Cara a cara 29N: Qué proponen Sánchez y Feijóo en materia de vivienda

Las propuestas de vivienda de Sánchez y Feijóo abren el debate electoral de este jueves, 19 de noviembre, a las 22.00 horas. El PSOE quiere ampliar la duración de los alquileres y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia. El PP plantea eliminar esos índices y premiar fiscalmente a los propietarios que renueven el contrato durante tres años con una subida inferior al IPC

Un voluntario del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos participa en una de las siete movilizaciones por el derecho a la vivienda, a 18 de abril de 2023, en Madrid (España) Gustavo Valiente - Europa Press

Un voluntario del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos participa en una de las siete movilizaciones por el derecho a la vivienda, a 18 de abril de 2023, en Madrid (España) Gustavo Valiente - Europa Press

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Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 19 de noviembre de 2026 · 18 institutos

  • PP31,1 %
  • PSOE27,4 %
  • Vox19,1 %
  • Frente Amplio6,2 %
  • ERC2,5 %
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Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

La vivienda se ha convertido en eje principal de los distintos programas electorales. La importancia temática es tal que será el que abra el cara a cara televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de esta noche, a diez días de las elecciones generales del 29N. Los dos programas de socialistas y populares proponen agilizar la construcción de vivienda y facilitar el acceso al alquiler. La principal diferencia entre ellos está en cómo frenar las subidas de renta: el PSOE quiere reforzar el papel de los índices de referencia y el PP, suprimirlos.

Alquiler: congelación de rentas o incentivos para renovar

El PSOE propone ampliar la duración de los contratos de alquiler y congelar temporalmente, en los mercados tensionados, las rentas que superen los índices de referencia. También plantea que el Ministerio de Vivienda identifique y publique un mapa de esas zonas, actualizar las deducciones fiscales para los inquilinos y crear una garantía pública de acceso al alquiler para jóvenes mediante seguros de impago.

El PP se compromete a derogar la Ley de Vivienda y a eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios. Su programa incluye una deducción en el IRPF para los inquilinos de vivienda habitual, graduada según sus ingresos. También ofrece una deducción o un crédito fiscal al propietario particular que, al vencer el contrato, lo renueve al mismo inquilino por tres años más con una subida inferior al IPC. 

Suelo: un impuesto a los solares ociosos y licencias en tres meses

El PSOE propone una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para simplificar el desarrollo urbanístico. Quiere gravar los solares residenciales ociosos y financiar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) la compra de suelo y su urbanización para promociones de vivienda asequible y protegida. Su programa prevé movilizar más de 25.000 millones de euros a través del ICO en avales, préstamos y financiación para vivienda asequible.

El PP fija como objetivo construir un millón de viviendas. Para ello propone una nueva Ley del Suelo, publicar las parcelas públicas destinadas a vivienda y resolver en tres meses las licencias de obra nueva y rehabilitación, con silencio administrativo positivo. También plantea unificar trámites para grandes desarrollos residenciales y facilitar la conversión de oficinas y locales en vivienda asequible. pp.es

Vivienda protegida: qué objetivo fija cada programa

El PSOE quiere que al menos una de cada cuatro viviendas nuevas sea pública o tenga protección permanente. Propone desplegar para ello el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo para adquirir vivienda protegida y asequible.

El millón de viviendas que plantea el PP es un objetivo de construcción total. Entre sus medidas para ampliar la oferta asequible figuran permitir vivienda social en suelo dotacional y facilitar el crédito para urbanizar suelo y construir, con recursos del ICO, del Banco Europeo de Inversiones y de fondos europeos y propios.

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¿En qué estado parlamentario se encuentra la nueva Ley del Suelo propuesta por el PP y cuáles son los próximos pasos para su tramitación?

La reforma estatal conocida como Ley del Suelo del PP no llegó a aprobarse: su tramitación había avanzado hasta la fase de enmiendas en el Congreso, pero ha caducado con la disolución de las Cortes para las elecciones del 29 de noviembre. Por tanto, el siguiente paso ya no es cerrar aquel plazo de enmiendas, sino presentar una nueva iniciativa en la próxima legislatura.

Qué propuesta es y hasta dónde había llegado

La denominación formal es Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda. Conviene distinguir dos vías: la iniciativa registrada en el Senado el 31 de enero de 2025, expediente 622/000057, y la presentada posteriormente en el Congreso, expediente 122/000253. Ambas responden al impulso de la reforma estatal, no al proyecto autonómico valenciano que también aparece en las noticias como Ley del Suelo (Demócrata).

La propuesta presentada directamente en el Congreso superó el 21 de abril de 2026 la toma en consideración: la votación por la que la Cámara acepta comenzar a tramitar una proposición de ley. Ese acuerdo no aprobaba sus medidas ni modificaba la legislación vigente; permitía abrir el procedimiento de enmiendas y negociar el texto (Demócrata, 21 de abril).

Las informaciones posteriores seguían situando la reforma sin aprobación definitiva. El 15 de septiembre, constructoras y promotoras reclamaron reactivar su tramitación durante unas comparecencias ante la Comisión de Vivienda del Congreso. No consta en las fuentes consultadas que después se aprobara un dictamen de comisión ni un texto definitivo por ambas cámaras (Demócrata, 15 de septiembre).

Qué cambia con la disolución

El artículo 207 del Reglamento del Congreso dispone que, disuelta la Cámara, quedan caducados los asuntos pendientes, salvo aquellos que constitucionalmente corresponden a la Diputación Permanente. Esta proposición de ley ordinaria no está entre esas excepciones. En consecuencia, no conserva abierta su fase de enmiendas ni puede retomarse automáticamente desde el punto alcanzado: necesita una nueva presentación (Reglamento del Congreso).

Esto permite separar dos situaciones: antes de la disolución, la reforma estaba pendiente y su avance se había demorado; ahora, aquel procedimiento ha terminado sin convertirse en ley. Las medidas propuestas, por tanto, no son aplicables por el mero hecho de haber superado la toma en consideración.

Cuáles serían los próximos pasos

Si vuelve a impulsarse, el recorrido dependerá de quién presente el nuevo texto. Un grupo parlamentario puede registrar otra proposición de ley; el Gobierno puede aprobar y remitir un proyecto de ley, que no necesita esa votación inicial de toma en consideración. Después, el recorrido ordinario sería el siguiente:

  • Presentación y admisión. Publicación del nuevo texto y, si es una proposición del Congreso, toma en consideración por el Pleno.
  • Enmiendas. Apertura del plazo para que los grupos propongan cambios. El plazo ordinario es de quince días hábiles y puede ampliarse.
  • Ponencia y comisión. Un grupo reducido de parlamentarios estudia las enmiendas y redacta un informe; la comisión debate y vota después su dictamen.
  • Aprobación del Congreso. Corresponde al Pleno, salvo que la comisión tenga delegada competencia legislativa plena, que le permite aprobar el texto.
  • Senado y cierre. El Senado puede aprobarlo sin cambios, enmendarlo o vetarlo. Si introduce modificaciones o un veto, decide nuevamente el Congreso; después siguen la sanción, promulgación y publicación en el BOE.

Es un itinerario procedimental, no un calendario aprobado. No consta una fecha de aprobación definitiva para una nueva iniciativa (Reglamento del Congreso).

¿Cuáles son las competencias y funciones principales del Ministerio de Vivienda en España según la legislación vigente?

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es responsable de proponer y ejecutar la política del Gobierno en materia de vivienda, Agenda Urbana, calidad de la edificación y suelo. Sus funciones incluyen diseñar planes de ayudas, impulsar la rehabilitación, desarrollar normativa estatal y coordinar actuaciones con otras administraciones, pero no sustituye las competencias autonómicas y municipales.

Marco normativo principal

La atribución general procede del artículo 14 del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, de reestructuración ministerial. El reparto detallado de funciones entre los órganos del departamento se establece en el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero. Este marco se completa con la legislación sectorial, especialmente la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y la normativa sobre suelo, rehabilitación y edificación.

Funciones principales

  • Acceso a la vivienda y ayudas estatales. Diseña y ejecuta la política estatal de acceso a la vivienda. Elabora propuestas normativas y planes estatales de ayudas a la vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural. Gestiona sus aspectos económicos y financieros dentro de las competencias del departamento y establece convenios con administraciones territoriales y entidades financieras para aplicarlos. Estas funciones aparecen en los artículos 2 y 5 del Real Decreto 208/2024.
  • Rehabilitación y sostenibilidad. Formula, revisa y sigue la planificación estratégica para rehabilitar el parque edificado. Impulsa actuaciones que mejoren la eficiencia energética, la sostenibilidad y la reutilización de edificios. También promueve investigación, innovación, digitalización y calidad constructiva, conforme al artículo 4.
  • Normativa técnica de edificación. Desarrolla las competencias estatales vinculadas a la Ley de Ordenación de la Edificación y mantiene actualizado y difunde el Código Técnico de la Edificación, que recoge exigencias técnicas para los edificios. Asimismo, prepara propuestas para incorporar al derecho español las directivas europeas relacionadas con esta materia.
  • Suelo y políticas urbanas. Elabora propuestas sobre el régimen del suelo, sus valoraciones y las condiciones básicas de igualdad en el acceso a la vivienda. Ejerce las competencias estatales con incidencia urbanística, incluidas las previstas para Ceuta y Melilla, y concierta actuaciones de promoción de suelo público con las administraciones territoriales.
  • Agenda Urbana Española. Desarrolla, aplica, difunde, actualiza y evalúa esta política nacional de desarrollo urbano sostenible. Apoya los planes de acción de otras administraciones, mantiene información urbana, realiza estudios y difunde buenas prácticas, en conexión con la Agenda 2030 y las agendas urbanas internacionales.
  • Arquitectura y patrimonio. Fomenta la arquitectura mediante investigación, premios, bienales y actividades divulgativas. Ejecuta actuaciones de especial interés arquitectónico o patrimonial y participa en la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico, dentro de las atribuciones que le corresponden.
  • Información y evaluación. Recopila y analiza datos para planificar las políticas de vivienda y medir sus resultados. El artículo 6 contempla el inventario del parque público, información sobre vivienda social y presupuestos, y datos de contratos de alquiler para desarrollar el sistema de referencia de precios.

Coordinación y límites

El Ministerio coopera con comunidades autónomas y entidades locales mediante convenios, asistencia técnica y financiación. También representa al departamento ante organismos europeos e internacionales y coordina sus actuaciones con otros ministerios. La Subsecretaría y la Secretaría General Técnica atienden los servicios comunes, el asesoramiento jurídico, la tramitación normativa y la transparencia.

En definitiva, su papel combina regulación estatal, planificación, financiación y cooperación. No tiene una competencia general para aprobar el planeamiento municipal ni para asumir toda la gestión autonómica de vivienda: cada actuación debe respetar el reparto constitucional y legal de competencias.

¿Qué requisitos se exigen para que un contrato de alquiler pueda beneficiarse de la prórroga extraordinaria prevista en el Real Decreto-ley 29/2026?

Para beneficiarse de la prórroga extraordinaria de hasta dos años del Real Decreto-ley 29/2026, el contrato debe ser de vivienda habitual, estar vigente al entrar en vigor la norma y encontrarse en alguno de los supuestos de finalización previstos. Además, el inquilino debe solicitarla y estar al corriente del alquiler, también durante los ocho meses anteriores. La regulación está en la disposición final quinta del texto publicado en el BOE.

Requisitos del contrato y del inquilino
  • Vivienda habitual sujeta a la LAU. Debe tratarse de un arrendamiento de vivienda habitual sometido a la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. Esta disposición no incluye los alquileres de temporada ni los contratos de locales.
  • Contrato vigente. Tiene que estar vigente en la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley. La disposición no establece una fecha de firma concreta adicional: lo determinante es esa vigencia y la finalización del período correspondiente.
  • Finalización de una de las etapas previstas. Debe terminar la prórroga obligatoria del artículo 9.1 de la LAU antes del 31 de diciembre de 2028; o finalizar la prórroga tácita de los artículos 10.1 y 10.2; o terminar la tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil, es decir, la continuación del alquiler tras su vencimiento en las condiciones previstas legalmente.
  • Pagos al día. El arrendatario debe encontrarse al corriente del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. No basta, por tanto, con atender únicamente a la situación de pago del momento de solicitarla.
  • Solicitud del arrendatario. La extensión no opera automáticamente: exige una petición del inquilino. La disposición final quinta no fija un formulario ni un plazo específico de preaviso para esta solicitud.

Conviene leer con precisión el requisito temporal: el texto vincula expresamente la fecha anterior al 31 de diciembre de 2028 a la finalización de la prórroga obligatoria del artículo 9.1. Al mencionar después las otras modalidades de continuación contractual, no repite expresamente ese límite.

Qué no se exige y cuánto dura

Esta prórroga no exige acreditar vulnerabilidad económica o social, ni que el propietario sea un gran tenedor. Tampoco condiciona su aplicación a que la vivienda esté en una zona de mercado residencial tensionado, ni establece un máximo de renta para acceder a ella. No debe confundirse con otras prórrogas reguladas en la LAU que sí tienen requisitos propios.

La extensión se concede por períodos anuales, hasta dos años adicionales. Durante ese tiempo se mantienen los términos y condiciones del contrato vigente. Esta continuidad contractual no debe confundirse con la regulación específica de la actualización anual de la renta, recogida separadamente en la disposición final sexta.

Cuándo puede no aplicarse

El arrendador debe aceptar la solicitud si se cumplen los requisitos, salvo que las partes hayan acordado otras condiciones, hayan suscrito un nuevo contrato o se haya comunicado la necesidad de recuperar la vivienda para el propietario o sus familiares conforme al artículo 9.3 de la LAU.

En este último supuesto debe existir una necesidad real y acreditada. El decreto-ley permite invocarla aunque la recuperación anticipada por necesidad no estuviera expresamente prevista en el contrato, manteniendo la remisión a los plazos y condiciones del citado artículo.

Además, la prórroga no se aplica si ambas partes acuerdan renovar o celebrar un nuevo contrato con una renta al menos un 5 % inferior. Es incompatible con la prórroga del artículo 10.3 de la LAU, que tiene preferencia cuando corresponda.

Finalmente, la disposición transitoria primera conserva, sin nueva comunicación, las solicitudes formuladas válidamente durante la vigencia del Real Decreto-ley 8/2026. Una nueva prórroga posterior deberá ajustarse al régimen del Real Decreto-ley 29/2026.

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¿Qué propone el PSOE para frenar la subida de los precios del alquiler?

Pregunta 1 de 3

¿Cuál es el objetivo de construcción de viviendas que fija el PP en su programa?

Pregunta 2 de 3

¿Qué Real Decreto-ley relacionado con la vivienda sigue actualmente en vigor tras la votación en la Diputación Permanente del Congreso?

Pregunta 3 de 3