Hacienda refuerza el control del efectivo: así supervisa ingresos y retiradas superiores a 3.000 euros

La modificación de la Ley 10/2010 sigue el procedimiento general de tramitación de leyes ordinarias en España, que varía según la vía utilizada: proyecto de ley del Gobierno, proposición de ley de las Cortes o real decreto‑ley. En todos los casos, el Congreso tiene la “primera palabra” y el Senado ejerce una revisión con capacidad de enmienda o veto suspensivo. Tras la aprobación por ambas Cámaras (o la prevalencia del Congreso), el texto se remite para sanción del Rey y publicación en el BOE. A continuación se detalla el recorrido paso a paso de cada una de las tres vías posibles.

1. Iniciativas posibles para modificar la Ley 10/2010

Para alterar la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales se pueden usar tres caminos principales:

• Proyecto de ley del Gobierno: el Consejo de Ministros aprueba un proyecto de modificación (a menudo para transponer directivas europeas o adaptar estándares internacionales) y lo remite al Congreso.
• Proposición de ley: la iniciativa parte de grupos parlamentarios o diputados (y, en su caso, del Senado o parlamentos autonómicos), que registran un texto articulado de reforma.
• Real decreto‑ley: el Gobierno aprueba una norma con rango de ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad, que puede modificar directamente la Ley 10/2010 y se somete a convalidación del Congreso.

2. Proyectos de ley del Gobierno

a) Inicio y llegada al Congreso

El Ministerio competente elabora el anteproyecto, se somete a los informes necesarios y el Consejo de Ministros lo aprueba como proyecto de ley. Se remite al Congreso con su exposición de motivos y memorias de impacto. La Mesa del Congreso lo admite a trámite y lo envía a la comisión competente (normalmente Justicia, Interior, Economía o Hacienda, según el enfoque de la reforma).

b) Enmiendas y debate de totalidad

Se abre plazo para enmiendas a la totalidad y parciales:

• Las enmiendas a la totalidad pretenden rechazar el texto completo o sustituirlo por otro alternativo. Se debaten en Pleno en el llamado debate de totalidad. Si triunfa una enmienda de devolución, el proyecto se rechaza.
• Si el proyecto supera la totalidad, se continúa con el trabajo sobre las enmiendas parciales (que modifican artículos concretos, añaden o suprimen preceptos, o corrigen la técnica normativa).

c) Ponencia, comisión y Pleno del Congreso

El texto pasa a la ponencia, un grupo reducido de diputados designados por los grupos que estudia las enmiendas parciales y redacta una propuesta de texto. Ese texto se eleva a la Comisión, que debate, vota las enmiendas y aprueba un dictamen. El dictamen se remite al Pleno del Congreso, donde se debaten y votan las enmiendas “vivas” que los grupos mantengan y, finalmente, se vota el conjunto del proyecto. Aprobado por mayoría simple, se envía al Senado.

d) Tramitación urgente o lectura única

En materias como prevención del blanqueo (a menudo condicionadas por plazos europeos), el Gobierno puede pedir tramitación urgente, que reduce a la mitad muchos plazos. Excepcionalmente, si hay amplio consenso y el contenido es acotado, el Pleno puede acordar lectura única, que concentra la tramitación en un único debate y votación en Pleno, sin fase sustantiva en comisión.

3. Proposiciones de ley de los grupos parlamentarios

a) Presentación y toma en consideración

Un grupo o un conjunto de diputados registra una proposición de ley de reforma de la Ley 10/2010. La Mesa del Congreso la califica y, si la admite a trámite, la remite al Pleno para la toma en consideración. En ese debate se decide si la Cámara acepta empezar a tramitarla. Si se rechaza la toma en consideración, la iniciativa decae; si se acepta, pasa a la comisión competente.

b) Enmiendas y tramitación en Congreso y Senado

A partir de la toma en consideración, el recorrido es sustancialmente igual al de un proyecto del Gobierno:

• Apertura de plazo para enmiendas (a la totalidad, si se prevén, y parciales).
• Trabajo en ponencia y comisión, con dictamen.
• Debate y votación en Pleno del Congreso.
• Remisión al Senado, donde también se admiten enmiendas y se emite dictamen y votación en Pleno.

Si el Senado no introduce enmiendas, el texto queda aprobado definitivamente. Si aprueba enmiendas o un veto, el texto vuelve al Congreso, que puede aceptar las enmiendas por mayoría simple o levantar el veto por mayoría absoluta (o simple transcurridos dos meses).

4. Real decreto‑ley de modificación

El Gobierno puede modificar la Ley 10/2010 mediante un real decreto‑ley si aprecia extraordinaria y urgente necesidad. Este se publica en el BOE y entra en vigor de forma inmediata. El Gobierno está obligado a someterlo al Congreso para su convalidación en el plazo fijado por la Constitución y el Reglamento:

• El Pleno debate y vota la convalidación o derogación del decreto‑ley.
• Si se convalida, el Congreso puede acordar tramitarlo como proyecto de ley, lo que abre un turno de enmiendas y permite modificar el contenido inicial durante la tramitación parlamentaria ordinaria (ponencia, comisión, Senado, etc.).
• Si no se convalida, el decreto‑ley queda sin efecto, sin perjuicio de los actos ya producidos en su vigencia, conforme a la doctrina constitucional.

5. Fase final: sanción, promulgación y publicación

Una vez que Congreso y Senado han fijado el texto definitivo (o el Congreso ha prevalecido frente al Senado), la Presidencia de las Cortes lo remite al Rey para su sanción y promulgación. El Gobierno ordena su publicación en el BOE, y la reforma de la Ley 10/2010 entra en vigor en la fecha prevista en la disposición final correspondiente o, en defecto, a los veinte días de su publicación.

La Agencia Tributaria (AEAT) tiene, según la legislación española, amplias competencias para obtener y usar información sobre cuentas y movimientos bancarios cuando dicha información tenga trascendencia tributaria. Estas facultades se apoyan sobre todo en la Ley General Tributaria, en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y en normas específicas de suministro de información financiera. A cambio, se establecen garantías: inexistencia de secreto bancario frente a Hacienda, pero sí reserva de datos tributarios y límites de protección de datos y de conservación. Todo ello permite a la AEAT usar la información bancaria tanto en la comprobación e inspección como en la recaudación, incluidos embargos de saldos.

1. Marco normativo básico

La arquitectura jurídica de estas competencias se apoya principalmente en:

a) Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), que regula el deber de información de terceros (incluidas entidades de crédito), el acceso de la AEAT a cuentas y movimientos y la prohibición de ampararse en el secreto bancario (BOE-A-2003-23186).
b) Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que articula un sistema de comunicaciones financieras cuyo resultado está accesible a la Administración tributaria (BOE-A-2010-6737).
c) Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que refuerza obligaciones de información sobre cuentas financieras y fija criterios de conservación de documentación (BOE-A-2021-11473).
d) Órdenes y resoluciones que desarrollan obligaciones informativas y canales electrónicos, como la Orden HAC/747/2025 sobre modelos informativos financieros (BOE-A-2025-14600) y la Resolución de 21.12.2021 sobre intercambio electrónico de extractos normalizados (BOE-A-2021-21393).

2. Deber de información de bancos y entidades financieras

La LGT establece un deber general de información de terceros con trascendencia tributaria. Las entidades de crédito deben facilitar a la AEAT datos, informes y antecedentes, bien:

– Mediante declaraciones periódicas (modelos informativos regulados por órdenes ministeriales, como la Orden HAC/747/2025, que incluye información sobre cuentas, rendimientos, préstamos, operaciones con tarjetas, etc.).
– Mediante requerimientos individualizados emitidos por la Administración tributaria en cualquier momento posterior a las operaciones.

La LGT añade obligaciones específicas ligadas al NIF:

– Quien entregue fondos, bienes o valores, o realice cualquier operación financiera con una entidad de crédito, debe comunicar previamente su NIF, y reglamentariamente se fijan las obligaciones de información asociadas (Ley 58/2003).
– Las entidades deben dejar constancia e identificar a tomadores y tenedores en el libramiento y cobro de determinados cheques, especialmente por importes significativos, y comunicar esa información a la AEAT.
– El incumplimiento de estas obligaciones específicas se tipifica como infracción grave para las entidades de crédito, sancionable con multa proporcional.

En paralelo, la Ley 10/2010 impone a las entidades financieras la obligación de declarar operaciones y movimientos relevantes al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, y la propia ley prevé que “la Administración tributaria (…) tendrá acceso a la información” así obtenida para el ejercicio de sus competencias (Ley 10/2010).

3. Acceso de la AEAT a la información bancaria

La LGT habilita a la AEAT para formular requerimientos individualizados a bancos, cajas y demás entidades de crédito sobre:

– Movimientos de cuentas corrientes.
– Depósitos de ahorro y a plazo.
– Cuentas de préstamos y créditos.
– “Demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago”, siempre “en el ejercicio de las funciones de inspección o recaudación, previa autorización del órgano de la Administración tributaria” (Ley 58/2003).

Además, la AEAT recibe información:

– De forma masiva y estandarizada mediante los modelos informativos financieros y, técnicamente, a través del procedimiento de intercambio electrónico de extractos normalizados regulado por la Resolución de 21.12.2021 (BOE-A-2021-21393).
– De forma indirecta vía sistema de prevención de blanqueo: la Ley 10/2010 establece que la información derivada de las declaraciones de movimientos y operaciones debe remitirse al Servicio Ejecutivo, y que la Administración tributaria puede acceder a esa base de datos (Ley 10/2010).

4. Garantías, límites y protección de datos

En cuanto al “secreto bancario”, la LGT es explícita: “el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario” (Ley 58/2003). Es decir, frente a la AEAT, debidamente actuando en el ejercicio de sus competencias y con los cauces legales, el secreto bancario no es oponible.

A cambio, la LGT configura un régimen de reserva de datos tributarios (art. 95 LGT y ss., no reproducidos íntegramente en los extractos), que impide a la propia Administración difundir a terceros la información con trascendencia tributaria salvo en los supuestos tasados, con infracciones y sanciones para el personal que la vulnere.

En protección de datos, la Ley 10/2010 declara que los tratamientos para prevención de blanqueo se amparan en el interés público, sin necesidad de consentimiento, y limita el ejercicio de derechos de información, acceso, rectificación o supresión del afectado cuando ello pueda frustrar las finalidades de prevención e investigación (Ley 10/2010). Y la Ley 11/2021 establece que las instituciones financieras deben conservar la documentación utilizada para obligaciones de información y diligencia debida sobre cuentas financieras durante, al menos, cinco años desde el final del período de comunicación (Ley 11/2021), fijando un límite temporal de conservación.

5. Uso de la información bancaria en comprobación y recaudación

La información bancaria obtenida se utiliza para:

– Comprobación e inspección: la AEAT puede emplear saldos y movimientos de cuentas para verificar declaraciones, descubrir bases imponibles ocultas o justificar regularizaciones en procedimientos de inspección.
– Recaudación y embargo: la LGT sitúa el “dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito” entre los primeros bienes embargables en el orden legal de embargo, lo que exige conocer la existencia y saldo de las cuentas (Ley 58/2003).
– Explotación de información de blanqueo: la AEAT puede usar los datos procedentes del sistema PBC/FT como indicios o prueba en actuaciones tributarias, siempre circunscritas al ejercicio de sus competencias (Ley 10/2010).

En resumen, la legislación española configura a la AEAT como una autoridad con amplias facultades de acceso a la información bancaria relevante para fines fiscales, integrada en un marco de cooperación financiera obligatoria y de prevención del blanqueo, pero sometida a estrictos deberes de reserva y a reglas especiales de protección de datos y de limitación de la finalidad.

Una entidad financiera que opera en España debe cumplir un conjunto muy estructurado de obligaciones para detectar y reportar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El marco básico es la Ley 10/2010 y su Reglamento (RD 304/2014), desarrollados por circulares y guías del SEPBLAC. Estas normas exigen: (1) una diligencia debida sólida sobre el cliente (KYC); (2) una organización interna específica de prevención; (3) procedimientos de monitorización y análisis de operaciones; (4) comunicación inmediata al SEPBLAC por indicio o intento; (5) estricta confidencialidad (prohibición de “tipping‑off”); (6) conservación de documentación durante los plazos legales; y (7) sometimiento a un régimen sancionador administrativo, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal.

Diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC)

Antes incluso de poder reportar, la entidad debe aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo de blanqueo. Esto incluye identificar y verificar la identidad de personas físicas y jurídicas mediante documentación válida, así como identificar al titular real que controla en última instancia los fondos o la entidad cliente. Debe recabarse información sobre la finalidad y naturaleza de la relación de negocio, el origen de los fondos y el tipo de operaciones previstas, evaluando el riesgo de LA/FT según cliente, producto, canal y jurisdicción.

Si el riesgo es elevado (por ejemplo, personas políticamente expuestas, países de alto riesgo u operaciones complejas u opacas), se aplican medidas reforzadas de diligencia; solo cabe diligencia simplificada cuando el riesgo sea bajo y la normativa lo permita, dejando constancia documentada. La información KYC debe mantenerse actualizada y someterse a una supervisión continua de las operaciones para identificar comportamientos inusuales.

Organización interna y gobierno de la prevención

La Ley 10/2010 obliga a crear una estructura de control interno adecuada al tamaño y riesgo de la entidad. Debe existir un órgano de control interno y un responsable de cumplimiento u oficial de cumplimiento con independencia funcional, encargado de coordinar la prevención y supervisar el cumplimiento. Además, la entidad debe designar un representante ante el SEPBLAC como interlocutor formal, notificando su nombramiento y cambios.

Son imprescindibles manuales y políticas internas de prevención (KYC, gestión de PEPs, corresponsalía bancaria, gestión de alertas, etc.), aprobados por el órgano de administración. Todos los empleados deben recibir formación periódica y documentada sobre riesgos de LA/FT y procedimientos internos, y el sistema debe someterse a revisiones y auditorías para verificar su eficacia y corregir deficiencias.

Detección y análisis de operaciones sospechosas

Las entidades financieras han de disponer de sistemas de monitorización, automatizados y/o manuales, que permitan detectar operaciones inusuales por importe, frecuencia, origen o destino de fondos, productos o canales utilizados. Se utilizan listas de indicadores y escenarios de alerta, adaptados al perfil de los clientes y a la matriz de riesgos de la entidad (por ejemplo, operaciones con jurisdicciones de riesgo, utilización de cuentas de terceros o movimientos circulares de fondos).

Cuando se generan alertas, las unidades de prevención o compliance realizan un análisis interno: recopilan documentación, piden aclaraciones, reconstruyen la trazabilidad de los fondos y documentan sus conclusiones. Existen protocolos de escalado para decidir, a nivel competente, si concurren indicios racionales suficientes para justificar una comunicación al SEPBLAC, dejando constancia de todo el expediente.

Deber de comunicación al SEPBLAC

El núcleo del sistema es el deber de comunicación por indicio: si tras el análisis interno existen indicios racionales de que una operación está relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la entidad debe comunicarlo de forma inmediata al SEPBLAC. No se exige certeza; basta un indicio razonable. También se deben reportar los intentos de operación sospechosa, incluso cuando finalmente no se ejecutan (por ejemplo, intentos de apertura de cuenta con documentación irregular o abortar una operación al ser cuestionada).

La comunicación se realiza por los canales y formatos establecidos por el SEPBLAC, normalmente en soporte electrónico seguro, incluyendo datos del cliente, descripción detallada de los hechos, documentación relevante y motivación del indicio. Tras comunicar, la entidad debe cooperar con el SEPBLAC y, en su caso, con autoridades judiciales y policiales, aportando información adicional cuando se le requiera. Las demoras injustificadas o la omisión total del reporte pueden ser objeto de sanción.

Confidencialidad y prohibición de “tipping‑off”

La normativa prohíbe revelar al cliente o a terceros que se ha efectuado o se va a efectuar una comunicación al SEPBLAC relacionada con sus operaciones. Esta prohibición de “tipping‑off” se extiende tanto al contenido de la comunicación como al hecho mismo de su existencia. Solo se admiten revelaciones en los limitados supuestos previstos en la norma (por ejemplo, en el marco de requerimientos de autoridades competentes) y siempre preservando la reserva frente al cliente.

Para cumplir este deber, se deben establecer controles de acceso a la información sobre comunicaciones, limitar las personas que pueden conocerlas y formar específicamente a quienes intervienen en la prevención sobre los riesgos y consecuencias del tipping‑off.

Conservación de documentación

Las entidades financieras deben conservar la documentación relativa a la identificación de clientes, operaciones, evaluaciones de riesgo y comunicaciones internas y externas sobre prevención de blanqueo durante los plazos mínimos fijados por la Ley 10/2010 y su Reglamento. Esta obligación alcanza a contratos, justificantes de operaciones, resultados de controles, expedientes de análisis de alertas y comunicaciones remitidas al SEPBLAC.

La entidad ha de garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de estos registros, así como su destrucción segura cuando finalicen los plazos y no exista investigación en curso que exija su conservación adicional.

Régimen sancionador

El incumplimiento de estas obligaciones puede ser sancionado administrativamente por el SEPBLAC y, según el tipo de entidad, por otros supervisores sectoriales (Banco de España, CNMV, etc.). Son sancionables, entre otros, la falta de diligencia debida, la inexistencia o ineficacia de los controles internos, la omisión o retraso injustificado en la comunicación de operaciones sospechosas, el incumplimiento de la conservación de documentos o la revelación ilícita al cliente.

Las sanciones pueden consistir en multas, amonestaciones públicas o privadas, imposición de medidas correctoras, e incluso inhabilitaciones y restricciones de actividad en los supuestos más graves o reiterados. La cooperación con las autoridades y la existencia de programas de cumplimiento robustos y efectivos se valoran como factores atenuantes en la graduación de las sanciones.