La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, ha instado a que las administraciones públicas refuercen los sistemas de control, impulsen la transparencia y mejoren la rendición de cuentas de los responsables políticos, en una alusión implícita a los casos de Leire Díez y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Ha formulado estas consideraciones este miércoles durante la clausura de la 41 Reunió Cercle d'Economia, en un acto que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el auditorio también se encontraban el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, entre otras autoridades.
Garcia-Milà ha remarcado que los dirigentes políticos comparten la responsabilidad de preservar la confianza ciudadana en las instituciones, que ha descrito como uno de los activos más relevantes de cualquier sistema democrático.
“Lo que esperamos del debate político no es solo la denuncia de los problemas, sino también la capacidad de construir consensos sobre la solución a los problemas, de forma que puedan fortalecer nuestras instituciones, y esa responsabilidad corresponde tanto al Gobierno como también a la oposición”, ha manifestado.
Financiación autonómica
La presidenta del Cercle ha reclamado a Sánchez que se adopten las decisiones necesarias para que el nuevo modelo de financiación autonómica salga adelante, “por el bien de Catalunya y de toda España”.
Ha valorado el trabajo del Ejecutivo al presentar una nueva propuesta, que ha calificado de “un importante paso adelante” y que, a su juicio, supondría una mejora sustancial en el volumen de recursos de las comunidades autónomas que opten por adherirse.
Vivienda, inmigración y necesidad de valentía política
Asimismo, considera imprescindible desplegar “políticas valientes y consensuadas” en materia de inmigración y vivienda. En relación con la inmigración, ha recordado que el peso de la población nacida fuera de España ha pasado del 4% al 20% en los últimos 25 años, “un fenómeno de una magnitud extraordinaria que merece un debate serio”.
A su entender, el actual proceso de regularización resulta necesario, aunque “sería un error entenderlo como una solución definitiva”, ya que evidencia que el sistema vigente no funciona de manera adecuada.
Sobre la vivienda, ha sostenido que, si se quiere incrementar la oferta disponible, es “imprescindible incentivar la participación del sector privado”, lo que exige aumentar el suelo urbanizable y garantizar un marco jurídico estable a largo plazo.
A su juicio, el control de precios del alquiler “no es una buena idea”, porque restringe la oferta y termina convirtiéndose en una medida regresiva.