El Gobierno acelera el decreto de residuos textiles tras recibir el dictamen del Consejo de Estado y busca aprobarlo este viernes

El órgano consultivo ya ha examinado la norma que obligará a las empresas de moda y calzado a financiar la gestión de sus residuos

Maquinaria de Nueva Expresión Textil, S.A. (Nextil). NEXTIL

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El Gobierno busca aprobar este viernes el real decreto que regulará la gestión de los residuos textiles y de calzado en el Consejo de Ministros extraordinario previsto para este viernes 20 de noviembre, según ha podido saber DEMÓCRATA. La intención del Ejecutivo es sacar adelante una de las principales normas pendientes en materia de economía circular antes de las elecciones generales del 29N, después de que el Consejo de Estado haya aprobado su dictamen sobre el proyecto.

Con este trámite, la norma, que supondrá un cambio relevante para la industria española de la moda, avanza hacia su aprobación definitiva. Su principal novedad será la implantación de un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP), que obligará a las empresas que comercializan productos textiles y de calzado a asumir los costes de la recogida y el tratamiento de los residuos derivados de sus productos.

Las empresas tendrán que financiar la gestión de la ropa usada

Hasta ahora, buena parte de los costes asociados a la recogida y el tratamiento de los residuos textiles ha recaído sobre las administraciones locales y las entidades dedicadas a la reutilización. El nuevo marco trasladará a los productores obligaciones económicas y organizativas para financiar la gestión de los productos que introducen en el mercado.

Según el proyecto remitido a Bruselas el pasado 27 de mayo, las empresas deberán inscribirse en el registro correspondiente y cumplir sus obligaciones a través de sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que podrán organizar colectivamente la recogida, clasificación, preparación para la reutilización y reciclaje.

El nuevo modelo afectará tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas, aunque el borrador contempla plazos de adaptación más amplios para determinados operadores. La financiación deberá cubrir diferentes operaciones de gestión de los residuos y tendrá en cuenta criterios vinculados al diseño, la durabilidad y las posibilidades de reutilización y reciclaje de los productos.

La industria lleva meses preparando su adaptación. Entre los sistemas colectivos impulsados por el sector se encuentra Re-viste, promovido por empresas como Inditex, Mango y Tendam, que ha anunciado una tarifa media orientativa de 140,4 euros por tonelada de producto introducido en el mercado para 2027. El importe definitivo dependerá de la configuración del sistema y de las obligaciones que finalmente establezca la normativa.

Nuevos objetivos de recogida y reciclaje

Además de regular quién debe pagar por los residuos, el proyecto incorpora objetivos para reducir su generación y aumentar la cantidad de ropa y calzado que se recupera.

En la versión remitida a la Comisión Europea, el Gobierno propone reducir un 5% el peso de los residuos textiles y de calzado en 2030 respecto a 2027, con una reducción del 10% para 2035.

También establece una implantación progresiva de la recogida separada, con objetivos del 30% en 2030, el 50% en 2035 y el 70% en 2040. En materia de reciclaje, los porcentajes previstos son del 25%, 30% y 35%, respectivamente.

Para las empresas que superen una cuota del 2,5% del mercado nacional, el texto notificado a Bruselas contempla la obligación de elaborar planes empresariales de prevención y ecodiseño.

Estas previsiones corresponden a la versión del proyecto conocida públicamente y podrían haber sufrido modificaciones durante la última fase de tramitación.

Una tramitación con observaciones de Competencia y Bruselas

La aprobación del real decreto ha estado precedida por un prolongado procedimiento administrativo. El Ministerio para la Transición Ecológica sometió el proyecto a información pública en 2025 y posteriormente introdujo modificaciones en el texto antes de remitirlo a la Comisión Europea.

En abril de 2026, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en el que valoró favorablemente la iniciativa, aunque recomendó justificar mejor determinados umbrales, fechas y objetivos.

Entre sus observaciones, reclamó un análisis más detallado de la viabilidad de las obligaciones previstas, así como de la capacidad de las infraestructuras para gestionar los volúmenes de residuos. También pidió reforzar la seguridad jurídica de las empresas sobre el momento en que deberán comenzar a financiar el sistema.

El examen europeo añadió otra dificultad. La Comisión Europea emitió el 28 de agosto un dictamen razonado, al que España respondió el 11 de septiembre. Este procedimiento, regulado por la Directiva 2015/1535, permite a Bruselas examinar las normas técnicas nacionales que puedan afectar al funcionamiento del mercado interior.

La emisión de un dictamen de estas características puede ampliar hasta seis meses el periodo durante el que un Estado miembro debe aplazar la adopción de la normativa notificada. En el caso español, ese plazo podría extenderse hasta el 30 de noviembre, una circunstancia que deberá aclararse ante la intención del Ejecutivo de aprobar el real decreto este viernes.

El calendario electoral acelera la aprobación

La intención de llevar el texto al Consejo de Ministros extraordinario del viernes responde a un calendario especialmente ajustado. Las elecciones generales se celebrarán el próximo 29 de noviembre y el Ejecutivo pretende completar la tramitación de la norma antes de los comicios.

Su aprobación también permitiría avanzar en la adaptación española a la Directiva europea 2025/1892, que obliga a los Estados miembros a implantar regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los productos textiles y de calzado.

El calendario comunitario establece como fecha límite el 17 de abril de 2028 para la implantación de estos sistemas, mientras que la Ley española 7/2022 ya contemplaba el desarrollo reglamentario de las obligaciones de los productores de textiles.

El sector espera conocer especialmente los plazos definitivos para constituir y autorizar los sistemas colectivos, así como las fechas en que comenzarán a exigirse las aportaciones económicas de las empresas. En el informe publicado en mayo, la CNMC se refería al 1 de enero de 2029 como fecha prevista para determinadas obligaciones de financiación, aunque el calendario definitivo dependerá del texto que apruebe el Consejo de Ministros.

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¿Qué trámites parlamentarios adicionales serían necesarios para la plena entrada en vigor del decreto de residuos textiles tras la aprobación en Consejo de Ministros?

No serían necesarios trámites parlamentarios adicionales: la regulación de residuos textiles y de calzado está planteada como un real decreto reglamentario, no como un real decreto-ley ni como un proyecto de ley. Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, los pasos decisivos serían su formalización, publicación en el BOE y cumplimiento del calendario de aplicación que establezca el texto definitivo.

Conviene precisar la situación temporal: a 19 de noviembre de 2026, Demócrata informa de que el Gobierno busca aprobarlo en el Consejo de Ministros extraordinario del viernes 20 de noviembre. Por tanto, esa aprobación es una previsión, no un acuerdo ya adoptado.

Por qué no tendría que pasar por las Cortes

El Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos desarrolla el marco de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Su naturaleza reglamentaria explica que la aprobación corresponda al Gobierno, sin una segunda aprobación del Congreso o del Senado.

En concreto, no necesitaría:

  • Una votación de convalidación, es decir, una decisión parlamentaria para mantener un decreto-ley.
  • La apertura de un plazo parlamentario de enmiendas, ni informes de ponencia o dictámenes de comisión.
  • La aprobación sucesiva del Congreso y del Senado, ni una ratificación de las nuevas Cortes después de las elecciones.

La diferencia es importante: el artículo 151 del Reglamento del Congreso regula la convalidación de los reales decretos-leyes. Ese procedimiento no se aplica a un real decreto ordinario como el previsto para los residuos textiles.

Qué faltaría después del Consejo de Ministros

Tras la aprobación, procedería formalizar el real decreto con las firmas correspondientes y publicar íntegramente su contenido en el BOE. La aprobación gubernamental, por sí sola, no equivale a su entrada en vigor ni permite exigir automáticamente todas sus obligaciones.

El texto notificado a la Comisión Europea contempla, como regla general, la entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Esa previsión pertenece al proyecto: la fecha jurídicamente determinante será la que establezca la disposición final del real decreto finalmente publicado.

Además, entrada en vigor y aplicación completa no son lo mismo. Una norma puede estar vigente mientras concede meses o años para que las empresas se adapten. En este caso, resultan especialmente relevantes los plazos para inscribirse como productores, constituir y autorizar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor —los mecanismos mediante los que las empresas financian y organizan la gestión de sus residuos— y comenzar las aportaciones económicas. Esos hitos serían administrativos y operativos, no parlamentarios.

La cuestión europea que puede afectar al calendario

Existe otra cautela relevante, ajena a las Cortes. Según Demócrata, la Comisión Europea emitió un dictamen razonado el 28 de agosto y España respondió el 11 de septiembre. El procedimiento europeo de notificación de normas técnicas puede ampliar el periodo durante el que debe aplazarse su adopción.

La información publicada señala que ese plazo podría extenderse hasta el 30 de noviembre, lo que plantea una cuestión pendiente de aclaración ante la intención de aprobar la norma el día 20. No supondría una votación del Parlamento Europeo ni del Congreso, pero sí puede condicionar la aprobación válida y su calendario.

En definitiva, no faltaría una autorización parlamentaria: lo determinante sería completar correctamente la aprobación reglamentaria, respetar las exigencias europeas, publicar el texto en el BOE y aplicar sus plazos transitorios.

¿Cuáles son las competencias y funciones del Ministerio para la Transición Ecológica en materia de residuos según la legislación española?

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene funciones de planificación estatal, propuesta normativa, coordinación e información en materia de residuos, además de competencias específicas de autorización, inspección y sanción. No gestiona directamente todos los residuos: la legislación reparte responsabilidades entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Las normas centrales son la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, especialmente su artículo 12, y el Real Decreto 503/2024, que organiza el Ministerio.

1. Planificación y elaboración de normas

Según los artículos 12.3.a) y b), 14 y 15 de la Ley 7/2022, corresponde al Ministerio:

  • Elaborar estrategias y planes estatales de economía circular, el Programa estatal de prevención de residuos, el Plan estatal marco de gestión de residuos y estrategias sobre suelos contaminados.
  • Proponer al Gobierno objetivos mínimos obligatorios de prevención, reducción, recogida separada, preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de aprovechamiento de residuos.
  • Preparar propuestas reglamentarias. La aprobación de los reglamentos corresponde al Gobierno cuando la ley le atribuye esa potestad; las estrategias, planes y programas estatales se aprueban mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Además, los artículos 4, 5 y 6 permiten al Ministerio declarar sustancias como subproductos con alcance estatal, establecer criterios para que determinados materiales dejen de ser residuos y reclasificar residuos según su peligrosidad, respetando las condiciones legales.

2. Coordinación entre administraciones

Los artículos 12.3.h) y 13 le encomiendan impulsar la cooperación y coherencia administrativa mediante la Comisión de Coordinación en materia de residuos, adscrita al Ministerio. Esta reúne a representantes estatales, autonómicos y locales, intercambia información, analiza la aplicación de las normas y formula informes y recomendaciones. También interviene en la supervisión de la responsabilidad ampliada del productor: las obligaciones de quienes comercializan productos respecto de los residuos que estos generan.

3. Traslados internacionales y controles específicos

El artículo 12.3.c), d) y e) atribuye al Ministerio la autorización de traslados de residuos desde o hacia países ajenos a la Unión Europea y las funciones correspondientes de inspección y sanción, dentro del reparto establecido con las autoridades aduaneras. También actúa como autoridad nacional cuando España es país de tránsito y ejerce funciones de autoridad competente en reciclado de buques.

Asimismo, vigila y sanciona el incumplimiento de las obligaciones de inscripción e información del Registro de Productores de Productos. En los procedimientos sancionadores estatales, resuelve la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para infracciones leves, la persona titular del Ministerio para las graves y el Consejo de Ministros para las muy graves.

4. Información, registros y representación internacional

El artículo 12.3.f) obliga al Ministerio a recopilar, elaborar y actualizar información para cumplir la legislación española, europea, los convenios internacionales y las obligaciones de información pública. El artículo 8 del Real Decreto 503/2024 incluye la gestión de los registros de productores de productos, producción y gestión de residuos, el Sistema de Información de Residuos y el Registro Nacional de Lodos, además de la representación internacional y seguimiento de convenios.

5. Órganos responsables y límites

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente dirige estas políticas. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y su Subdirección General de Residuos desarrollan las funciones técnicas, normativas y administrativas descritas.

La distinción práctica es importante: conforme al artículo 12.4 y 5, las comunidades autónomas autorizan y controlan generalmente las instalaciones y actividades de gestión, los suelos contaminados y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Los municipios prestan la recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos. Por tanto, el Ministerio establece el marco estatal y ejerce sus competencias específicas, sin sustituir esas responsabilidades territoriales.

¿Qué requisitos legales deben cumplir las empresas para inscribirse en el registro de sistemas de responsabilidad ampliada del productor?

Las empresas deben cumplir dos trámites distintos, según su papel: inscribirse como productores de productos y, si crean un sistema propio de responsabilidad ampliada del productor (RAP), someter ese sistema al régimen de comunicación o autorización correspondiente. No debe confundirse la inscripción de una empresa con la habilitación del sistema que financia u organiza la gestión de sus residuos.

La base general es el título IV de la Ley 7/2022. Los documentos concretos, plazos y condiciones adicionales dependen del tipo de producto y de su normativa específica.

1. Determinar quién está obligado

La empresa debe comprobar si tiene la condición legal de productor del producto conforme a la regulación de su sector. No basta con ser fabricante: también pueden resultar obligados quienes introducen productos en España mediante importación, adquisición intracomunitaria o venta desde el extranjero, según la definición aplicable.

El artículo 38.2 establece que cada regulación sectorial creará la sección correspondiente del Registro de Productores de Productos, con obligaciones de inscripción y de información periódica. Por tanto, no existe una única inscripción genérica que cubra automáticamente cualquier producto.

2. Elegir cómo cumplir la responsabilidad ampliada

Las obligaciones financieras, o financieras y organizativas, pueden cumplirse mediante un sistema individual o colectivo. Las demás obligaciones del productor siguen cumpliéndose individualmente.

  • Adhesión a un sistema colectivo: la empresa se incorpora a un sistema que cumple conjuntamente las obligaciones de varios productores. Esa adhesión no sustituye por sí sola su inscripción como productor ni elimina sus obligaciones propias de información.
  • Constitución de un sistema: si la empresa organiza uno individual, o participa en la creación de uno colectivo, debe cumplir también los requisitos legales del sistema y presentar la comunicación o solicitar la autorización que corresponda.
3. Acreditar capacidad para gestionar los residuos

Los sistemas individuales y colectivos deben cumplir, como mínimo, estas condiciones:

  • Cobertura definida: identificar dónde se comercializan los productos y dónde se generan sus residuos, sin limitar la actuación a las zonas más rentables.
  • Recogida suficiente: disponer de sistemas eficientes, con dotación y accesibilidad adecuadas para los usuarios.
  • Recursos suficientes: contar con medios financieros y, cuando proceda, organizativos para cumplir las obligaciones asumidas.
  • Continuidad: seguir recogiendo y gestionando los residuos aunque ya se hayan alcanzado los objetivos mínimos exigibles.

La contribución económica del productor debe cubrir los costes legalmente exigibles de recogida separada, transporte y tratamiento. Las garantías financieras deben constituirse y renovarse cuando resulten obligatorias; no cabe presumir una cuantía uniforme para todos los sectores.

4. Presentar la documentación correspondiente

El contenido concreto de la inscripción debe ajustarse a la sección sectorial: identificación del productor, productos afectados e información sobre su introducción en el mercado, junto con las acreditaciones que exija esa regulación. No existe en la ley básica una lista documental única válida para todos los productos.

Para los sistemas colectivos, la ley permite que la comunidad autónoma otorgue una autorización provisional en tres meses desde la solicitud, previa verificación documental y acompañando copia de la garantía financiera suscrita y calculada conforme al desarrollo reglamentario. No es una autorización automática.

5. Mantener el cumplimiento después del alta

La empresa debe remitir la información periódica exigida sobre productos comercializados y atender las obligaciones sectoriales de actualización. Los sistemas deben disponer de información electrónica sobre comercialización, recogida y tratamiento.

Inscribirse no agota el cumplimiento: incumplir la inscripción o la información del productor está tipificado como infracción grave. También pueden constituir infracciones graves operar sin comunicación o autorización, falsear documentación o no mantener las garantías obligatorias.

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¿Cuál es la principal novedad del real decreto sobre residuos textiles que busca aprobar el Gobierno?

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¿Qué porcentaje de reducción de residuos textiles y de calzado propone el proyecto para 2030 respecto a 2027?

Pregunta 2 de 3

¿Qué sistema colectivo ha impulsado el sector y empresas como Inditex, Mango y Tendam para gestionar la responsabilidad ampliada del productor?

Pregunta 3 de 3