La Comisión Europea trata de hacer equilibrios antes de inaugurar una nueva fase en su relación con el gigante asiático. Por un lado, intensifica su presencia en foros diplomáticos en China; por otro, cierra progresivamente el acceso de empresas con origen en Pekín a fondos comunitarios. Ahora, Bruselas ha dado luz verde al veto a determinados dispositivos electrónicos que se utilizan en numerosos sistemas energéticos de proyectos europeos y que, en buena medida, están producidos por el grupo tecnológico Huawei. La decisión marca un nuevo capítulo en la estrategia comunitaria para reducir riesgos en sectores considerados críticos, en un contexto de creciente rivalidad geopolítica y tecnológica.
El movimiento no es menor. Supone un paso más en la política de “reducción de dependencias” que la Unión Europea lleva tiempo diseñando frente a actores considerados de alto riesgo. La transición energética, uno de los pilares del proyecto europeo, se cruza así con la seguridad digital y la soberanía tecnológica, dos ámbitos que han cobrado una relevancia central tras la pandemia, la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la competencia global.
“Nuestra evaluación de riesgos confirmó las amenazas, incluida la manipulación de parámetros eléctricos… lo que en la práctica podría significar un apagón”, expresó este lunes un portavoz de la Comisión Europea, justificando la decisión adoptada en el marco de la Ley de Ciberseguridad, que permite al Ejecutivo elaborar una lista de posibles terceros países de alto riesgo. “Recomendamos a los Estados miembros que excluyan a estas empresas de su infraestructura de conectividad”, sentenció durante la rueda de prensa diaria.
Un riesgo silencioso en el corazón energético
Esta vez, el foco se ha puesto en los dispositivos empleados para transformar la corriente continua, habitualmente generada por los paneles solares, en corriente alterna, que es la utilizada en el consumo doméstico e industrial. Los onduladores eléctricos —también conocidos como inversores— son los encargados de realizar esta conversión, un proceso esencial para que la electricidad generada pueda integrarse en la red y ser utilizada por los consumidores.
Sin estos dispositivos, la transición energética sería inviable. Sin embargo, su creciente digitalización y conexión a internet los convierten también en posibles puntos de entrada para ciberataques. La preocupación de Bruselas radica en que una manipulación remota de estos sistemas podría alterar el funcionamiento de la red eléctrica, generar inestabilidad o, en el peor de los casos, provocar interrupciones en el suministro.
Este tipo de equipos, ahora bajo escrutinio, se emplea tanto en instalaciones solares como en parques eólicos, sistemas de almacenamiento energético —como baterías— e incluso en centros de datos. Tras haber detectado intentos de ciberataque procedentes de actores vinculados a China, Rusia, Corea del Norte o Irán, la Unión Europea ha decidido esta semana dejarlos al margen de proyectos financiados con fondos comunitarios.
El temor es claro: que estos productos acaben sirviendo como una palanca geopolítica para terceros países, capaces de explotar la dependencia tecnológica europea en un contexto de tensiones internacionales crecientes.
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Blindar la cadena de suministro
Durante la presentación de su nueva regulación destinada a reforzar la ciberseguridad del continente, la Comisión Europea ya había advertido de la necesidad de incorporar riesgos vinculados al proveedor en el análisis de las cadenas de suministro. En particular, subrayó la importancia de evaluar la dependencia de actores externos y la posible interferencia extranjera procedente de “terceros países”.
En esta línea, se impulsó una reducción obligatoria de riesgos en redes móviles y sistemas digitales críticos, especialmente en relación con aquellas compañías consideradas de “alto riesgo”. El caso de los onduladores eléctricos amplía ahora este enfoque al ámbito energético, un sector cada vez más digitalizado y, por tanto, más expuesto a amenazas híbridas.
Con la medida anunciada, los proyectos que se beneficien de financiación europea deberán garantizar que cumplen de forma minuciosa con los nuevos parámetros de ciberseguridad del bloque. Aunque Bruselas ha mostrado cierta flexibilidad con las iniciativas ya en marcha, se espera que en 2027 las restricciones estén plenamente en vigor.
Reacción del sector: entre el respaldo y la oportunidad
Desde la industria, la decisión ha sido recibida con una mezcla de respaldo y pragmatismo. Diversos actores consideran que se trata de un paso necesario para “salvaguardar la seguridad energética europea”, al tiempo que subrayan que los fabricantes comunitarios ya cuentan con capacidad suficiente para cubrir la demanda en los distintos segmentos del mercado.
Además, se interpreta como una oportunidad para fortalecer la industria europea y reducir la dependencia de proveedores externos, especialmente en un momento en que la política industrial ha vuelto al centro del debate comunitario.
La medida afecta al conjunto de instrumentos de financiación de la Unión Europea, incluyendo los recursos del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. En consecuencia, estos fondos no podrán destinarse a proyectos energéticos que incorporen equipos procedentes de países considerados de alto riesgo.
“Esta decisión envía un mensaje claro sobre la seguridad de las infraestructuras críticas en Europa. Los inversores son el corazón de toda instalación solar y de almacenamiento de energía y, como dispositivos conectados a internet, representan una puerta de entrada potencial para los ciberataques”, ha señalado el secretario general del Consejo Europeo de Fabricantes Solares, Christoph Podewils.
Un aviso con implicaciones políticas
La decisión tiene también implicaciones directas para varios Estados miembros, entre ellos España, que mantiene contratos en vigor con Huawei en determinados ámbitos tecnológicos. Durante el último trimestre del pasado año, el Ejecutivo comunitario ya emitió un aviso a Madrid por los riesgos asociados a ciertas dependencias en sistemas sensibles, como el almacenamiento de interceptaciones telefónicas.
La Comisión Europea ha identificado en varias ocasiones a empresas como Huawei y ZTE como proveedores con “riesgos significativamente mayores” en comparación con otros actores del mercado 5G. En consecuencia, ha reiterado su compromiso de limitar su acceso a financiación europea y proteger las redes de comunicaciones del continente.
Desde diciembre, Bruselas ha ido endureciendo las condiciones de acceso a sus recursos económicos. El objetivo es impedir que proveedores considerados de alto riesgo se beneficien de programas como Horizonte Europa o el Programa Europa Digital cuando exista la sospecha de que pueden socavar la seguridad económica del bloque.
Diversificación como estrategia
En paralelo, la Unión Europea está explorando fórmulas para incentivar que las empresas de sectores estratégicos diversifiquen sus cadenas de suministro. Una de las opciones sobre la mesa es exigir la presencia de al menos dos proveedores distintos en proyectos críticos, con el fin de reducir la exposición a un único actor dominante.
La lógica es clara: evitar que una dependencia excesiva se convierta en una vulnerabilidad estructural. Esta estrategia, sin embargo, plantea retos en términos de costes, eficiencia y competitividad, especialmente en sectores donde la producción está altamente concentrada a nivel global.
“Las amenazas de ciberseguridad no son simples retos técnicos; se trata de riesgos estratégicos para nuestra democracia, economía y estilo de vida”, advirtió en su momento la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Henna Virkkunen.
Un equilibrio delicado con Pekín
La ofensiva regulatoria de Bruselas se produce en un momento especialmente delicado en las relaciones con China. En apenas dos semanas, la Unión Europea celebrará la segunda conferencia UE-China, un foro que pretende servir de plataforma para un diálogo “independiente, abierto y sin restricciones” sobre el futuro de la relación bilateral.
El encuentro reunirá a funcionarios, académicos, líderes empresariales y expertos geopolíticos, en un intento de mantener abiertos los canales de comunicación pese al endurecimiento de las posiciones. La Unión Europea camina así sobre una fina línea: reforzar su autonomía estratégica sin cerrar la puerta a la cooperación con una de las principales potencias económicas del mundo.
La tensión entre seguridad y apertura, entre protección e interdependencia, define el momento actual de la política europea. Y decisiones como el veto a determinados dispositivos tecnológicos reflejan hasta qué punto Bruselas está dispuesta a priorizar la resiliencia frente a los riesgos emergentes.
En este contexto, el pulso tecnológico con China y la competencia con Estados Unidos seguirán marcando la agenda comunitaria. La transición energética, lejos de ser un proceso puramente técnico, se consolida como un terreno clave en la disputa por el poder global.