La Comisión Europea ha dado este jueves un nuevo impulso al procedimiento abierto contra España por no haber aplicado de forma completa la directiva sobre mercados de instrumentos financieros, instando al Gobierno a incorporar a su ordenamiento las disposiciones que permiten castigar las infracciones vinculadas a los registros de información consolidada y que debían haberse incorporado a la normativa nacional como muy tarde en septiembre de 2025.
El requerimiento, formulado en forma de dictamen motivado y remitido igualmente a Francia y Rumanía, otorga a España un plazo adicional de dos meses para corregir las carencias detectadas y adoptar las medidas necesarias. Si al término de ese periodo no se han subsanado, los servicios comunitarios podrán pasar a la tercera fase del expediente de infracción, que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La directiva afecta a la obligación de los Estados miembro de fijar sanciones para las vulneraciones de determinadas disposiciones nuevas relacionadas con los sistemas de información consolidada, es decir, fuentes centralizadas de datos que integran en un único flujo, accesible para todos, los precios y volúmenes de instrumentos financieros, como acciones y bonos, que se negocian en cientos de mercados y plataformas repartidos por el conjunto de la Unión.
Según detalla Bruselas en su comunicación, al ofrecer información casi en tiempo real sobre las condiciones de fijación de precios en todos los centros de negociación de la UE, los sistemas de información consolidada permiten a inversores e intermediarios adoptar decisiones con un mayor grado de conocimiento.
“La plena aplicación de la legislación es fundamental para garantizar el éxito de la puesta en marcha de los sistemas de información consolidada y la correcta aplicación del marco del sistemas de información consolidada”, ha indicado la Comisión Europea en un comunicado.
El procedimiento sancionador se abrió en marzo de 2026 y ahora la Comisión ha decidido avanzar a la segunda fase, después de que los Estados afectados no hayan remitido la información sobre las medidas necesarias para completar la transposición de la Directiva.