Miles de profesores toman la Gran Vía de Madrid contra la orden de Ayuso de mantener la "neutralidad" en las aulas

La marea verde vuelve a movilizarse en defensa de la educación pública y exige la dimisión de la consejera Mercedes Zarzalejo. Los docentes rechazan las restricciones para informar sobre la huelga y reclaman más recursos y una negociación con el Gobierno regional

Decenas de personas durante la manifestación de educación convocada frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid | Europa Press

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Miles de profesores han vuelto a teñir de verde las calles del centro de Madrid este viernes para protestar contra la política educativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación que obligan a mantener la "neutralidad" en las aulas durante la huelga docente. La movilización ha ocupado por completo la Gran Vía madrileña, interrumpiendo la circulación mientras los manifestantes reclamaban más recursos para la enseñanza pública y la dimisión de la consejera Mercedes Zarzalejo.

La manifestación ha transcurrido entre críticas al Ejecutivo autonómico y consignas en defensa de la libertad de expresión del profesorado. "Silencian a las profes, les damos nuestras voces" y "La profe luchando también está enseñando" han sido algunos de los mensajes coreados durante la marcha.

Entre los participantes también se han escuchado gritos de "Zarzalejo, dimisión" y "La lucha sigue cueste lo que cueste", junto a referencias irónicas a la presidenta madrileña: "El patio de Ayuso es particular, si no tienes dinero no puedes entrar".

La orden de Ayuso que ha intensificado el conflicto educativo

La protesta se celebra después de que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, dirigida por Mercedes Zarzalejo, remitiera a los centros públicos unas instrucciones para garantizar el deber de neutralidad durante los paros que mantiene el profesorado madrileño desde el pasado 14 de octubre.

El documento prohíbe utilizar las clases, las plataformas oficiales de comunicación y las instalaciones educativas para promover la huelga o recabar apoyos. También impide animar al alumnado a participar en concentraciones y movilizaciones relacionadas con el conflicto.

Desde el Ejecutivo autonómico justifican estas restricciones por la necesidad de preservar la neutralidad de los centros y evitar cualquier utilización política de la actividad docente. "Su función es educar, no adoctrinar", argumenta la Consejería.

Las instrucciones distinguen, no obstante, entre las actividades de promoción de la huelga y el uso de símbolos personales. Llevar camisetas verdes, chapas o lazos no está prohibido, siempre que no se utilicen para realizar acciones de proselitismo dirigidas al alumnado.

Los directores rechazan las acusaciones de adoctrinamiento

La orden ha provocado el rechazo de los equipos directivos de los institutos públicos madrileños, que niegan que exista adoctrinamiento político en las aulas y cuestionan que se les atribuyan funciones de vigilancia sobre las manifestaciones del profesorado.

La asociación de directores de Secundaria se ha mostrado "consternada" por las instrucciones y ha rechazado cualquier insinuación de que los docentes utilicen su posición para imponer determinadas ideas políticas a los estudiantes.

El malestar también se ha trasladado a las organizaciones sindicales, que consideran que las limitaciones afectan a la libertad de expresión y al ejercicio de los derechos sindicales. Los representantes del profesorado defienden que informar sobre los motivos de una huelga y sus consecuencias para la comunidad educativa forma parte de la actividad sindical.

El comité de huelga ha anunciado este viernes que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las instrucciones de neutralidad y los nuevos servicios mínimos, solicitando medidas cautelarísimas para suspender su aplicación. <Cite refs={["turn443464search0","turn443464search3"]}/>

Más recursos y negociación para la educación pública

Más allá de las nuevas restricciones, la movilización responde a un conflicto laboral que se prolonga desde mediados de octubre. Los docentes reclaman una reducción de las horas lectivas, menos alumnos por aula, mejoras salariales, refuerzo de las plantillas y mayores recursos para atender a la diversidad.

Las organizaciones convocantes también denuncian la carga burocrática que soporta el profesorado y el deterioro de las instalaciones educativas, además de reclamar una negociación directa con la Consejería que permita avanzar en sus reivindicaciones.

Durante la marcha se han repetido consignas como "Nos faltan recursos en la educación" y "Los profes y estudiantes, unidos y adelante", mientras los manifestantes insistían en que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta del Gobierno regional.

La protesta de este viernes se suma a las concentraciones y manifestaciones celebradas durante las últimas semanas en Madrid, en un conflicto que continúa abierto entre el profesorado de la enseñanza pública y el departamento que dirige Mercedes Zarzalejo.

Más claves, contexto y preguntas con FREN

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¿En qué fase parlamentaria se encuentra la tramitación de la orden de neutralidad en las aulas y qué pasos debe seguir para su aprobación definitiva?

No se ha identificado en las fuentes consultadas una norma que permita situar la llamada «orden de neutralidad en las aulas» en una fase parlamentaria concreta. Además, hay una distinción importante: una orden y una ley siguen procedimientos distintos, por lo que no sería correcto atribuirle un trámite de enmiendas o una votación parlamentaria sin conocer su denominación oficial y la Administración que la impulsa.

Qué puede afirmarse sobre su situación

Con la referencia facilitada, no consta qué órgano tramita esa orden, cuál es su fecha ni si existe un texto publicado. Por tanto, tampoco consta que esté pendiente de debate en comisión, de votación en un pleno o de aprobación definitiva. Esto no significa que la medida no exista: significa que no se ha localizado una correspondencia suficientemente precisa con el nombre indicado.

La cuestión decisiva es determinar si «orden» describe realmente el tipo de norma o si se está utilizando como una denominación informal de otra iniciativa. Esa diferencia cambia tanto quién debe aprobarla como los pasos que tendría que superar.

Si se trata efectivamente de una orden

No debe confundirse su elaboración administrativa con la tramitación parlamentaria de una ley. En este supuesto, no corresponde presentar como pasos pendientes el paso por el Congreso y el Senado. Para establecer su recorrido concreto habría que identificar el proyecto y las reglas aplicables a la Administración responsable.

Los hitos que interesa comprobar son los siguientes, sin dar por hecho que esta medida ya haya superado ninguno:

  • Existencia de un texto: distinguir entre un anuncio político y un proyecto normativo redactado.
  • Participación pública: comprobar si se ha abierto una consulta o una audiencia para recibir aportaciones y si ese plazo continúa abierto o ya ha terminado.
  • Informes y revisión jurídica: identificar los informes exigibles y si se han emitido antes de la decisión final.
  • Aprobación y publicación: localizar el acto definitivo y el boletín oficial correspondiente, así como la fecha desde la que resulta aplicable.

Esta enumeración sirve para ordenar la comprobación; no acredita que todos esos trámites sean obligatorios ni que estén pendientes en la orden por la que preguntas.

Si en realidad se trata de una iniciativa de ley

El recorrido sería diferente. En el procedimiento legislativo estatal, un proyecto de ley es el texto que el Gobierno aprueba y remite a las Cortes. Una proposición de ley, promovida por otros sujetos legitimados, debe superar inicialmente la toma en consideración: la decisión parlamentaria de comenzar a tramitarla.

Después se abre la posibilidad de presentar enmiendas, es decir, propuestas de modificación. El texto se estudia en ponencia y comisión, se elabora un dictamen y se somete a la aprobación que corresponda. Tras su aprobación en el Congreso, pasa al Senado, que puede aprobarlo sin cambios, modificarlo o vetarlo. Si introduce cambios o un veto, vuelve al Congreso para resolverlos. Finalmente llegan la sanción, promulgación y publicación.

Ese itinerario explica cómo se aprueba una ley, pero no demuestra que sea el aplicable a esta orden. Para darte una respuesta cerrada sobre su fase actual y los pasos que realmente le quedan, indícame la comunidad autónoma, el organismo promotor o comparte el enlace de la noticia donde aparece mencionada.

¿Cuáles son las competencias legales de la Consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid?

La titular de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tiene atribuida la dirección general, coordinación y control de las políticas autonómicas sobre educación, universidades, enseñanzas artísticas, investigación científica e innovación tecnológica. Es necesario distinguir entre sus facultades personales como miembro del Gobierno y las funciones que ejecutan las viceconsejerías y direcciones generales bajo su dirección.

1. Atribución principal y fundamento jurídico

El artículo 1 del Decreto 248/2023, de 11 de octubre, le encomienda expresamente «el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del Gobierno» en esas cinco materias. Incluye la innovación tecnológica apoyada fundamentalmente en el contexto digital y remite a las atribuciones generales del artículo 41 de la Ley 1/1983.

Por tanto, no se trata de que la consejera resuelva personalmente todos los asuntos educativos: ejerce la dirección superior del departamento, mientras que otros órganos tienen asignadas responsabilidades específicas de ejecución.

2. Facultades generales de gobierno

La Ley 1/1983, de Gobierno y Administración establece, para los consejeros como miembros del Consejo de Gobierno, las siguientes atribuciones:

  • Garantizar el cumplimiento de las leyes y resoluciones de la Asamblea en las materias de su departamento.
  • Proponer normas: presentar al Consejo de Gobierno anteproyectos de ley y proyectos de decreto sobre sus competencias, y refrendar estos últimos una vez aprobados.
  • Proponer nombramientos y ceses cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno.
  • Planificar la actuación: elaborar y proponer el programa de actuación de la Consejería.
  • Preparar el presupuesto: formular el anteproyecto anual del departamento y elaborar el anteproyecto del programa anual del sector público económico que le afecte.

Estas facultades de propuesta no equivalen a aprobar unilateralmente leyes, decretos o el presupuesto autonómico.

3. Ámbitos materiales bajo su dirección

El Decreto 248/2023 y su modificación mediante el Decreto 28/2024, de 24 de abril, distribuyen la ejecución de las políticas entre órganos subordinados. Bajo la dirección de la titular quedan:

  • Educación no universitaria: enseñanzas de régimen general, Formación Profesional y régimen especial; atención a las diferencias individuales; orientación pedagógica y profesional; compensación educativa y relaciones con los ayuntamientos.
  • Centros y oportunidades educativas: criterios de ordenación jurídica, económica y administrativa de los centros, enseñanza privada y conciertos educativos, becas y ayudas al estudio.
  • Calidad y digitalización: innovación e internacionalización educativa, evaluación del sistema, formación permanente del profesorado y competencias y plataformas digitales.
  • Organización educativa: programación de infraestructuras y equipamientos, política de personal docente no universitario y función inspectora, respetando las competencias de Hacienda y Función Pública.
  • Universidades, ciencia e innovación: relaciones institucionales universitarias; mejora y evaluación del sistema universitario; programas de investigación e innovación tecnológica; emprendimiento científico y tecnológico; y coordinación con la Fundación para el Conocimiento Madrimasd y los institutos IMDEA.
  • Enseñanzas artísticas: forman parte expresa de su ámbito material y cuentan con una dirección general específica.

4. Límites y responsabilidad

El artículo 29 del Estatuto de Autonomía atribuye a Madrid el desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza, pero exige respetar la Constitución, las leyes orgánicas educativas, las competencias estatales y la Alta Inspección. Son competencias de la Comunidad: no todas corresponden personalmente a la consejera.

Además, debe comparecer cuando la Asamblea lo reclame, atender sus instrumentos de control y facilitar información. Responde directamente por su gestión, sin perjuicio de la responsabilidad conjunta del Gobierno ante la Asamblea.

¿Cuántas huelgas docentes se han convocado en la Comunidad de Madrid en la última legislatura y cuáles han sido sus resultados?

No hay un recuento completo que permita dar una cifra cerrada para toda la legislatura. Sí consta que, hasta abril de 2025, el movimiento docente había protagonizado hasta siete huelgas; después hubo nuevas convocatorias, incluida la indefinida iniciada el 14 de octubre de 2026. El resultado más concreto fue el acuerdo de abril de 2025, con reducciones de horario y refuerzos de plantilla, pero sin resolver todas las demandas.

Interpreto «última legislatura» como la autonómica iniciada tras las elecciones de mayo de 2023, todavía abierta a 20 de noviembre de 2026. Es importante distinguir entre convocatorias, jornadas y paros parciales: una huelga indefinida es una convocatoria, aunque dure semanas; dos sindicatos pueden convocar por separado para las mismas fechas.

Qué huelgas y resultados están documentados
  • Movilizaciones anteriores al 4 de abril de 2025: hasta siete huelgas. El balance publicado por elDiario.es atribuye esa cifra al ciclo de protestas de Menos Lectivas, algunas compartidas con los sindicatos que terminaron firmando el acuerdo. Su principal demanda era reducir las horas de clase. La información no desglosa las siete fechas, por lo que no permite reconstruir un calendario exhaustivo ni atribuir un resultado independiente a cada paro.
  • 28 y 29 de abril de 2025: nueva huelga educativa. STEM, CGT y CNT convocaron el día 28 desde Infantil hasta la universidad; en Primaria y Secundaria los paros se extendían al 29. El apagón del día 28 alteró su desarrollo y obligó a trasladar la manifestación al 13 de mayo. No consta en esa información un acuerdo laboral que cerrase la convocatoria. El cambio de fecha afectó a la manifestación, no significó que se alcanzara un pacto, según la crónica del conflicto.
  • Desde el 14 de octubre de 2026: huelga indefinida no universitaria. La impulsaron CCOO, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera, junto con plataformas docentes. Reclamaban 17 periodos lectivos en Secundaria y FP, 22 en Primaria, menos alumnos por aula, más personal y 600 euros mensuales adicionales. A 19 de noviembre continuaba abierta: docentes acudieron a las Direcciones de Área Territorial para exigir una reunión. No consta un acuerdo de cierre, según Demócrata.
  • Convocatoria independiente de CSIF en octubre de 2026. Comprendía tres jornadas completas, del 14 al 16, y posteriores paros parciales anunciados hasta diciembre. Añadía la petición de un complemento de capitalidad. No debe confundirse con la indefinida, aunque coincidieran inicialmente. No consta un acuerdo específico derivado de estos paros; Demócrata explica ambas convocatorias.
  • 4 y 5 de noviembre de 2026: huelga universitaria diferenciada. Las universidades públicas completaron dos jornadas de paro por financiación y recursos. Su finalización no cerró la huelga indefinida de colegios e institutos. La información consultada no recoge un pacto de salida, según la crónica de Demócrata.
Qué se consiguió realmente

El acuerdo del 4 de abril de 2025, firmado por Educación, CCOO, ANPE, CSIF y UGT, redujo de 20 a 19 las horas lectivas semanales en Secundaria, FP y Bachillerato para el siguiente curso. Preveía llegar a 18 para tutores en 2027-2028 y para todos en 2028-2029. En Primaria mantuvo las 25 horas lectivas, aunque redujo una hora de permanencia.

Incluyó también menores ratios y refuerzos estimados en 750 profesores y 850 maestros en tres años. Es un avance negociado tras las movilizaciones, no un resultado atribuible a una huelga concreta. El balance es, por tanto, mejoras parciales y conflicto persistente; las siete huelgas citadas no equivalen al total de la legislatura.

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¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Qué prohíben las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación a los docentes durante la huelga?

Pregunta 1 de 3

¿Qué acción anunció el comité de huelga respecto a las instrucciones de neutralidad?

Pregunta 2 de 3

¿Qué reivindicaciones principales plantean los docentes además de rechazar las nuevas restricciones?

Pregunta 3 de 3