Los ayuntamientos españoles prescindieron de 28.400 trabajadores durante el primer trimestre del año, pocas semanas antes del inicio del proceso de regularización masiva de personas migrantes. Así lo ha denunciado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a partir de los últimos datos publicados de la Encuesta de Población Activa (EPA).
El sindicato detalla que, entre enero y marzo, el número total de empleados en los consistorios se situó en 336.300, frente a los 346.300 registrados en el trimestre precedente, lo que supone una pérdida neta de 10.000 efectivos.
CSIF considera que esta reducción de personal resulta especialmente grave ante el incremento previsto de trámites y gestiones derivado del proceso de regularización. "Esta pérdida de efectivos supone una irresponsabilidad teniendo en cuenta la carga de trabajo prevista en el proceso de regularización, como comprobamos a diario con largas colas de personas en las puertas de los ayuntamientos de toda España para resolver sus gestiones", ha criticado CSIF.
En la valoración del sindicato, el procedimiento de regulación masiva de migrantes "está poniendo al descubierto las costuras' y necesidades de una Administración ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como los ayuntamientos, Extranjería, Seguridad Social e Interior".
Coincidiendo con la proximidad del 1º de Mayo, CSIF subraya además que el aumento de la tasa de paro hasta el 10,83% y el descenso de la ocupación en 170.000 personas en el primer trimestre evidencian que el mercado laboral español sigue necesitando una reforma profunda del modelo productivo, ya que "el empleo continúa mostrando las mismas vulnerabilidades históricas".
"Estos datos indican que el empleo no está blindado, así como la estacionalidad del mercado laboral, donde perviven situaciones de vulnerabilidad y precariedad, pese a la reforma laboral", denuncian desde CSIF.
Miles de nuevos temporales en las administraciones públicas
El sindicato también pone el foco en la elevada temporalidad en las administraciones públicas, que se mantiene en torno al 27%, más del doble que en el sector privado. Este porcentaje se conoce tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala que las administraciones están incumpliendo "de manera sistemática" la Ley de Temporalidad.
Según CSIF, el 23% de las plazas incluidas en los procesos de estabilización continúan sin cubrir y aún quedan miles de puestos pendientes de convocatoria. "Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024", alega el sindicato.
Por este motivo, la organización que encabeza Miguel Borra reclama establecer por ley "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" para los responsables públicos que continúen abusando de la contratación temporal; que las ofertas de empleo público incluyan todas las plazas estructurales; y acortar los plazos de ejecución de los procesos selectivos, que ahora disponen de un máximo de 3 años y se incumplen "sistemáticamente".
Asimismo, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe suprimir la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, con el fin de que las administraciones puedan ajustar sus convocatorias a las necesidades reales sin recurrir a la figura del interino.
Sin embargo, CSIF acusa al Ejecutivo de mantener ocultos los datos de la oferta de empleo público de este año, lo que califica de "una situación inaudita que hurta a las organizaciones sindicales su derecho a negociar". El sindicato confía en disponer de estas cifras antes de que el Consejo de Ministros apruebe la nueva oferta de empleo público de la Administración General del Estado.