El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a un acuerdo que declara “instalaciones energéticas estratégicas” a los proyectos de generación renovable y de almacenamiento adjudicados en los procedimientos de concesión de capacidad de acceso en los nudos de transición justa, desarrollados a partir de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 24/2013, del sector eléctrico.
El acuerdo, promovido por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo adscrito al Ministerio, reconoce a estas iniciativas la categoría de “proyectos energéticos preferentes”. Esta consideración implica “una atención prioritaria” por parte de todas las Administraciones implicadas y la declaración de urgencia, por motivos de interés público, de los trámites de autorización, de la evaluación de impacto ambiental, de las resoluciones administrativas y de los posibles recursos.
La actuación se limita a acelerar los procedimientos administrativos y no modifica las condiciones de fondo ni las garantías ambientales. Los proyectos seguirán sometidos a la evaluación de impacto ambiental y a los controles ordinarios, manteniendo íntegro el nivel de protección, según indicó el gabinete que encabeza Sara Aagesen.
En los nudos de transición justa se han diseñado procedimientos específicos que otorgan capacidad de acceso a la red de transporte priorizando las iniciativas que maximizan los retornos socioeconómicos para el entorno.
Frente al esquema general, estos mecanismos vinculan la asignación de capacidad a compromisos verificables de creación de empleo, programas de formación y dinamización de la economía local. Se han puesto en marcha procesos de este tipo en nudos como Mudéjar 400 kV, Lancha 220 kV, Meirama 220 kV, La Pereda 220 kV y Narcea 400 kV, cuyos proyectos, entre otros, podrán acogerse a esta nueva consideración.
Con esta declaración, el Ejecutivo impulsa un uso más eficiente de la red eléctrica, contribuye al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y refuerza la seguridad de suministro, al tiempo que favorece la reactivación económica y social de las zonas afectadas por el cierre de centrales.