La Comisión Europea ha dado a conocer este martes un nuevo paquete energético con el que plantea a los Estados miembro un conjunto de medidas para abaratar la factura eléctrica, poner en marcha bonos energéticos y tarifas sociales y permitir vetos temporales a los cortes de suministro, con el objetivo de proteger a los hogares más vulnerables ante la nueva crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo.
La propuesta, denominada “AccelerateEU”, será examinada por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo informal que se celebrará en Chipre este jueves y viernes. El plan responde al encarecimiento de los combustibles fósiles y de las importaciones de energía tras la escalada en la región, que, de acuerdo con los cálculos del Ejecutivo comunitario, ya ha generado un sobrecoste cercano a 24.000 millones de euros para la Unión en apenas 52 días.
“La energía no puede utilizarse como instrumento de dominación ni de guerra”, ha subrayado en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia, Teresa Ribera, que ha recalcado que acelerar la transición energética es “importantísimo” para apuntalar la seguridad económica y energética del bloque y recortar su dependencia del exterior, apostando por soluciones limpias, de proximidad y eficientes.
El paquete diseñado por Bruselas combina actuaciones de alivio inmediato con otras de medio y largo plazo dirigidas a apoyar tanto a los consumidores como a la industria, al tiempo que insiste en avanzar en la electrificación, reforzar las redes y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados como estrategia para amortiguar futuras tensiones de precios.
Para los usuarios domésticos, el elemento más visible pasa por facilitar que los gobiernos nacionales utilicen herramientas ya previstas en el marco europeo, como ayudas directas a la renta, vales energéticos para sustituir calderas, tarifas sociales, reducciones del IVA para bombas de calor, paneles solares y pequeñas baterías, así como incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos.
Bruselas recalca también que la normativa comunitaria ya permite a los Estados miembro establecer prohibiciones temporales, o incluso permanentes, de desconexión de la red para consumidores vulnerables con dificultades de pago, además de agilizar el cambio de suministrador y de contrato para que los clientes puedan acogerse con rapidez a ofertas más baratas.
“Esto no puede ser algo que puedan permitirse unos pocos, tiene que ser accesible para todos y todas. Tenemos que garantizarnos de que todos puedan depender de una solución energética, porque es así. Y debería ser más justo, además. Tiene que ser una elección fácil y una elección asequible. Tenemos que proteger a los más vulnerables”, ha reiterado Ribera.
En paralelo, la Comisión prevé aprobar un marco temporal de ayudas de Estado que otorgue más margen a los gobiernos para respaldar a los sectores económicos más expuestos al incremento de costes energéticos, con la intención de amortiguar el impacto sobre las industrias intensivas en consumo de energía.
Menos carga fiscal a la electricidad y mayor presión al gas
Entre las medidas más concretas, Bruselas se compromete a presentar en mayo una propuesta sobre cargos de red y fiscalidad con la que pretende impulsar un sistema energético más electrificado y resiliente, incluyendo la opción de rebajar determinados peajes para algunos usuarios y asegurando que la electricidad soporte una carga fiscal inferior a la del gas.
La Comisión defiende que este cambio impositivo es coherente con la necesidad de alejar a hogares, transporte e industria de la exposición a los combustibles fósiles. Según sus datos, más del 70% de la electricidad generada en la UE procede ya de fuentes limpias y los países con mayor presencia de renovables y nuclear en su mix suelen registrar precios eléctricos por debajo de la media comunitaria.
En esta misma dirección, el plan insiste en acelerar el despliegue de bombas de calor, mejorar el aislamiento de los edificios y sustituir equipos ineficientes, medidas con las que Bruselas confía en reducir de forma notable el consumo energético y las facturas domésticas, con ahorros que en algunos casos podrían rondar el 25%.
Coordinación en las reservas de gas y control de los precios
En el frente más inmediato, la Comisión quiere impedir que se repita una carrera desordenada de compras de gas como la del verano de 2022 y, por ello, propone coordinar con los Estados miembro el llenado de los almacenamientos subterráneos de cara al invierno, de forma gradual y evitando desatar nuevos picos de precios.
Bruselas anima igualmente a aprovechar la flexibilidad ya prevista en la legislación europea sobre almacenamiento y no descarta analizar márgenes adicionales para ajustar los objetivos de llenado a la situación real del mercado, con el fin de prevenir tensiones innecesarias.
Otra de las novedades del paquete es la puesta en marcha de un observatorio europeo de combustibles que supervise la producción, las importaciones, las exportaciones y los niveles de reservas, con especial atención al queroseno y al diésel.
La Comisión alerta de la elevada dependencia exterior en determinados segmentos, como el combustible de aviación, y resalta la importancia de anticipar posibles cuellos de botella y optimizar la distribución entre Estados miembro para garantizar el suministro.
Además, Bruselas prevé revisar la normativa sobre reservas de petróleo y reforzar el seguimiento de la capacidad de refino en la Unión Europea, ante la reducción registrada en los últimos años y su creciente concentración en algunas regiones concretas.