El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las subvenciones con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinadas a financiar los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias y Extremadura, por un importe global de 110 millones de euros.
El Plan de Empleo de Andalucía recibirá una ayuda de 50 millones de euros, el correspondiente a Canarias dispondrá de 45 millones de euros y el de Extremadura contará con una dotación de 15 millones de euros.
Según ha señalado el departamento que dirige Yolanda Díaz en una nota, estos planes integrales se orientan a combatir el desempleo estructural que arrastran estas tres autonomías, pese a la evolución favorable del mercado laboral durante el último año.
Enfoque en los colectivos con más dificultades
“Las políticas activas de empleo aplicadas están dando resultados, contribuyendo a mejorar las cifras de empleo y a reducir el paro”, ha indicado el Ministerio, que ha matizado que este progreso “debe consolidarse y profundizarse mediante una inversión continuada y estratégica en medidas que favorezcan la generación de empleo de calidad, con especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción”.
Las actuaciones concretas que se pondrán en marcha y el calendario de ejecución de estos planes, que podrán prolongarse hasta 2027, así como la aportación prevista en 2026 para el Plan Integral de Empleo de Extremadura, se articularán mediante un convenio entre el SEPE y las respectivas comunidades autónomas.
Entre sus metas principales figuran la creación de empleo de calidad y de riqueza, así como la mejora de las condiciones laborales. En esta línea, el Ministerio ha subrayado que “no sólo se trata de cantidad, sino de mejorar las condiciones laborales, alcanzar salarios justos y aumentar las oportunidades de desarrollo profesional, a la vez que el empleador mejore o consolide su posición en el mercado”.
Otros objetivos destacados pasan por reforzar la empleabilidad de la población activa y promover la inclusión y la diversidad, evitando cualquier forma de discriminación hacia los colectivos vulnerables, “prioritarios para garantizarles la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con independencia de la edad, el sexo, la raza, la discapacidad o cualquier otra circunstancia de carácter personal, familiar o social”.
Asimismo, se busca impulsar y afianzar los sectores estratégicos, acelerar la transformación digital, modernizar los Servicios Públicos de Empleo y avanzar en la transparencia de las políticas laborales.