El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a una reforma profunda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con este cambio normativo, el organismo dejará de ejercer como autoridad de resolución bancaria para reorientar su actividad hacia la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En detalle, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta propuesta legislativa contempla la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), que contará con un esquema de financiación propio y no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado.
La Anifi concentrará las competencias que actualmente se reparten entre el Sepblac y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Así, esta nueva autoridad independiente asumirá las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera (el Sepblac), supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, además de nuevas atribuciones que hasta ahora no ostentaba ninguna institución, como la relativa a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, la nueva autoridad será el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA).
Para acelerar su despliegue y "bajo el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos", el Ejecutivo ha decidido levantar la nueva institución sobre la actual estructura del FROB, aprovechando sus servicios operativos y su bagaje en el ámbito financiero.
Como consecuencia, el FROB modifica su ámbito de actuación y deja de ser la autoridad encargada de la resolución de entidades bancarias. Las tareas de resolución ejecutiva se trasladan a los organismos que ya realizan la resolución preventiva: el Banco de España, en el caso de las entidades de crédito, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para las empresas de servicios de inversión. De esta manera, habrá una única autoridad de resolución para cada clase de entidad, en coherencia con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, según ha explicado el Gobierno.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, este traspaso competencial se articula "garantizando la separación funcional" respecto de las labores de supervisión dentro de cada organismo, con el fin de evitar conflictos de interés. Al mismo tiempo, se mantiene la intervención del Ministerio de Economía en aquellas decisiones que puedan tener repercusión presupuestaria o sobre la estabilidad financiera.
En paralelo, la participación del Estado en CaixaBank continuará gestionándose a través de BFA Tenedora de Acciones, que dejará de ser filial del FROB para quedar adscrita directamente al Ministerio de Economía como sociedad dependiente.
BFA conservará su carácter de sociedad instrumental, a la que se transferirán también las acciones de Sareb. Seguirá ejerciendo sus derechos como accionista en los mismos términos que hasta ahora y se mantendrán las obligaciones y condiciones de desinversión fijadas en el artículo 31 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
El Ejecutivo ha precisado que Anifi contará con un modelo de financiación autónomo, ajeno a los Presupuestos Generales del Estado. Sus recursos procederán de una tasa aplicada a los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa (principalmente entidades financieras y operadores de juego) y de un porcentaje limitado de las sanciones que imponga, que se destinará a sufragar actividades de prevención y persecución del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como de cooperación internacional.
Hasta la fecha, el FROB venía reclamando una modificación de su esquema de financiación, ya que las tasas que percibía estaban vinculadas a las contribuciones que los bancos abonan al Fondo Único de Resolución (FUR). En los dos últimos ejercicios, este fondo había alcanzado su objetivo, de forma que los ingresos por esta vía fueron nulos. El FROB había cubierto sus necesidades principalmente con los dividendos procedentes de CaixaBank.
Según el Ministerio, la reforma persigue un doble propósito: reforzar la arquitectura institucional mediante la creación de una autoridad especializada e independiente (la Anifi), y adecuar la normativa española al nuevo paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La revisión legal actualiza también el marco normativo para alinearlo con los criterios europeos e internacionales. Entre las principales novedades, se incorporan nuevos sujetos obligados; se incrementa la transparencia sobre la titularidad real, dotando al Registro Central de nuevas potestades de inspección y sanción; y se endurecen los requisitos de idoneidad, de forma que las personas condenadas por blanqueo no puedan actuar como sujetos obligados ni dirigir estas entidades. Igualmente, se refuerza el control sobre los movimientos de efectivo.
El anteproyecto, aprobado en primera vuelta, se someterá ahora a audiencia e información pública antes de proseguir su tramitación parlamentaria.