La portavoz de Infancia y Adolescencia del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Romina del Rey, ha cargado contra el Consell por un recorte que tacha de “inhumano” tras la decisión de “eliminar” los Puntos de Encuentro Familiar Judiciales (PEFJ) en 10 municipios de la Comunitat Valenciana. A su juicio, esta medida supone “reducir la red de protección de la infancia y adolescencia de toda la Comunitat Valenciana, generando sufrimiento a las familias y poniendo en riesgo a los menores”.
Del Rey se refiere a la resolución de la Conselleria de Servicios Sociales publicada en el DOGV el 29 de julio, por la que se convoca la prestación del servicio de estos recursos mediante concierto y se diseña un nuevo mapa autonómico. La diputada considera que esta planificación es “inadmisible” y evidencia “una insensibilidad enorme” y que a la consellera Elena Albalat “poco le importan las más de 2.000 familias, y cada vez son más, residentes de la Comunitat Valenciana, que necesitan por una orden judicial esos espacios seguros y de protección, como son los puntos de encuentro familiar judiciales, para que los niños, niñas y adolescentes se relacionen con sus progenitores y otros familiares”.
Según detalla la parlamentaria socialista, el nuevo mapa autonómico prevé que, a partir de noviembre, desaparezcan los PEFJ en 10 localidades: Mislata, Manises, Paterna, Alfafar y Requena (Valencia); Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena (Alicante) y Vila-real (Castellón). Al mismo tiempo, se pondrán en marcha tres nuevos puntos en Benidorm, Moncada y Onda, lo que implica una reducción “neta” de siete recursos. La diputada recalca que se trata de “espacios seguros y neutrales, establecidos mediante resolución judicial, donde niños, niñas y adolescentes pueden mantener la relación con sus progenitores u otros familiares en situaciones de conflicto, muchas veces relacionadas con casos de violencia de género o con elevados niveles de conflictividad familiar”.
El PSPV reclama explicaciones y la marcha atrás del Consell
Ante este escenario, Del Rey ha exigido a la consellera de Servicios Sociales una rectificación “inmediata”. Además, ha anunciado que solicitará en Les Corts el expediente íntegro de la resolución, con todos los informes en los que se apoya la conselleria para justificar “una decisión tan cruel”. “Si no tiene una explicación técnica, tendrá motivos para preocuparse”, ha avisado la diputada, que también pedirá la comparecencia de Albalat ante la cámara autonómica para que ofrezca las “explicaciones oportunas”.
La representante del PSPV-PSOE vincula este recorte con los “obstáculos” del Consell del PP, con el apoyo de Vox, para “boicotear” la llegada de menores procedentes de Ceuta: “Al PP y a los ultras no les preocupan los menores no acompañados que vienen de Ceuta; tampoco, a la vista de esta decisión, los niños, niñas y adolescentes residentes en la Comunitat Valenciana que viven situaciones muy duras y que necesitan espacios seguros para relacionarse con sus progenitores”.
Del Rey alerta de que el cierre de estos recursos acarreará “consecuencias muy graves”, ya que obligará a muchas familias a desplazarse más, aumentará las listas de espera, complicará el cumplimiento de las resoluciones judiciales y generará más estrés e incertidumbre tanto para los menores como para sus progenitores. Señala que, según datos de la propia Conselleria, en 2023 había 1.200 expedientes judiciales de familias pendientes de acudir a los puntos de encuentro, cifra que al cierre de 2024 “se incrementaron hasta los 2.100 expedientes”, lo que supone un aumento superior al 80 %. Asimismo, advierte de que la nueva organización “comportará menos calidad profesional en el servicio”.
Por otro lado, la diputada censura que el Consell haya aplicado este recorte “con desprecio y sin siquiera informar a los alcaldes, ni a las entidades, fundaciones y profesionales que están gestionando estos puntos de encuentro familiar y que se han enterado del mismo por la publicación en el DOGV”. A su entender, “en la protección de la infancia no valen las excusas, y si la excusa es la falta de presupuesto, lo que tiene que hacer el Consell es plantar cara al PP nacional y aceptar los 3.669 millones de euros de la nueva financiación del Gobierno de España. Y si la excusa es que le viene grande la gestión, no le queda otra opción que dimitir”.
La Conselleria defiende el nuevo modelo y el PP acusa al PSPV de incoherencia
Desde la Conselleria de Servicios Sociales, en cambio, sostienen que la convocatoria del procedimiento de acción concertada supone la “consolidación” de la red pública de PEFJ. El departamento de Elena Albalat habla de un “nuevo modelo integral que garantiza la prestación continuada del servicio hasta octubre de 2028, dotado con una inversión global superior a los 21,6 millones de euros procedentes de fondos propios de la Generalitat”.
Frente a las críticas socialistas, la Conselleria subraya en un comunicado que el rediseño “corrige la inseguridad jurídica y financiera que arrastraba el sistema heredado, el cual obligaba a las entidades locales a asumir competencias autonómicas y dependía de decisiones municipales unilaterales”. En este sentido, recuerda que “decisiones como las adoptadas en su momento por los consistorios de Paterna -que suprimió el recurso en 2021 derivando usuarios a Manises- o Manises -que fijó su cierre en 2026 trasladando la atención a Alfafar- demuestran la insostenibilidad del marco previo”.
El nuevo esquema, añaden, se organiza conforme al Mapa de los Servicios Sociales Inclusivos (Decreto 34/2021), “garantizando la cobertura en los 21 departamentos asistenciales bajo criterios de población, volumen de expedientes y rigor técnico”. Además, al estar el proceso en fase de convocatoria y selección de entidades, “la propia normativa del concierto social prevé que, una vez adjudicado el servicio, se evalúen las necesidades reales de cada zona para concertar recursos adicionales o ampliar plantilla donde la demanda lo requiera, primando siempre el interés superior del menor y la estabilidad de las plantillas”.
En la misma línea, la portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, reprocha al PSPV que ataque ahora el nuevo modelo “cuando responde precisamente a los problemas que sus propios ayuntamientos habían generado”. Bastidas recuerda que varios consistorios gobernados por los socialistas “decidieron cerrar estos servicios al no querer seguir asumiendo el coste de un recurso cuya competencia corresponde a la Generalitat”. A su juicio, “resulta poco coherente que el mismo partido que provocó esta inestabilidad en los municipios critique ahora que la Generalitat ordene el servicio y asuma su responsabilidad”.
La diputada del PP destaca que Servicios Sociales “ha decidido asumir de forma integral el coste de este recurso dentro de la red pública”, con una inversión superior a 21,6 millones de euros, “liberando a las entidades locales de este esfuerzo económico”. Explica, además, que la nueva red de 21 PEF se estructura conforme al Mapa de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana del Decreto 34/2021, que divide el territorio en 21 departamentos de servicios sociales. Según Bastidas, el nuevo modelo “aporta seguridad jurídica a las entidades, estabilidad a los profesionales y un entorno protegido a los menores”.