PP y Vox han acordado aplicar en Castilla y León una reducción paulatina del 0,25 por ciento en el tipo mínimo del IRPF de la tarifa autonómica vigente, de forma que, al término del mandato, la rebaja acumulada alcance un punto porcentual.
Esta medida forma parte de los compromisos fiscales incluidos en el acuerdo de gobierno firmado este miércoles por ambas formaciones, que incorpora también un amplio paquete de apoyo a la natalidad. Entre ellos figura el aumento hasta 1.200 euros de la deducción por nacimiento o adopción del primer hijo, hasta 1.700 euros en el caso del segundo y hasta 2.500 euros para el tercer hijo o sucesivos.
En relación con la deducción en la cuota autonómica del IRPF vinculada al grado de discapacidad de los hijos, el texto establece que el nacimiento o adopción de un menor con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento dará derecho a una deducción equivalente al doble de las cuantías anteriores.
Ambos partidos plantean, además, reforzar una fiscalidad específica para el medio rural. En este ámbito, se prevé elevar hasta un 40 por ciento las deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento y adopción, así como aumentar del 15 al 20 por ciento la deducción por rehabilitación de vivienda habitual destinada al alquiler asequible. Igualmente, se elevará del 25 al 30 por ciento la deducción por arrendamiento de vivienda habitual para jóvenes residentes en el entorno rural.
El acuerdo contempla asimismo “un paso más” en la protección del medio rural mediante una política de impuestos cero en la transmisión de propiedades, que abarcará la primera vivienda habitual, la adquisición de locales de negocio y la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.
PP y Vox sostienen que este conjunto de incentivos fiscales impulsará nuevas oportunidades para fijar población y dinamizar la economía en los pueblos, y subrayan que el 97 por ciento de los municipios de Castilla y León se beneficiará de esta rebaja impositiva.
Otro de los compromisos que se pondrá en marcha desde el primer presupuesto es la extensión gradual de la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares cercanos, como hermanos, tíos y sobrinos, “para que el pago del impuesto no sea un obstáculo para recibir estas herencias y donaciones”, con el objetivo de alcanzar una bonificación del 12 por ciento durante la legislatura para los primeros 100.000 euros por contribuyente.
En cuanto a las reclamaciones al Ejecutivo central, el futuro gobierno autonómico exigirá este mismo año una reducción de la presión fiscal en las áreas rurales y la implantación de una fiscalidad más ventajosa en los tributos estatales, con regímenes especiales en el IRPF para los contribuyentes del medio rural.
En el documento, PP y Vox se comprometen a “defenderemos que se respete la capacidad fiscal en Castilla y León para bajar impuestos y que no se obligue y favorezca desde el Gobierno de España a subir impuestos a las comunidades autónomas”, un mensaje que trasladará el nuevo Ejecutivo que se conforme tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco la próxima semana.
Asimismo, la Junta se opondrá “a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos y territorios de primera y de segunda” y que otorgue privilegios a unos territorios frente a otros “como pago de un peaje político, y que supone la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o la dependencia”.
En la misma línea, el acuerdo advierte de que no se aceptará que se condone a ninguna comunidad autónoma “la deuda generada por el despilfarro de dinero público en aspiraciones separatistas, porque se estaría penalizando al resto de territorios”. “La deuda no desaparece, sino que se mutualiza y se reparte entre todos los españoles”, remachan las formaciones firmantes.