La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) reclama una estrategia de prevención de incendios estable, bien coordinada, sustentada en la evidencia científica, con financiación plurianual y que sitúe la salud pública como eje central de la respuesta institucional.
De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2026 han ardido 172.396 hectáreas de superficie forestal, casi seis veces más que las 29.817 registradas en el mismo periodo de 2025. En ese mismo intervalo se han producido 35 grandes incendios forestales, frente a los 11 contabilizados en esas fechas el año anterior.
Ante este escenario, SESPAS subraya la necesidad de actuar de forma preventiva y no limitarse a intervenir cuando el fuego ya está declarado. Recuerda que ningún dispositivo de extinción puede compensar por sí solo décadas de abandono del medio rural, acumulación de biomasa inflamable y una planificación deficiente.
La entidad propone avanzar hacia una gestión forestal adaptativa, recuperar paisajes en mosaico, reforzar la ganadería extensiva, la agricultura y el pastoreo, proteger los núcleos habitados y las infraestructuras críticas e integrar el riesgo de incendios en la planificación urbanística.
En este marco, SESPAS destaca que la salud debe considerarse un pilar esencial. Insiste en que los daños de los incendios no se limitan a las áreas quemadas, ya que el humo puede desplazarse cientos de kilómetros, empeorar enfermedades respiratorias, incrementar el riesgo de episodios cardiovasculares y respiratorios e irritar ojos y vías aéreas.
Los grupos más vulnerables incluyen a personas mayores, mujeres embarazadas, niños, pacientes con patologías crónicas, personas sin hogar y trabajadores expuestos, tal y como recoge la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) en un posicionamiento.
A estos impactos se añaden las quemaduras, los traumatismos, la interrupción de tratamientos médicos, los desplazamientos forzosos, la pérdida de viviendas y puestos de trabajo, la ansiedad, los procesos de duelo y las secuelas prolongadas sobre la salud mental.
Por este motivo, SESPAS insta a reforzar la vigilancia en tiempo real de las partículas PM2,5, implantar sistemas de alerta pública claros y accesibles, consensuar protocolos sanitarios comunes, habilitar refugios con aire limpio, garantizar la continuidad de los tratamientos y llevar a cabo un seguimiento epidemiológico de los efectos inmediatos y a largo plazo.
“España no puede normalizar que cada verano se traduzca en pérdida de vidas, evacuaciones masivas, aire irrespirable y territorios devastados. La respuesta debe ser firme, solidaria y científica: proteger hoy a la población expuesta y transformar desde mañana las condiciones que alimentan los grandes incendios”, han aseverado desde SESPAS.
La sociedad científica concluye mostrando su solidaridad con las personas fallecidas, heridas, evacuadas y confinadas, con las comunidades afectadas y con quienes participan en las labores de extinción, la atención sanitaria, la protección civil y el apoyo social. Además, ofrece su experiencia para colaborar en la evaluación de riesgos, la vigilancia epidemiológica, la comunicación con la ciudadanía y la elaboración de protocolos.