La Comisión Europea ha dado el primer paso formal antes de abrir un procedimiento de infracción contra España por los retrasos en la adaptación de su legislación bancaria al nuevo marco comunitario sobre supervisión y fusiones de entidades financieras. Se trata de una advertencia que en el gabinete del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya figuraba entre los expedientes pendientes y que ahora abre un plazo de dos meses para que el Gobierno responda a las observaciones de Bruselas antes de que el asunto pueda escalar hacia la Justicia europea, con el consiguiente riesgo de sanciones económicas.
El hecho de que lo remitido este jueves sea una “carta adicional de emplazamiento” resulta especialmente significativo. Bruselas ya había puesto en alerta a España el pasado verano, pero la entrada en vigor de nuevas disposiciones comunitarias que no han sido transpuestas por el Gobierno ha llevado a la Comisión a ampliar los argumentos jurídicos que sustentan sus objeciones y a reforzar su posición frente a las autoridades españolas.
En concreto, el Ejecutivo comunitario considera que España está incumpliendo varias normas clave del nuevo marco regulatorio europeo, especialmente las derivadas de la Directiva sobre Requisitos de Capital (CRD VI). El objetivo de estas reformas es favorecer una mayor integración financiera dentro de la Unión Europea y facilitar que los bancos puedan fusionarse y operar a escala transfronteriza para crear entidades más sólidas, eficientes y competitivas.
Según la interpretación de Bruselas, las decisiones sobre fusiones bancarias deben basarse exclusivamente en criterios técnicos y prudenciales, como la solvencia de las entidades, la estabilidad financiera o la capacidad de gestión del riesgo. Estos aspectos deben ser evaluados por supervisores independientes, principalmente el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades competentes de supervisión bancaria.
El problema, a juicio de la Comisión, es que la legislación española sigue otorgando al Gobierno, a través del Ministerio de Economía, determinadas competencias para autorizar, condicionar o incluso bloquear operaciones de fusión entre entidades financieras.
El debate sobre el papel de la política en las fusiones bancarias
En términos prácticos, Bruselas está reclamando que la política quede al margen de las decisiones sobre consolidación bancaria y que la última palabra corresponda exclusivamente a los supervisores técnicos. Sin embargo, el Gobierno español se ha mostrado reacio a renunciar por completo a un instrumento que le permite intervenir en operaciones consideradas sensibles desde el punto de vista económico o social.
De hecho, el Ejecutivo incluyó recientemente en su Plan Normativo varios cambios legislativos destinados a adaptar el ordenamiento español a la nueva directiva comunitaria. La reforma afecta a un amplio paquete de normas del sector financiero, entre ellas la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, la Ley de Cooperativas de Crédito, el Real Decreto-Ley del Fondo de Garantía de Depósitos, la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y la Ley de Auditoría de Cuentas.
La Comisión considera, sin embargo, que estos trabajos avanzan con retraso y que España todavía no ha incorporado plenamente a su ordenamiento las exigencias europeas en materia de supervisión prudencial.
En datos
Nadia Calviño: "Europa necesita un proceso de consolidación, no solo en el sector financiero, sino también en el digital y en las telecomunicaciones"
En una entrevita con Demócrata, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, al ser cuestionada por el poder de los gobiernos nacionales en este tipo de operaciones señaló que es "fundamental avanzar en la integración de los mercados de capitales y bancarios y favorecer operaciones transnacionales que permitan contar con un sistema financiero y un mercado de telecomunicaciones y digital verdaderamente europeo". "Cada institución juega su papel en este proceso", concluyo.
La sombra de la opa del BBVA sobre Sabadell
Aunque el expediente tiene un alcance más amplio, resulta imposible desligarlo del precedente reciente de la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Precisamente, el marco legal que Bruselas cuestiona fue el utilizado por el Gobierno durante aquella operación.
En aquel momento, el Ministerio de Economía manifestó públicamente sus reservas respecto a la integración de ambas entidades. Dado que el Ejecutivo carecía de competencias para impedir que los accionistas decidieran libremente vender sus títulos, la actuación gubernamental se centró en el proceso de fusión posterior.
El Consejo de Ministros aprobó entonces una resolución que imponía condiciones especialmente exigentes a la operación. Entre otras medidas, obligaba a mantener a Sabadell como entidad jurídica independiente, preservar su autonomía de gestión y conservar balances separados durante un periodo mínimo de tres años. Asimismo, las condiciones dificultaban la ejecución de algunos de los planes de integración previstos inicialmente por BBVA, incluyendo la racionalización de oficinas duplicadas y determinados ajustes de plantilla que formaban parte de las sinergias habituales en este tipo de operaciones corporativas.
La Moncloa justificó su intervención apelando a la protección de las pequeñas y medianas empresas, la preservación de la competencia y la defensa del empleo.
Un choque con implicaciones para la Unión Bancaria
Fuentes comunitarias sostienen que las medidas españolas son incompatibles con el nuevo marco europeo que regula las fusiones y otros cambios estructurales que afectan a las entidades de crédito.
Desde la perspectiva de Bruselas, las operaciones de consolidación bancaria constituyen una herramienta fundamental para completar la Unión Bancaria Europea, uno de los grandes proyectos de integración económica impulsados tras la crisis financiera de 2008.
La Comisión argumenta que unas entidades más grandes y con presencia transfronteriza favorecen una asignación más eficiente del capital dentro del mercado único y permiten ofrecer productos financieros más competitivos a ciudadanos y empresas. Además, considera que este proceso encaja plenamente con los objetivos de la nueva Unión del Ahorro y la Inversión, una de las prioridades económicas del actual mandato europeo.
Por ello, el Ejecutivo comunitario observa con preocupación cualquier mecanismo nacional que pueda introducir consideraciones políticas adicionales a las evaluaciones estrictamente prudenciales realizadas por los supervisores.
Qué puede ocurrir ahora
Con el envío de esta carta adicional de emplazamiento, España dispone de 60 días para responder a las observaciones formuladas por la Comisión y corregir las deficiencias detectadas.
Bruselas también ha constatado que España no ha cumplido todavía con la obligación de transponer completamente la nueva Directiva sobre Requisitos de Capital, cuyo plazo expiró el pasado 10 de enero. Esta circunstancia amplía el catálogo de incumplimientos bajo examen, aunque el expediente permanece todavía en la fase inicial del procedimiento de infracción.
El proceso contempla aún varias etapas antes de una eventual sanción. Si la respuesta española no resulta satisfactoria, la Comisión podría emitir un dictamen motivado, que constituye el segundo escalón formal del procedimiento. Posteriormente, y solo en caso de persistir el desacuerdo, Bruselas podría elevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En ese escenario, una eventual condena obligaría a España a modificar su legislación y podría derivar en importantes sanciones económicas si el incumplimiento se prolongara en el tiempo.
La respuesta del Gobierno
Tras conocerse la decisión de la Comisión, el Ejecutivo ha insistido en que está trabajando “intensamente” en la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital.
Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que la reforma en preparación recogerá la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial de las fusiones bancarias, sin perjuicio de las competencias que puedan seguir ejerciendo otros organismos reguladores dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Desde el entorno de Carlos Cuerpo también rechazan que se haya producido una escalada formal del procedimiento. Según subrayan, la Comisión no ha abierto un nuevo expediente de infracción relacionado con las fusiones bancarias, sino que ha remitido una comunicación complementaria dentro de un procedimiento ya existente.
No obstante, más allá de las diferencias de interpretación jurídica, el aviso de Bruselas refleja un cuestión que trasciende el caso español: hasta qué punto los gobiernos nacionales deben conservar capacidad de intervención política en operaciones que la Unión Europea considera, cada vez más, una cuestión reservada a los supervisores financieros independientes. Ese pulso entre soberanía económica nacional e integración financiera europea es, precisamente, el que vuelve a aflorar ahora en el enfrentamiento entre Madrid y Bruselas.