La promesa llega después de que el Gobierno declarase “secretos o reservados” los documentos del Ministerio del Interior relacionados con la regularización, en una respuesta parlamentaria a peticiones del PP sobre informes técnicos, evaluaciones internas, análisis jurídicos y comunicaciones entre ministerios.
Feijóo promete desclasificar los documentos sobre la regularización
Alberto Núñez Feijóo ha convertido la regularización extraordinaria de migrantes en uno de los ejes de su ofensiva política contra el Gobierno.
Durante un acto celebrado en Ceuta con motivo del Día de Europa, el presidente del PP aseguró que, si llega a la Presidencia del Gobierno, desclasificará “todos los documentos” relacionados con esta medida en su primera semana al frente del Ejecutivo.
“Abriremos los cajones y los españoles sabrán por qué y para qué se ha hecho y se está haciendo todo esto”. Con esa frase, Feijóo intentó presentar la cuestión no solo como un debate migratorio, sino como un problema de transparencia institucional.
Según el PP, la regularización se está tramitando sin suficiente información pública sobre su alcance, su impacto administrativo, sus consecuencias en seguridad, su compatibilidad jurídica y su encaje con los criterios europeos.
El Gobierno, en cambio, ha sostenido que la medida responde a una iniciativa ciudadana y a la necesidad de dar respuesta a personas que ya viven y trabajan en España.
Qué documentos quiere conocer el PP
El origen inmediato de la polémica está en una respuesta parlamentaria del Gobierno a varias solicitudes de información presentadas por el PP. Los populares pidieron acceso a informes técnicos, evaluaciones internas, análisis jurídicos sobre la compatibilidad del decreto con la legislación vigente, comunicaciones entre ministerios y posibles advertencias procedentes de instituciones europeas sobre el impacto en el espacio Schengen.
El Ministerio del Interior respondió que, en el ámbito de sus competencias, la documentación solicitada se encuentra afectada por la normativa sobre secretos oficiales, en concreto por la Ley 9/1968 y por varios acuerdos del Consejo de Ministros que clasifican determinados asuntos y materias.
Ese es el punto que ha utilizado Feijóo para elevar el tono. Para el PP, invocar la condición de “secreto” o “reservado” en una medida de tanto impacto político y social supone ocultar información relevante al Parlamento y a los ciudadanos.
“Los españoles sabrán por qué y para qué”
Durante su intervención, Feijóo afirmó que aprobar una regularización masiva “contra la voluntad de los españoles, contra lo votado en las Cortes y contra el criterio de Europa” constituye, a su juicio, una “irresponsabilidad histórica”. También sostuvo que utilizar el secreto de Estado para ocultar su alcance es una “tomadura de pelo” que no piensa tolerar.
El líder del PP vinculó su promesa de desclasificación a un mensaje más amplio sobre inmigración, fronteras y seguridad. Defendió una política migratoria “legal” y acusó al Gobierno de ofrecer “inseguridad y descontrol”.
En su planteamiento, la regularización no solo afecta a los migrantes en situación irregular, sino también a los migrantes regulares y al conjunto de los españoles. Ese marco busca situar el debate en el terreno de la seguridad jurídica, la gestión administrativa y el control del Estado.
Qué dice el Gobierno sobre la regularización
El Gobierno ha defendido la regularización extraordinaria como una respuesta a una iniciativa ciudadana y a una realidad social ya existente: personas migrantes que viven en España, trabajan o intentan incorporarse al mercado laboral, pero permanecen en situación administrativa irregular. En un documento de preguntas y respuestas del Ministerio de Inclusión, el Ejecutivo sostiene que la regularización “reconoce y dignifica” a quienes ya viven en el país.
La medida ha sido presentada por sus defensores como una forma de reducir economía sumergida, aumentar cotizaciones, ordenar situaciones administrativas y garantizar derechos básicos. Sus críticos, en cambio, advierten de posibles efectos llamada, problemas de gestión, presión sobre servicios públicos y dudas sobre el control de antecedentes o requisitos.
El Gobierno no ha respondido a Feijóo con una desclasificación, pero sí ha amparado la reserva de determinados documentos de Interior en la normativa de secretos oficiales. Ese es el núcleo del choque institucional.
Por qué se habla de “secreto” o “reservado”
La clasificación de documentación como secreta o reservada no significa necesariamente que toda la regularización sea secreta, sino que determinados informes o documentos solicitados por el PP quedan protegidos por la normativa de secretos oficiales en el ámbito de Interior.
Según la respuesta parlamentaria difundida por Europa Press, el Gobierno se remite a la Ley 9/1968, de Secretos Oficiales, y a acuerdos del Consejo de Ministros de 1986 y 1994 que clasifican determinados asuntos y materias.
La controversia está en si esa protección está justificada en este caso o si, como sostiene el PP, se está usando para impedir el control parlamentario sobre una decisión de fuerte impacto político.
La regularización divide a la opinión pública
El debate llega además en un momento de fuerte división social sobre la política migratoria. Una encuesta de 40dB. publicada por El País situó el apoyo a la regularización en el 37,6%, frente a un 33% en contra. El estudio también reflejaba preocupación ciudadana por el impacto de la medida en vivienda, servicios públicos y empleo.
Ese dato explica por qué Feijóo intenta convertir el asunto en un eje político. La regularización no es un tema administrativo menor: cruza inmigración, seguridad, mercado laboral, servicios públicos, identidad nacional y relación con Europa.
Para el PP, es una oportunidad para confrontar con Sánchez en un terreno donde cree que existe malestar social. Para el Gobierno, la clave está en presentar la medida como una regularización ordenada, no como una apertura indiscriminada.
Ceuta como escenario político
El lugar elegido por Feijóo tampoco es casual. Ceuta es una de las fronteras exteriores más sensibles de España y de la Unión Europea. Celebrar allí un acto del Día de Europa permite al PP vincular el discurso migratorio con la protección de fronteras, la seguridad y el papel de España dentro del proyecto europeo.
Durante su intervención, Feijóo defendió que Europa debe garantizar una inmigración “legal, ordenada” y asociada al respeto de los valores europeos. También abordó cuestiones como seguridad, energía, OTAN, Ucrania o corrupción política, pero el mensaje sobre la regularización fue el que adquirió mayor repercusión.