El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido este martes en Zaragoza que los servicios públicos y el Estado deben ofrecer seguridad y estabilidad a las mayorías sociales en ámbitos como las infraestructuras, la sanidad, las pensiones, la educación o la atención a la dependencia.
Sordo se ha desplazado a Zaragoza para intervenir en el comité ampliado de CCOO Aragón y en varias asambleas de trabajadores, en el marco de la preparación de la huelga general del 11 de noviembre.
Ha detallado que "el 'leit motiv' de esta huelga ha sido la problemática de la vivienda en España asociada a la situación de los salarios y los precios" y que "hay una tercera pata, que es la defensa de los servicios públicos".
Ha insistido en que "para Comisiones Obreras, la situación de acceso a la vivienda para millones de trabajadores es la gran fractura socioeconómica que sufre nuestro país, con un sesgo generacional evidente. No quiere decir que el problema de la vivienda solo afecte a la gente joven, pero afecta de forma muy particular a las personas jóvenes".
Según ha recalcado, "el tema de la vivienda está mediatizando la vida de muchísimas familias", recordando que la edad media de emancipación supera en España los 30 años, "una situación absolutamente anormal y anacrónica que no debiéramos interpretar como una situación normal".
Ha añadido que "hay cientos de miles de unidades convivenciales de familias, de parejas, que no se separan aunque hayan roto sus vínculos sentimentales porque las dos personas, individualmente, no pueden acceder a una vivienda sea en alquiler o en propiedad", lo que también es "una bomba de relojería" en relación con la violencia de género.
En este contexto, ha sostenido que en materia de vivienda "hacen falta medidas paliativas y regulatorias", pero, sobre todo, "una gran infraestructura pública de vivienda a precio protegido que facilite soluciones habitacionales a millones de personas en los próximos diez años y que limite a la baja los precios de mercado".
Ha advertido de que "por mucho que se topen los alquileres en las zonas tensionadas; por mucho que se evite la entrada de operadores privados, fondos de inversión y fondos buitre en la acaparación de viviendas para especular con su precio, que hay que hacerlo y en mi opinión hay que sacarles a gorrazos de este país; por mucho que se prorroguen los alquileres para evitar encarecimientos abusivos y por mucho que se promulguen los dos reales decretos ley que decayeron en sede parlamentaria, no sirve para, de verdad, acotar el problema de precios disparatados que tiene la vivienda en propiedad o la vivienda en alquiler en España".
Sordo ha emplazado a todas las formaciones políticas a aclarar, de cara a las elecciones generales del 29N, "si quieren invertir al menos el 1% del PIB durante la próxima década para conseguir al menos un millón y medio de viviendas a precio protegido que nunca se desclasifiquen".
Ha subrayado que "tiene que ser una muestra de voluntad política de si, de verdad, se quiere abordar el problema de la vivienda o se sigue concibiendo la vivienda como un bien de inversión, de especulación y de negocio privado en lugar de como un bien social de primera necesidad para generaciones enteras de ciudadanos y ciudadanas españolas".
Empleo, salarios e inflación
En relación con el mercado laboral, ha indicado que "está muy mediatizada" por el proceso de regularización de migrantes, de manera que continuará creciendo la población ocupada y se verán "repuntes puntuales" de la tasa de paro en el próximo trimestre.
Ha resaltado que "la situación del empleo en España es la mejor que hemos tenido en la historia económica reciente, con más gente trabajando que nunca, un incremento salarial que en términos de subida media de los salarios seguramente se sitúe en el año 2026 por encima entre el 3 y mucho y el 4 y poco por ciento".
Sin embargo, ha advertido de que, aunque los sueldos han aumentado, "esto no sirve para hacer frente al disparatado coste de la vivienda", ya que "no hay un convenio colectivo que soporte un incremento del 12% interanual en el precio de la vivienda".
Ha insistido en que "tenemos que subir los salarios porque los precios suben y no solo los de la vivienda", recordando que la inflación se sitúa en el 4,9%.
Ha apuntado que "las familias incluso con dos trabajos, incluso con salarios medios que puedan estar incrementándose, pasan apuros para llegar a fin de mes por el incremento de los costes ordinarios", que golpean con más fuerza a las rentas bajas.
Ha vinculado este encarecimiento del coste de la vida con el contexto internacional, al señalar que "la irrupción de la extrema derecha en las principales economías del mundo está disparatando el mundo".
En esta línea, ha afirmado que "los precios que soporta una familia trabajadora española es considerable, consecuencia directa de la irrupción de la extrema derecha en países como Estados Unidos, en las guerras en Irán o en la invasión de Ucrania".
Ha añadido que "la locura de invadir países, la locura de cerrar estrechos como el de Ormuz o como el otro estrecho que hay, o la locura de invadir Ucrania" son factores que alimentan la inflación.
Ha señalado, además, que los márgenes empresariales en ramas como el refino de combustibles o el sector eléctrico "están en récords históricos".
Ha denunciado que "nos parece una vergüenza que el incremento de los costes que provocan las guerras se traslade a los precios al consumo para mantener intactos o incluso mejorar los beneficios de las empresas y es un escándalo que, además, esto sea compatible con una CEOE que se niega a subir los salarios a través de un gran acuerdo de convenios colectivos a nivel estatal; en ese escenario es donde situamos la responsabilidad patronal y son unos de los principales destinatarios de esta convocatoria de paro general". Los sindicatos reclaman incrementos salariales de entre el 4 y el 7% y un aumento del salario mínimo interprofesional del 7%.
Ha añadido un tercer elemento: las familias destinan cada vez una mayor parte de sus ingresos "a pagar lo que la administración pública cada vez da en peor medida o en servicios públicos de menor calidad", citando la sanidad o la educación, con menos plazas en FP o en posgrados.
Tras aludir "a lo que hemos visto con la situación del sistema ferroviario, con la situación de la atención a la dependencia, la ayuda domiciliaria, las residencias, el coste que tiene esto para las familias", ha querido lanzar "un mensaje clarísimo respecto a los servicios públicos: No es menos Estado lo que necesitamos, es más Estado".
Ha cuestionado "¿de verdad alguien piensa que reduciendo los ingresos públicos un 4% del PIB se puede conseguir algo que no sea mandar a este país a la ruina, a la dependencia exterior, a la subalternidad de los mercados de deuda?", en referencia a Vox, advirtiendo de que esta propuesta implicaría una reducción "drástica" de las pensiones o "arruinar" la sanidad, la educación y la atención a la dependencia y "dejar que se pudran nuestras infraestructuras".
Asambleas y movilización sindical
El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha explicado que Sordo participa este martes en el comité ampliado del sindicato y en tres asambleas de trabajadores tanto de las administraciones públicas como de empresas privadas.
Ha avanzado que el próximo lunes, 9 de noviembre, se celebrará una asamblea conjunta con UGT para dar el pistoletazo de salida a la huelga general.
Pina ha remarcado que las organizaciones sindicales aspiran a que el 11N sea "un día histórico" con "ese punto de diferenciación" que tiene esta huelga general, que "tiene una pata social". Ha recalcado que "los servicios públicos no son solo la sanidad, la educación, sino que están también los cuidados, incluso últimamente estamos metiendo también el tema de la vivienda".
Ha adelantado que la jornada de paro irá acompañada de concentraciones en distintas localidades, no solo en las tres capitales, sino previsiblemente también en Monzón y Calatayud, y que por la tarde se desarrollarán manifestaciones.