Demandan a OpenAI, Google, Anthropic y xAI por un supuesto pacto para frenar la inteligencia artificial

Una demanda colectiva presentada en California acusa a las cuatro compañías de coordinar una ralentización del desarrollo de sus modelos, algo que los usuarios consideran contrario a las normas antimonopolio de Estados Unidos

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Imagen de recurso de inteligencia artificial (IA). INDRA

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Una demanda colectiva presentada ante un tribunal federal de California acusa a Anthropic, OpenAI, SpaceXAI —la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk— y Google de haber coordinado un supuesto acuerdo para ralentizar el desarrollo de sus sistemas de inteligencia artificial.

El caso, presentado el 18 de septiembre ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, está promovido por cuatro consumidores que pagan suscripciones a ChatGPT, Claude, Grok o Gemini y que pretenden representar a una clase nacional de usuarios. La demanda sostiene que la coordinación entre las compañías podría vulnerar la legislación antimonopolio estadounidense al limitar el ritmo al que mejoran productos que compiten entre sí.

La demanda se centra en el llamamiento a "ralentizar" la IA

Los demandantes sitúan el supuesto acuerdo en torno al debate abierto durante septiembre sobre la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados.

El 12 de septiembre, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un texto en el que defendía una coordinación de la industria para "modular" el ritmo de desarrollo de la IA y reforzar las medidas de seguridad. Ese mismo día, Sam Altman, Elon Musk y Demis Hassabis mostraron públicamente su respaldo a distintas partes de la propuesta.

La demanda interpreta esas declaraciones como una coordinación entre competidores que podría reducir el ritmo de mejora de sus productos. Los demandantes sostienen que, sin ese acuerdo, una compañía que decidiera ralentizar unilateralmente su desarrollo se arriesgaría a perder usuarios, ingresos y posición competitiva frente al resto.

Qué tendría que acreditar el caso

El procedimiento se plantea al amparo de la Sección 1 de la Sherman Act, que prohíbe determinados acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia. La cuestión central será determinar si existió realmente un acuerdo entre las compañías y si esa coordinación tuvo efectos anticompetitivos relevantes.

La demanda sostiene que pactar sobre la velocidad de mejora de productos competidores equivaldría a una restricción de la oferta o de la innovación. Sin embargo, la presentación de una demanda no implica que esas acusaciones hayan sido probadas ni que el tribunal haya determinado que las empresas actuaron de forma contraria a la legislación antimonopolio.

Los consumidores solicitan, entre otras medidas, que se reconozca la acción como demanda colectiva, una declaración de que se produjo una infracción de la normativa antimonopolio y una orden judicial que impida determinadas formas de coordinación entre los competidores.

Las compañías no han respondido públicamente a la demanda

Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI no habían respondido públicamente a las peticiones de comentarios sobre la demanda en el momento de las últimas informaciones publicadas.

Sí existe, no obstante, una posición previa de Sam Altman sobre el debate. El CEO de OpenAI afirmó que la compañía apoyaba un marco federal que estableciera requisitos de seguridad comunes para los desarrolladores de IA, pero sostuvo que no era necesario esperar a una exención de las normas antimonopolio para comenzar a trabajar en medidas de seguridad compartidas. También subrayó que "pacing" —modular el ritmo de desarrollo— no significa detener el progreso.

El debate sobre una posible excepción antimonopolio

La dimensión jurídica de la demanda adquiere especial relevancia porque el propio Amodei había advertido sobre los posibles problemas de competencia que podía generar una coordinación entre empresas rivales. En su propuesta planteó que el Gobierno estadounidense podría mediar o facilitar determinadas conversaciones entre laboratorios y contempló una exención limitada para algunas cuestiones relacionadas con la seguridad.

El caso plantea así una cuestión todavía abierta: hasta dónde pueden llegar las compañías competidoras al establecer estándares comunes de seguridad sin que esa coordinación pueda entrar en conflicto con las normas antimonopolio. Por ahora, el litigio se encuentra en una fase inicial y no existe una resolución judicial sobre el fondo de las acusaciones.

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