para aportar los recursos extraordinarios que la ley le encomienda. En medio de ambas se encuentra una flota de hidroaviones cuya modernización se declaró urgente en 2022, pero que todavía espera la actualización técnica y la llegada de los primeros nuevos aparatos. (MITECO, Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, Ley de Montes)