La Comunidad de Madrid continúa avanzando en la tramitación de su nuevo Reglamento de Viviendas con Protección Pública, una norma que pretende simplificar los procedimientos administrativos, facilitar la promoción de nuevas viviendas y ampliar las vías de acceso para los ciudadanos, entre ellas la recuperación de la fórmula del alquiler con opción a compra.
Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha decidido solicitar a la Comisión Jurídica Asesora el informe preceptivo sobre el proyecto, el último trámite antes de su aprobación definitiva. El nuevo texto reemplazará al reglamento vigente desde 2009, tal y como ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez.
La iniciativa actualiza el marco regulador de la vivienda protegida a la realidad del mercado y fija criterios más precisos para promotores, propietarios y adjudicatarios en cuanto a los requisitos de acceso, las condiciones de adjudicación y las normas de uso de los inmuebles.
“No todas las personas necesitan la misma solución habitacional. La actualización busca modalidades que tengan un encaje claro y que sus condiciones puedan conocerse desde el principio. Esta actualización normativa se suma a la oferta de vivienda protegida de la región”, ha defendido el consejero.
Declaración responsable para agilizar los trámites
Entre los cambios previstos, se simplifican diversos procedimientos que podrán realizarse mediante una declaración responsable, es decir, un documento en el que la persona interesada afirma cumplir las condiciones legales exigidas.
Esta vía afectará a determinados expedientes vinculados al reconocimiento definitivo de la calificación de vivienda protegida, al acceso a las mismas, al régimen de alquiler y a las transmisiones de titularidad. La Administración autonómica conservará, en todo caso, sus competencias de verificación e inspección posteriores.
Protección indefinida para el parque público
El texto también establece que las viviendas promovidas directamente por el Ejecutivo autonómico o que sean de su propiedad mantendrán de forma indefinida su calificación protegida. Esta previsión se extenderá, en ciertos casos, a otros inmuebles de titularidad pública con el fin de garantizar que sigan destinados a uso residencial protegido.
Asimismo, el reglamento concreta los requisitos de las viviendas reservadas a familias numerosas e incorpora nuevas fórmulas residenciales con zonas compartidas o comunitarias. Incluye además alojamientos temporales para estudiantes y otros colectivos, así como modelos de cesión de uso que permiten habitar una vivienda sin adquirir su propiedad.
Mayor exigencia de arraigo y nuevos supuestos de acceso
El futuro reglamento endurece el criterio de arraigo al fijar un mínimo de diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid para poder optar a promociones en régimen de venta o destinadas a uso propio. En el caso de determinadas modalidades de alquiler, como el Plan Vive, el requisito se reducirá a cinco años.
Además, se excluye del acceso a la vivienda protegida a quienes hayan sido condenados en los últimos cinco años por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles.
Paralelamente, se amplían los supuestos en los que se permitirá solicitar una vivienda protegida aun siendo titular de otra, contemplando situaciones como separaciones o divorcios, violencia de género, discapacidad, dependencia, problemas de accesibilidad o mayores necesidades de espacio en familias numerosas.
Gestión del parque residencial público
La Agencia de Vivienda Social (AVS) administra actualmente más de 25.300 viviendas repartidas en 119 municipios de la región. Por otro lado, el Plan Vive suma hasta ahora 16.448 viviendas protegidas: 6.530 ya se han entregado, 5.329 se encuentran en construcción y 4.589 están pendientes de próxima licitación.
En los próximos meses se prevé la cesión de 1.840 viviendas en Torrelodones, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, Moralzarzal, Navalcarnero, Velilla de San Antonio y Villalbilla. Además, 3.489 viviendas se están edificando en Alcobendas, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Loeches, Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Tres Cantos y Valdemoro.
Tras la petición del informe a la Comisión Jurídica Asesora, el Ejecutivo autonómico seguirá con los pasos necesarios para la aprobación definitiva del reglamento.
Tarifa Cero para nuevos autónomos en 2027
En paralelo, la Comunidad de Madrid destinará en 2027 un total de 7 millones de euros a la Tarifa Cero, que cubre las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos trabajadores por cuenta propia, después de que el Consejo de Gobierno haya acordado adelantar los trámites para financiar este programa el próximo año.
La ayuda, gestionada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, asume estas cuotas durante los primeros doce meses de actividad. La cobertura podrá ampliarse un año más para quienes tengan ingresos anuales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), una discapacidad del 33% o se encuentren en situación de vulnerabilidad, según ha señalado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.
También podrán beneficiarse las mujeres que hayan interrumpido su actividad laboral por nacimiento o adopción y la retomen en los dos años siguientes, siempre que disfruten de una cotización reducida.
Por otro lado, los mayores de 52 años que inicien un proyecto empresarial y dejen de percibir el subsidio por desempleo podrán recibir una cuantía equivalente durante un máximo de doce meses.
Las personas interesadas pueden consultar toda la información y los requisitos para acceder a estas ayudas a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.