El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una nueva norma destinada a salvaguardar la indemnidad de los empleados que se atrevan a denunciar casos de corrupción dentro de su entorno laboral, extendiendo además esa protección a su núcleo familiar más cercano.
El anteproyecto de ley introduce cambios en varios preceptos del Estatuto de los Trabajadores con el fin de asegurar que quienes informen sobre prácticas corruptas en sus centros de trabajo no sufran represalias como despidos, amenazas o situaciones de acoso.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado que la finalidad es que la denuncia pública no conlleve consecuencias negativas para el trabajador y que se amplíen de forma expresa las causas de nulidad del despido.