La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha exigido un giro en la política de vivienda del Gobierno al entender que las decisiones adoptadas hasta ahora han contraído la oferta de pisos en alquiler y han disparado las rentas. Por ello, ha optado por no adelantar todavía la postura de su grupo respecto al real decreto que ultima el Ejecutivo, a la espera de conocer el texto definitivo que salga del Consejo de Ministros.
En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, Nogueras ha reiterado que la situación del acceso a la vivienda es "absolutamente insostenible" y ha remarcado que las políticas del Gobierno y sus socios "obviamente no funcionan", porque, a su entender, han provocado que "la oferta haya caído absolutamente en picado" mientras "los precios están más altos que nunca".
Según ha explicado, este marco regulatorio ha golpeado sobre todo a los pequeños propietarios, y ha señalado que muchos de ellos están optando por vender sus viviendas, lo que, en su opinión, abre la puerta a que acaben en manos de fondos de inversión.
Como alternativa, la dirigente de Junts ha reivindicado las propuestas registradas por su formación para facilitar el acceso a la vivienda, entre las que ha mencionado desgravaciones fiscales para hipotecas, alquileres y cuentas de ahorro, además de inversiones destinadas a incrementar el parque disponible.
Nogueras también ha mostrado su rechazo a las disposiciones relativas a la ocupación ilegal de inmuebles y ha cuestionado que el decreto contemple el alquiler de habitaciones. "Vivir de alquiler toda la vida en una habitación no es dignidad, es precariedad", ha sentenciado.
Interpelada sobre el sentido del voto de Junts al real decreto, la portavoz ha rehusado concretar si su grupo lo apoyará y ha subrayado que, antes de tomar una decisión, deberán analizar el contenido final de la norma. En esta línea, ha apuntado que su partido podría respaldar algunas medidas específicas, pero ha descartado dar su visto bueno a un decreto "ómnibus" que incluya políticas de vivienda que consideran equivocadas.
Junts tacha el decreto de intervencionista
Este miércoles, Junts per Catalunya ya advirtió de que no respaldará en su redacción actual el decreto ley de Sumar para prorrogar los alquileres hasta 2028, tras tildarlo de medida "intervencionista" y entender que "no respeta las competencias de Cataluña en materia de vivienda".
La formación sostiene que la crisis habitacional es "insostenible" y que las rentas del alquiler repuntaron en la ciudad de Barcelona durante el primer trimestre del año, al igual que el precio medio de los nuevos contratos firmados.
En cualquier caso, Junts ha avisado al Gobierno de coalición de que no votará a favor de la iniciativa en el Congreso de los Diputados "si se mantienen las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios" o si el Ejecutivo desoye sus reivindicaciones.
"Las políticas intervencionistas del Gobierno español no solo no han logrado resolver el problema, sino que lo han agravado y lo han trasladado a municipios en los que el problema no era tan grave", ha señalado el partido en un comunicado.
Desde Junts apuestan por poner en marcha "iniciativas concretas y equilibradas", como la desgravación fiscal de los alquileres para los inquilinos y de parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores; la recuperación de las cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda; o impulsar la construcción de nuevos pisos y movilizar al mercado las viviendas ya existentes.
Igualmente, reclaman un incremento de la inversión pública en vivienda, el desbloqueo de la ley contra la okupación que Junts registró hace dos años y que sea el Estado quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda dirigidas a personas vulnerables, en lugar de recaer sobre los pequeños propietarios.
El borrador del decreto ley ya ha sido remitido a los grupos parlamentarios y se prevé su aprobación en la próxima reunión del Consejo de Ministros.
Podemos se desmarca por la reforma de la Ley del Suelo
Podemos también ha manifestado su rechazo al decreto ley de Sumar al considerar que la modificación de la Ley del Suelo supone una "línea roja" al alterar el sistema de recursos frente a los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre suelos expropiados.
El partido 'morado' sostiene que este cambio permitiría legalizar con carácter retroactivo desarrollos urbanísticos ilegales y rebajar los controles sobre los futuros proyectos. A su juicio, también limitaría la capacidad de la sociedad civil para denunciar irregularidades en materia urbanística.