Cómo afectará la Directiva sobre Diligencia Debida al sector textil

La nueva norma europea obligará a las grandes empresas textiles a reforzar el control de su cadena de suministro en derechos humanos y sostenibilidad

La Directiva sobre Diligencia Debida afectará al sector textil. Pixabay.

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Aunque no es una norma hecha ad hoc para el sector textil, por las características de éste, la Directiva sobre Diligencia Debida tendrá una afección directa sobre las empresas que operan en él. La norma, que establece un marco común para que las compañías aborden los efectos negativos reales o potenciales de sus actividades, estatuirá un reto para el textil, habida cuenta de sus particularidades: un proceso que puede comenzar en la producción de fibras y continuar por el hilado, el tejido, el teñido, los acabados y la confección.

Ergo, diversas etapas, con la involucración de empresas y centros de producción diferentes, y en las que no siempre existe una relación contractual directa entre la marca o el distribuidor y quienes participan en los primeros eslabones de la cadena.

Esa estructura dificulta conocer las condiciones en las que se fabrican los productos. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que las cadenas de suministro de la confección y el calzado están fragmentadas y cuentan con varios niveles de proveedores. Las empresas suelen tener menos visibilidad sobre las instalaciones y los actores situados más arriba en la cadena de producción.

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Qué empresas tendrán que cumplir la norma

Tras la modificación aprobada en 2026, la Directiva se aplica a las empresas de la Unión Europea con al menos 5.000 trabajadores y una facturación neta mundial superior a 1.500 millones de euros. Para las compañías de terceros países, el umbral es una facturación neta superior a 1.500 millones de euros en la Unión. También contempla determinados supuestos para empresas vinculadas a acuerdos de franquicia y licencia.

Las pequeñas y medianas empresas quedan fuera de su aplicación directa, sin embargo, pueden verse afectadas por su posición como proveedoras de compañías incluidas en la norma. La Comisión Europea reconoce ese posible efecto indirecto y prevé medidas para limitar las solicitudes de información, además de orientación y cláusulas contractuales modelo.

Los Estados miembros deberán aprobar y publicar las normas nacionales de transposición antes del 26 de julio de 2028 y aplicar la Directiva desde el 26 de julio de 2029. Las obligaciones de comunicación pública previstas tendrán un calendario específico, aplicable a los ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2030.

Qué exige la Directiva a las empresas

En primer lugar, tendrán que identificar y evaluar los impactos negativos reales o potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus propias operaciones, las de sus filiales y las de sus socios comerciales dentro de la cadena de actividad.

Esa localización de riesgos debe seguir un enfoque basado en su gravedad y probabilidad. Esto permite priorizar aquellos impactos que puedan tener consecuencias más graves, en lugar de exigir a las empresas que examinen todos los riesgos con la misma intensidad. La modificación de 2026 también refuerza el uso de información razonablemente disponible y limita las peticiones de datos a los socios comerciales de menor tamaño.

A partir de esa evaluación, deberán adoptar medidas para prevenir o mitigar los impactos potenciales y poner fin a los negativos. La Directiva también contempla la reparación de los daños cuando corresponda, la habilitación de canales de reclamación, el seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas y la comunicación de información sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

Asimismo, establece obligaciones comunes para las empresas incluidas en su ámbito. En el textil, aplicarlas supone evaluar una cadena de suministro extensa y fragmentada, con distintos proveedores y fases de producción. Entre los riesgos que la OCDE identifica para el sector figuran el trabajo infantil y forzoso, las jornadas excesivas y los salarios insuficientes. También señala riesgos ambientales, como el uso de sustancias químicas peligrosas, el consumo de agua y la contaminación asociada al teñido y los acabados.

Herramientas para preparar la adaptación

La OCDE dispone de una guía específica para las cadenas de suministro responsables del sector de la confección y el calzado. El documento ofrece un marco para identificar, prevenir y abordar los impactos negativos en las distintas fases de producción. Por añadidura, la organización cuenta con un verificador de diligencia debida que permite a las empresas revisar sus procedimientos e identificar aspectos que necesitan mejorar.

La guía proporciona una referencia sectorial para organizar el trabajo. Su enfoque incluye la evaluación de riesgos, la integración de medidas en la gestión empresarial, el seguimiento de los resultados y la comunicación sobre las actuaciones realizadas.

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La preparación pasa así por conocer mejor la red de proveedores, identificar los procesos y países con mayor exposición a impactos negativos y disponer de información suficiente para decidir dónde actuar primero. Para las empresas proveedoras, también será relevante contar con procedimientos y datos que permitan responder a las solicitudes justificadas de sus clientes, dentro de los límites que establece la normativa.

La Directiva de Diligencia Debida no convierte automáticamente a una empresa en responsable de cualquier incumplimiento cometido por un proveedor. Establece obligaciones de diligencia debida para las compañías incluidas en su ámbito y contempla mecanismos de supervisión y responsabilidad conforme a las condiciones previstas en la legislación. En el sector textil, la dificultad práctica estará en aplicar ese proceso a una cadena de producción extensa, fragmentada y con distintos niveles de subcontratación.