El Consejo de Ministros de este martes (último del curso político) tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley que actualizará la normativa española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Entre las principales novedades figura la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), un organismo que concentrará las funciones de supervisión, inspección y sanción que actualmente ejercen distintos órganos de la Administración.
La reforma busca adaptar la legislación española al nuevo paquete europeo de lucha contra el blanqueo de capitales, aprobado por la Unión Europea en 2024. La previsión del Gobierno es que la futura autoridad se convierta además en el interlocutor de España ante la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), el nuevo organismo comunitario encargado de coordinar esta materia.
Un único organismo para supervisar el blanqueo de capitales
Según la información adelantada por Expansión, el anteproyecto prevé que la ANIFI reúna bajo una misma estructura las funciones de inteligencia financiera, supervisión, inspección, potestad sancionadora y aplicación de sanciones financieras internacionales.
Además, asumiría competencias que hasta ahora no estaban atribuidas expresamente a ninguna autoridad, como la supervisión relacionada con la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo de esta reorganización es adaptar el sistema español al nuevo modelo europeo y simplificar la estructura de control frente al blanqueo de capitales.
Otra de las novedades del anteproyecto es la ampliación del número de actividades sujetas a las obligaciones de prevención del blanqueo.
Si el texto finalmente sale adelante, pasarán a estar sometidos a estos controles los proveedores de servicios de criptoactivos, las plataformas de financiación participativa y los clubes y agentes de fútbol profesional, en línea con las exigencias del nuevo reglamento europeo.
La reforma también contempla reforzar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y endurecer los requisitos de idoneidad para determinadas personas y entidades sujetas a esta normativa.
Adaptación a la normativa europea
La futura ley sustituirá el marco regulador vigente desde 2010 con el objetivo de alinearlo con el nuevo paquete legislativo aprobado por la Unión Europea el pasado año.
Ese paquete crea un sistema más homogéneo para todos los Estados miembros, refuerza la cooperación entre autoridades nacionales y establece nuevas obligaciones para determinados sectores económicos considerados de mayor riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La futura ANIFI será, además, el enlace de España con la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), que coordinará la supervisión a nivel comunitario.