Unión Sindical Obrera (USO) ha señalado que la bajada del número de parados registrada en los últimos datos de empleo y afiliación hechos públicos esta mañana se debe, en gran medida, a factores estacionales, en un contexto en el que la contratación de jóvenes se ha vuelto “masiva y temporal”.
El sindicato destaca que el descenso del desempleo se concentra sobre todo en los menores de 25 años, con una reducción superior al 10%, claramente por encima del resto de franjas de edad. No obstante, su secretario general, Joaquín Pérez, insiste en que este comportamiento no puede leerse como una mejora sólida y permanente del empleo juvenil.
Joaquín Pérez ha advertido de que, cuando se dan estas cifras, no responden a una gran entrada de jóvenes al mercado de trabajo tras completar sus estudios, sino al uso intensivo de mano de obra “barata y temporal” vinculada a campañas comerciales o al tirón turístico de determinadas épocas del año.
USO dirige la atención hacia la calidad del empleo creado, remarcando el repunte de los contratos a tiempo parcial y de los fijos discontinuos como rasgos predominantes. Aunque también aumentan los contratos indefinidos, el sindicato recalca que buena parte del avance en el número de ocupados se sustenta en estas fórmulas de empleo “precarias”.
Desde la organización sindical sostienen que la actividad económica continúa sin generar ocupación estable y efectiva, sino que se limita a repartir el trabajo en jornadas más reducidas. “Tiempos parciales son salarios parciales”, denuncia Pérez, que relaciona esta dinámica con un modelo económico incapaz de consolidar puestos de trabajo duraderos.
Asimismo, recuerda que otros termómetros del mercado laboral, como la Encuesta de Población Activa (EPA), reflejan una situación poco alentadora, en línea con el malestar expresado en las movilizaciones del 1º de Mayo, que ponen de manifiesto la insatisfacción social ante las actuales condiciones laborales y retributivas.
Ante este escenario, USO exige una reforma laboral “redactada de cero” que afronte de raíz los problemas estructurales del mercado de trabajo español, acompañada de un cambio profundo en el modelo productivo.
En paralelo, reclama avanzar en auténticas políticas de Estado que eleven la calidad del empleo, con una fiscalidad más equitativa y medidas eficaces de control sobre los precios de bienes básicos como la vivienda y la alimentación.