España ha tramitado contratos y otorgado subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos “Next Generation EU”, por un importe total de 64.882 millones de euros, repartidos en 1,67 millones de operaciones.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) actualizó este lunes su observatorio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con la información del segundo trimestre de 2026, periodo en el que se han registrado nuevas formalizaciones y concesiones por casi 4.000 millones de euros.
Con la incorporación de los datos del segundo trimestre de 2026, el volumen acumulado de contratos formalizados y subvenciones concedidas asciende a 64.882 millones de euros, distribuidos en 1,67 millones de operaciones. El número de adjudicatarios o beneficiarios únicos se sitúa en 1,48 millones, dado que una misma entidad puede recibir más de una ayuda o licitación.
En este segundo trimestre de 2026 sobresale el impulso a las subvenciones destinadas a la descarbonización de la industria manufacturera, con 29 concesiones que suman 518 millones de euros, concentradas íntegramente en este periodo.
Estas iniciativas se integran en el Componente 12 (Política Industrial), que acumula en 2026 más de 1.300 millones de euros ejecutados. En estos meses también toman relevancia las actuaciones ligadas al hidrógeno renovable, que alcanzan en 2026 concesiones por un valor cercano a 550 millones de euros.
Impulso a la inversión ferroviaria y a la digitalización
En términos generales, las mayores dotaciones corresponden a la inversión ferroviaria, incluida la red de alta velocidad (AVE), que se sitúa en torno a los 3.800 millones de euros. El programa “Kit Digital” para la digitalización de pymes y autónomos figura igualmente entre las principales líneas de actuación, con cerca de 3.000 millones de euros, junto con proyectos de hidrógeno renovable, gestión de residuos y economía circular y movilidad sostenible en el ámbito local.
Por subsectores, el mayor volumen de recursos convocados recae en el sector público institucional estatal, que concentra alrededor de 24.500 millones de euros. A continuación se sitúan las comunidades autónomas, con unos 17.590 millones, y la Administración General del Estado, con algo más de 13.762 millones. Las corporaciones locales suman aproximadamente 9.000 millones.
Si se analiza por órganos convocantes, el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) aparece como el principal emisor de convocatorias, con unos 7.200 millones de euros vinculados a sus programas. Le siguen el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con cerca de 4.800 millones, la entidad pública Red.es, con algo más de 3.500 millones, la Comunidad de Madrid, con 3.095 millones, y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con algo más de 3.000 millones.
Por componentes del plan, el observatorio sitúa la movilidad sostenible como uno de los ejes prioritarios, tanto en su dimensión de larga distancia como en la urbana, que suman en conjunto cerca de 14.000 millones de euros. También resaltan las partidas asociadas a la política industrial (6.361 millones), la rehabilitación y regeneración urbana (4.957 millones) y las medidas de apoyo a las pymes (3.981 millones).