El gasto medio que afrontará este verano una familia española para disfrutar de unas vacaciones en la costa asciende a 1.502 euros, incluyendo alojamiento, desplazamientos, comidas y actividades de ocio, de acuerdo con la última encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Según el estudio, el litoral se consolida como la alternativa preferida para el 33% de los participantes, por delante de los viajes al extranjero, elegidos por un 11% de los hogares, que manejan un presupuesto medio muy superior, de 2.641 euros.
La estancia en el pueblo continúa siendo la opción más barata, seleccionada por el 8% de los consumidores, con un desembolso medio de 583 euros. El mismo porcentaje se decanta por el turismo de montaña, cuyo coste se eleva hasta los 935 euros.
En el lado contrario, el 30% de las familias no tiene previsto realizar vacaciones de verano, una proporción que supera en cinco puntos el dato registrado en 2022 (25%).
En cuanto al tipo de alojamiento, los hoteles encabezan las preferencias con un 35% de las elecciones, seguidos de los apartamentos de alquiler (20%), la vivienda en propiedad (18%) y las casas de familiares (14%).
Las fórmulas más económicas, como los campings (7%) o el alojamiento en casas de amigos (4%), se mantienen en los últimos puestos de la clasificación.
Recomendaciones de seguridad y cómo reclamar
Ante el aumento de problemas en verano vinculados a cancelaciones, cargos adicionales o fraudes en ofertas inexistentes, la organización de consumidores recomienda recurrir a plataformas de reserva que ofrezcan pasarelas de pago seguras y priorizar los alojamientos con políticas de cancelación gratuita.
Del mismo modo, aconseja guardar todos los folletos, capturas de pantalla y comunicaciones por escrito para poder presentarlos como prueba en caso de conflicto.
Por último, la OCU recuerda que, aunque lo ideal es intentar primero un acuerdo amistoso con el proveedor del servicio, los consumidores pueden acudir a la vía judicial sin necesidad de abogado ni procurador siempre que la cantidad reclamada no supere los 2.000 euros.
Esta opción cobra especial importancia en los contratos cerrados entre particulares, ya que estas operaciones quedan fuera del ámbito de protección de los organismos públicos de consumo.